• Control "por sospecha" sería sólo en multitudes

    Gobierno impulsa agenda corta por delincuencia y subsecretario Frey aclaró idea de control de identidad. Ministro responde por cacerolazos.

    La sensación de inseguridad que expresa la población, particularmente en el sector oriente de Santiago, llevó a la clase política a presionar por la reactivación de la agenda corta contra la delincuencia, que contiene un paquete de iniciativas, entre ellas una controversial norma que permitiría el control de identidad con detención en ciertas circunstancias, lo que muchos han visto como una "vuelta a la detención por sospecha", usada en el régimen militar y en los primeros años de la democracia, y que según expertos contrariaba los derechos humanos.

    El subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey, aseguró a hoyxhoy que son distintas y que ya se está llegando a un consenso en la Cámara de Diputados sobre las medidas relacionados con bajar la delincuencia y la tarea preventiva de las entidades de seguridad pública.

    "Lo que planteamos es que no sólo tenga que existir la hipótesis de un delito para hacer un control de detención, sino que extenderlo a lugares específicos. No es una detención por sospecha, es sólo ampliar y dar más facultades en ciertos momentos, que tienden a tener más delitos, como lo que hicimos para la ley de derechos y deberes en espectáculos de fútbol. Es decir, donde haya acumulación de personas o mayor oportunidad de delito", explicó.

    El subsecretario añadió que la atribución se dará sólo cuando se cumplan las características de un peligro y no en cualquier circunstancia.

    El proyecto ya fue aprobado por la comisión de Seguridad de la Cámara y se encuentra en la de Legislación y Justicia.

    Penas efectivas

    La llamada agenda corta contempla más iniciativas que apuntan a las consecuencias que tienen quienes cometan ciertos tipo de delito.

    Según Frey, las penas tienen un margen demasiado amplio y buscan, respecto a los ilícitos más recurrentes, como los ataques a la propiedad, delimitarlos y que el juez aplique el rango superior. Todo, a través de un cambio al Código Penal. "Esto hace que la pena no sólo que exista, sino que se aplique", dijo.

    Además se buscará que los reincidentes paguen con cárcel y que se limite, e incluso impida, el acceso a beneficios como la libertad condicional.

    La autoridad contó que ya se iniciaron diferentes operativos de copamiento policial, lo que permite tener focalizado los puntos. Los trabajos son de carácter nacional, de hecho el ministro del Interior, Jorge Burgos, informó que él dirigirá los operativos policiales regionales como una forma de conocer las denuncias y los principales problemas de cada sector.

    Señal al miedo

    El Gobierno reaccionó ayer a los caceroleos de protesta que se produjeron en el sector oriente contra la delincuencia.

    El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, informó que unos 500 efectivos de Carabineros patrullan las calles del sector oriente y occidente de Santiago, mientras que Burgos aseguró que la reacción no es una señal hacia quienes promueven y respaldan las protestas, sino hacia la ciudadanía que tiene una creciente sensación de inseguridad, a pesar de que, según dijo, muchos delitos tienen una baja estadística.

  • En prisión dejan a los detenidos por ataque a PDI

    Las pruebas son guantes con ADN, videos de seguridad y testimonios de testigos.

    En prisión preventiva quedaron los cinco jóvenes imputados por el ataque incendiario al cuartel de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) ubicado en calle Condell, en Providencia, ocurrido en noviembre del año pasado y que terminó con tres funcionarios heridos por las llamas.

    Se trata de Manuel Espinosa Espinosa, Víctor Zúñiga Quijada, Felipe Román Toledo, Natalia Alvarado y María Paz Vera Urra, imputados por los delitos de incendio en lugar habitado y porte de artefacto explosivo incendiario.

    Dos de ellos son estudiantes de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y otro es ex alumno de la misma institución, mientras que los dos restantes pertenecen a la Arcis y a la Usach.

    El Ministerio Público entregó en la formalización distintos antecedentes y pruebas, que se basan en exámenes de ADN que vinculan a los formalizados con el ataque al cuartel, con material genético en los guantes abandonados en el lugar. Entre las pruebas hay videos de seguridad del lugar, testimonios de 70 testigos, análisis a los celulares y tráfico de llamadas. En el caso hay una querella por la Ley de Seguridad del Estado, interpuesta por el Gobierno. Se dio un plazo de investigación de 45 días para determinar la participación de los involucrados en el hecho.

  • Un arenero murió aplastado por una roca de 500 kilos

    Una persona de unos 50 años falleció ayer a las 11.00 horas, cuando le cayó encima una roca de unos 500 kilos en la faena en que trabajaba, en el sector Las Cucharas, en Viña del Mar. La víctima se desempeñaba como arenero. Uno de sus compañeros era su hermano, quien al ver lo ocurrido destruyó la piedra para liberarlo, pero su familiar ya estaba fallecido.

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