Nicole Otazo C.

El Juzgado de Garantía de Pozo Almonte sentenció ayer por todos los delitos a los nueve bolivianos detenidos el 20 de marzo por ingresar a Chile.

En un juicio abrevado, la jueza Isabel Peña estableció que estos se cometieron en territorio nacional y condenó a los militares y aduaneros por robo con violencia e intimidación, y contrabando. Dos fueron acusados de porte ilegal de armas.

A los nueve los sentenció a 3 años y 1 día de presidio, más una multa de $32 millones. A dos les sumó 3 años y un día por estar armados. Las penas fueron conmutadas por la expulsión del país. Siete de los condenados no podrán ingresar a territorio chileno en 10 años. Los dos militares no podrán hacerlo en 20.

Los sentenciados deberán dejar el país dentro de 30 días (escoltados por la PDI), mismo periodo que tienen para pagar la multa impuesta. En tanto, según el veredicto, si vuelven a entrar en esos plazos deberán cumplir la condena en suelo nacional y privados de libertad.

Bolivia siempre defendió la inocencia de sus compatriotas, que aseguraban que estaban evitando un acto de contrabando en su país. Antes de la sentencia, el Presidente Evo Morales tuiteó que una condena era "una injusticia que obedece a la soberbia de algunas autoridades de Chile".

Tras conocer las penas, el ministro de Defensa boliviano, Reymi Ferreira, acusó a la justicia chilena de supeditarse a La Moneda. "La Presidenta (Michelle Bachelet) a los pocos días del incidente (...) calificó los delitos", dijo.

El fiscal Hardy Torres se declaró "satisfecho" porque la conducta de los bolivianos no se condijo con la de un funcionario del Estado.

El ministro Ferreira anunció que interpondrán un recurso ante la OEA. En tanto el Presidente Evo Morales señaló que "el fallo es una represalia porque demandamos a Chile ante La Haya", a través de su cuenta de Twitter.

los detenidos eran funcionarios de la aduana y de fuerzas armadas del país vecino.

5 días tiene la defensa para apelar la sentencia del Juzgado de Garantía de Pozo Almonte.

Una de las seis sondas que perfora la mina Delia II, en Chile Chico, llegó la tarde de ayer al refugio donde se sospecha que estarían José Sánchez (26) y Enrique Ojeda (34), atrapados hace 12 días al anegarse el yacimiento aurífero con agua de la Laguna Verde. El geólogo a cargo de la búsqueda, Felipe Matthew, informó que el lugar "está con un nivel importante de lodo, específicamente la zona del refugio donde esperábamos que pudiesen estar los trabajadores". Con ello las opciones de hallarlos con vida eran casi nulas, lo que una sexta sonda, enviada durante la tarde, terminó de confirmarse. "Esta situación no es fácil. ¿Posibilidades de vida? Yo creo que es obvio, es una posibilidad descartada", dijo Matthew tras los nuevos resultados. El seremi de Gobierno de Aysén, Jorge Díaz Guzmán, aseguró que el Ejecutivo no cesará en la misión, manteniendo las unidades del Estado y Fuerzas Armadas desplegadas.

La Defensoría Penal Pública criticó los dichos del defensor de Mauricio Ortega, Ricardo Flores, quien en la audiencia para solicitar la nulidad del juicio por la agresión en contra de Nabila Rifo dijo que, desde el punto de vista de la condena, "habría sido más barato haberla matado que simplemente haberla dejado viva". La entidad dijo que no se condicen con la "política ni labor institucional" y "distraen el foco del caso". El 11 de julio la Corte Suprema anunciará su determinación.

Formalizada por los delitos de lesiones graves gravísimas y fugarse del lugar del accidente sin prestar ayuda quedó María Eugenia Viteri, la conductora de 67 años sospechosa de manejar el furgón escolar que atropelló a una niña de 7 años el lunes en Ñuñoa, quien permanece en coma inducido en la Clínica Alemana. El tribunal la dejó en libertad por su irreprochable conducta anterior y porque arriesga una pena de 61 días hasta 3 años.