El conflicto entre el Gobierno y los funcionarios del Registro Civil, quienes se encuentran en paro hace 37 días, no parece estar cerca de solucionarse pese a diversos diálogos, negociaciones y propuestas financieras del Ejecutivo, de las cuales la tercera fue rechazada de manera unánime ayer por los trabajadores de todas las regiones del país, quienes la catalogaron, como a las anteriores, de "insuficiente".

La situación llevó en la tarde de ayer a la Presidenta Michelle Bachelet a pronunciarse por primera vez sobre la paralización.

"El Gobierno ha hablado lo suficiente y espero que se resuelva... en eso estamos trabajando, porque la gente no merece pasar lo que está pasando", dijo en La Moneda.

El infértil panorama ha desatado un creciente descontento ciudadano por los trámites atrasados y las enormes filas para conseguir documentos, lo que ha traído ataques contra representantes del Gobierno y los trabajadores movilizados.

Ayer una ciudadana impaciente por conseguir un pasaporte amenazó al director del Registro Civil, Luis Acevedo, afuera de la oficina de calle Catedral. "Pierdo mi pasaje a Estados Unidos y te voy a dejarte la cagá (sic)", dijo la mujer al funcionario público. El hecho puntual se suma a las múltiples amenazas y ataques recibidos por la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil, Nelly Díaz, quien incluso ha afirmado que tiene amenazas de muerte.

Inicio de descuentos

Ante situaciones de este tipo, las autoridades optaron por radicalizar su postura.

Así, con el objetivo de hacer efectivos los descuentos en los sueldos de los funcionarios que se encuentran en paro, la ministra de Justicia, Javiera Blanco, le solicitó al director Luis Acevedo una lista en que se mencionen todas las oficinas a lo largo del país -incluidos los nombres de sus funcionarios- que han dejado de trabajar por la huelga.

Asimismo, y para acreditar el incumplimiento de funciones, pese a que los trabajadores hayan marcado tarjeta, se solicitarán declaraciones de fiscales ad hoc que desde el 14 de octubre se han dedicado a tomar 25 declaraciones diariamente en distintas regiones del país.

El documento se enviará a Contraloría para hacer valer el dictamen que establece que se deben aplicar descuentos "no sólo cuando el incumplimiento de las labores figura en el pertinente registro de asistencia, sino también cuando -para efectos remuneratorios- se cuente con cualquier otro medio, antecedente o elemento de juicio que sirva para comprobar objetivamente que no se han desarrollado las funciones para las cuales fueron nombrados o contratados los servicios", según reza el texto del fiscalizador.

Ayer comenzó a sesionar la segunda comisión investigadora por el caso Caval, sociedad perteneciente a la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon. Su presidente volverá a ser el diputado DC Gabriel Silber y entre sus integrantes está el PS Osvaldo Andrade, que no respaldó la extensión por 30 días de la anterior. Felipe Ward (UDI) dijo que la decisión socialista era "curiosa". Juan Luis Castro afirmó que buscarán aclarar la relación del socio de Caval, Mauricio Valero, con Saydex (que tuvo negocios con el Estado en tecnología médica); el borrado del computador del hijo de la Presidenta, Sebastián Dávalos; y un intento por cobrar una deuda de la sociedad en La Moneda.

Por primera vez desde que se le investiga por su presunta relación en el caso SQM, ayer declaró en la fiscalía por más de dos horas el ex presidente de la UDI, Jovino Novoa. El ex senador se había acogido en dos ocasiones a su derecho a guardar silencio en la indagatoria que involucra el uso de facturas ideológicamente falsas y el financiamiento de campañas. Tras Novoa, también concurrió a la fiscalía el ex jefe de campaña del ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominani, Cristián Wagner, quien por segunda vez se acogió a su derecho de mantenerse sin referirse al caso. El periodista es indagado por pagos por $362 millones.

El ministro del Interior y Seguridad Pública, Jorge Burgos, anunció ayer que el Gobierno le pondrá discusión inmediata al proyecto de ley de agenda corta antidelincuencia, que eleva las penas y aumenta las atribuciones a las policías, incluida un control de identidad que permite la detención en casos puntuales por no portar la cédula de identidad. "Como salió de la Cámara, a nosotros nos parece que es un buen proyecto, colaborativo en la lucha contra la delincuencia", explicó ayer el secretario de Estado. El proyecto ahora debe ser discutido en el Senado, donde podría votarse en sala la próxima semana.