• IP rechazan dictamen de acabar con pedagogías

    El Consejo que agrupa a los Institutos Profesionales (IP) dice que sus carreras son medidas con la misma vara que las de las universidades.

    Aunque se trata de un dictamen de la Contraloría de la República fechado el 16 de junio, ayer se hizo pública la exigencia que la entidad fiscalizadora le hizo a los Institutos Profesionales (IP) para dejar de impartir las carreras de pedagogía a partir del próximo año. La declarativa responde a una consulta del ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Educación (CNED), algo que a los establecimientos les sorprendió y les provocó un rechazo inmediato.

    Actualmente hay más de 13 mil jóvenes estudiando ese tipo de programas en el país, por ello la Contraloría le pidió a la secretaría de Estado que se haga cargo de echar a andar la disposición, pero que no se debe aplicar a quienes ya lo estén cursando.

    El dictamen sorprendió negativamente a las instituciones que hasta ayer impartían carreras de pedagogía en cuatro años, sin obtener la licenciatura, pero sí con la facultad de realizar clases en el aula.

    José Miguel Huerta, asesor académico del Conifos (consejo que agrupa a los planteles) aseguró que "el dictamen dice que se nos consultó, pero eso no es cierto, es una sorpresa".

    Sobre el rechazo que les produce la exigencia, Huerta dijo que le parece inconsistente que se minimice a las pedagogías de los IP, debido a que institutos y universidades son medidos con la misma vara. "Desde el 2006 las pedagogía y medicina no pueden ser impartidas si no están acreditadas, es decir, un organismo del Estado se encarga que todas tengan un estándar similar", dijo en conversación con hoyxhoy.

    Según el especialista, esta medida, además de ser un error, va a terminar haciendo que los jóvenes (y si se logra la educación gratis, el Estado) gaste más por las carreras de pedagogías, puesto que en las universidades dura cinco años (porque incluye la licenciatura) y suelen ser de un mayor valor.

    Agrega que no existe una base real para decir que la carrera sea mejor en una u otra institución. "En el fondo los egresados de IP no pueden hacer investigación de escritorio, pero sí un gran trabajo en el aula", recapitula Huerta.

    Pasos a seguir

    Lo primero que hará el consejo es solicitar el estudio de derecho para analizar si es rebatible o no. Luego esperan continuar con la información que le han proporcionado al Congreso, pues aseguran que existen argumentos muy equivocados al respecto que incluso hablan de sumar a este dictamen otras carreras como enfermería y kinesiología, entre otras.

    Desde las universidades, la investigadora del CIDE de la U. Alberto Hurtado, Andrea Ruffinelli celebró la moción ya que "permite sustentar desde el plano normativo la decisión fundamental de un país de devolverle a la profesión docente el estatus que le corresponde".

  • Edificio ligado a U. San Sebastián será demolido

    Al menos una parte de él, ya que incumple norma de altura del municipio de Recoleta.

    Un edificio de torres de departamentos, será demolido parcialmente por orden del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC). La construcción pertenece a la Universidad San Sebastián y se encuentra al lado de la sede Bellavista. Esto, porque la obra no cumple con la normativa vigente del municipio respecto de la altura permitida para estos edificios de 25 metros.

    Según consignó The Clinic Online, la decisión fue tomada después de varios meses de consultas al ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y al seremi del rubro, Aldo Ramaciotti. Así, se determinó que la construcción "infringió gravemente la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la Ordenanza General de urbanismo y Construcciones".

    De todas maneras, Jadue aclaró al citado medio que los residentes de la primera torre del edificio y los estudiantes del recinto ubicado al costado, no serán afectados, y enfatizó que "las actuaciones de la municipalidad respetan plenamente a quienes han tomado decisiones actuando de buena fe".

    Defensa comunitaria

    Tras la orden de demolición, la inmobiliaria quedó en una situación complicada, ya que deberá dar una respuesta a quienes pudieron haber comprado departamentos en verde o en blanco en las zonas que serán inhabilitadas.

    "Hemos llegado a la convicción de que nos asiste el deber y el derecho a defender a la comunidad de cualquier proyecto que esté fuera de norma y que atente contra su calidad de vida. Y en este caso, amparados en la ley de Urbanismo y Construcción, hemos optado por ordenar la demolición de todo aquello que se encuentra al margen de estos cuerpos legales", aseguró Jadue.

    Asimismo, se decidió que una cuarta torre que estaba próxima a ser construida en la misma zona, alcance sólo un 20% del proyecto original de la inmobiliaria.

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