Trabajos de mantención, aseo, e incluso dictar clases en organizaciones sin fines de lucro, son algunos de los nuevos "castigos" que tendrán que cumplir aquellas personas condenadas a sanciones menores. Desde el año pasado, Gendarmería se está preparando para poner en funcionamiento estas nuevas penas alternativas que estableció la Ley 20.603 y entre ellas, está la prestación de servicios en beneficio de la comunidad.

Esta pena sustitutiva contempla que los condenados a sanciones menores o iguales a 300 días y aquellos que tengan acceso a sustituir multas, colaboren de forma gratuita donde se necesite colaboración. Sin embargo, esta especie de beneficio no aplicará para condenados por delitos vinculados a la Ley de Drogas.

Según detalló a hoyxhoy Andrea Castillo, jefa del Departamento de Reinserción Social en el Sistema de Gendarmería, poner en marcha esta reforma implicó la contratación de 120 delegados en país, entre sicólogos, sociólogos y profesionales de las ciencias sociales.

Este tipo de penas debería entrar en vigencia el 27 de diciembre, plazo legal en que se cumple el tiempo de vacancia de la ley. En ese período, se han realizado contrataciones, capacitaciones y la compra del equipo para su implementación. Ayer, Gendarmería presentó 41 vehículos para el control de estos servicios en terreno, lo que significó un gasto de $500 millones.

La ayuda que presten los condenados irá destinada a entidades sin fines de lucro y consistirán, por ejemplo, en trabajos colaborativos y de mantención, "e inclusive, según el perfil del nivel de experticia de las personas, podrían desempeñarse haciendo horas de capacitaciones", explicó Castillo. Será el juez quien determinará la cantidad de horas, derivando los casos a Gendarmería, donde un delegado de la institución hará una entrevista para ver las competencias y dificultades de cada persona. Luego, se determinará cuáles son los cupos.

Castillo además reveló que en 2014 se podrían implementar trabajos grupales, por ejemplo, para ir a arreglar una plaza, "pero va a depender de las comunidades". Además, destacó que ya han firmado convenios con instituciones, como el Hogar de Cristo, Un Techo para Chile y la Fundación para la Superación de la Pobreza, y con algunos municipios, como Antofagasta y Ovalle. En Santiago, en tanto, Christian Vittori, vicepresidente de la Asociación de Municipalidades, destacó la iniciativa y contó que incluso en el municipio que él dirige, Maipú, han tenido reuniones con Gendarmería.

Hay 41 nuevos autos para controlar la implementación de las sanciones.

Se han formado convenios con el Hogar de Cristo y Un Techo par Chile, entre otros.

Gendarmería

Instituciones

En el marco del paro anunciado por la Mesa del Sector Público, en demanda de un reajuste del sueldo en un 8,8%, el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), Raúl de la Puente, cifró en más del 90% la adhesión de los servicios públicos, lo que se traduce en cerca de 450 mil los funcionarios que se plegaron a la movilización.

Según De la Puente, entre los organismos que dejaron de funcionar se encuentra la Tesorería General de la República, Instituto de Previsión Social, Impuestos Internos, Aduanas, Dirección del Trabajo, los Servicios de Vivienda y Urbanización (Serviu), además de todos los servicios principales que atienden público. "Lo mismo en los ministerios, porque nosotros agrupamos a ministerios y servicios dependientes, en éstos el paro se está cumpliendo cabalmente", puntualizó el dirigente. Agregó que también cesaron sus funciones los trabajadores de la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipal, entre otros.

Pos su parte, el ministro de Interior, Andrés Chadwick, aseguró que es una "tradición" por parte de la Anef convocar a una paralización cuando se negocia el reajuste del salario. "No ha tenido una mayor repercusión en los servicios públicos, ha sido baja la adhesión en torno al 12% o 14%".

Agregó que la mesa de diálogo se encuentra abierta.

La Superintendencia de Pensiones (SP) multó por cerca de 80 millones de pesos, en contra de cinco AFP, al incurrir en irregularidades en la acreditación de cotizaciones de afiliados de forma electrónica.

Según consignó Emol, en total las sanciones suman UF 3.400 ($78,7 millones), de los cuales Provida y Habitat UF 800 cada una, además Planvital y Modelo deberán pagar UF 400. ($9 millones), finalmente Capital UF 1.000.

Entre los aspectos por los cuales se infraccionó a las empresas, se encuentra, acreditaciones electrónicas fuera de plazo e informadas de forma errónea durante un periodo de tiempo entre los meses de septiembre y noviembre del 2011.