El Presidente Sebastián Piñera insistió ayer en su postura sobre el segmento de tierra en controversia con Perú."Yo estoy convencido de que el triángulo terrestre es chileno por dos razones. En primer lugar por el Tratado de 1929 y las actas de 1930, y los actos y hechos del año 68-69 así lo determinaron", dijo el Mandatario ante medios colombianos durante la Cumbre de la Alianza del Pacífico.

Por esto, el canciller Alfredo Moreno declaró ayer al medio peruano América Noticias, -a raíz de la publicación de un mapa que desconoce los límites terrestres-, que el procedimiento que corresponde en estos casos es enviar una nota de protesta al país vecino. "Obviamente que cuando eso sucede, hay que realizarlo, pero no es que haya alguna cosa en particular hoy día (ayer)". Negando así que ya se haya mandado la misiva, procedimiento que durante la tarde había sido confirmado por Piñera a Cooperativa.

Pacto de Bogotá

Por otro lado, a raíz de las declaraciones de Piñera respecto de evaluar la permanencia de Chile en el Pacto de Bogotá de 1948 -que obliga al país a ir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya-, las reacciones no tardaron.

Así, el diputado PPD, Jorge Tarud, manifestó que valora que se esté evaluando la permanencia de Chile en dicho pacto. El parlamentario declaró que "la mala experiencia que hemos tenido (...) no permite que Chile siga considerándolo (a La Haya)como un tribunal competente para dirimir sobre nuestro territorio". Argumentó además que "esta no será la última demanda de Perú".

Por su parte el senador UDI, Juan Antonio Coloma, dijo que la postura del Presidente es razonable puesto que "es obvio que mantenerse en el Pacto de Bogotá (...) es abrir un flanco grave para la sucesión de demandas que afectan a la soberanía".

Al respecto, el analista internacional, Gabriel Gaspar, explicó a hoyxhoy que "si algo tienen de bueno las derrotas es que uno puede sacar enseñanzas". Por eso, para él, es necesario cuestionar la continuidad en el pacto "pensando a largo plazo". Esto porque Chile deberá enfrentar la demanda por una salida al mar de Bolivia -presentada en 2013- aún cuando se salga del acuerdo, porque éste es válido un año después de retirarse del acuerdo.