Los ministros de Justicia y del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), José Antonio Gómez y Claudia Pascual, acordaron ayer iniciar un programa de trabajo que incluirá legislar sobre el aborto, tal como lo establecía el programa de Gobierno de Michelle Bachelet. La promesa de campaña fue que se despenalizarían aquellos casos en que el embarazo pusiera en peligro la vida de la madre, fuera el resultado de una violación o había inviabilidad del feto.

"Queremos hacer un esfuerzo para que el Parlamento apruebe estos proyectos lo antes posible", dijo Gómez.

La ministra Pascal comentó que analizarán incluso si se necesita una ley para hacer las modificaciones. Eso sí, añadió que antes elaborarán una sobre derechos sexuales y reproductivos. "La idea es que se pueda garantizar tanto a mujeres como hombres la autonomía de sus decisiones y el acceso a una salud sexual y reproductiva", agregó.

El abogado pro-vida y miembro de la fundación Proyecto Esperanza, Jorge Reyes, lamentó el anuncio y advirtió a hoyxhoy que "haremos lo posible por persuadir a la autoridad".

El profesional aseguró que en Chile hoy la tasa de mortalidad de mujeres por abortos es igual a cero, mientras que en México subió a 90 sólo en el primer año en que se aprobó una legislación de ese tipo. Acusó que a nombre de una "ideología, en base a un supuesto derecho", se afecta a la vida del niño y se pone en riesgo a la propia madre. Aseguró que en la fundación atienden a progenitoras que han abortado y quedan con una "infinidad" de secuelas físicas y sicológicas.

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz, calificó como "injurioso" el video promocional de la reforma tributaria que el Gobierno presentó esta semana. En él, se acusa que las críticas sólo buscan proteger "a los poderosos de siempre".

"Es un atentado hacia la sana convivencia y las buenas prácticas que promueve la odiosidad y es injurioso (...) Promueve la división entre los chilenos", dijo el dirigente.

La Moneda justificó el video bajo el argumento de que la UDI y un sector del empresariado han difamado el proyecto y han instalado en la opinión pública que afectará a la clase media. "Eso es falso", insistió ayer el vocero de Gobierno, Álvaro Elizalde.

En la tarde, un grupo de parlamentarios de la Alianza acudió a Contraloría para solicitarle que investigue el financiamiento del video. Elizalde dijo que era "cero".

El presidente de la comisión de Hacienda del Senado, Ricardo Lagos Weber (PPD), dijo que "no es sano un clima de enfrentamiento y yo creo que ha habido una campaña sistemática por intentar destruir y degradar la reforma". Sin embargo, el presidente de la DC, Ignacio Walker, pidió "cuidar el lenguaje".