Tras las primeras citas de coordinación, ayer el Gobierno decidió ponerle suma urgencia al proyecto de Acuerdo de Vida en Pareja (AVP) y eliminar el decreto creado por la administración anterior que permitía a las empresas terminar los contratos financieros si el cliente no aceptaba cambios en las cláusulas.

El vocero Álvaro Elizalde informó que el proyecto que permite a parejas de igual o diferente sexo tener una relación legal está en primer trámite constitucional en el Senado y "debiera ser votado en los próximos días" para que siga su tramitación en la Cámara de Diputados.

El anuncio fue celebrado por la fundación Iguales y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual. El Movilh espera que se apruebe antes que termine el primer semestre y que considere la tuición de hijos.

El senador PPD Eugenio Tuma dijo que es probable que el proyecto se vote en 15 días.

Para los consumidores

La anulación del Decreto 153, creado por el gobierno de Sebastián Piñera, permitía el consentimiento forzoso de los contratos de productos y servicios financieros para clientes a quienes les cambiaban alguna cláusula del pacto inicial. La medida fue la reacción del Ejecutivo a la polémica por los aumentos de cobros por la aplicación de cláusulas unilaterales.

Cuando se dictó, parlamentarios de la entonces oposición recurrieron al Tribunal Constitucional, que acogió a trámite la denuncia.

El ministro de Economía, Luis Céspedes, aseguró que el decreto afectaba a los consumidores pues "entrega al proveedor la facultad de terminar un contrato vigente si las personas no aceptan el cambio de condiciones".

El presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, Hernán Calderón, celebró el anuncio, pero pidió que esto sea reglamentado a través de una ley y no de un decreto, modalidad que puede ser anunciada y derogada según el gobierno de turno, como ocurrió en esta instancia, dijo.

El personero aseguró en conversación con hoyxhoy que el organismo tiene una propuesta al respecto y que esperan ser invitados cuando la comisión de Hacienda se reúna a tratar el tema. "Si no, pediremos ser invitados, que es lo que se suele hacer como representantes de los consumidores", dijo Calderón.

Quienes no se mostraron tan a favor fue la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), quienes pidieron mantener la normativa, al menos mientras no haya otra que la reemplace.

El secretario general del gremio, Cristián García-Huidobro, dijo que "hemos dicho que es preferible contar con una ley y creemos posible aprobarla en breve, pero mientras ello no ocurra es necesaria la existencia de una norma regulatoria".