Diego Gotelli C.

Casi dos semanas han pasado desde el crítico sábado 15, día que la capital amaneció nevada y con más de 300 mil sitios sin suministro eléctrico. Pese al tiempo transcurrido, el episodio está lejos de acabar para los municipios, ya que doce de ellos están trabajando en procesos judiciales contra la eléctrica Enel.

Con 1.100 firmas recolectadas, ayer autoridades de Ñuñoa ingresaron al Poder Judicial una demanda colectiva por los perjuicios sufridos por sus vecinos durante el episodio. La misma vía seguirá mañana Recoleta, corporación que ayer cerró su recepción de casos y el viernes pondrá la demanda en representación de unas 80 personas. La Granja, por su parte, hará lo propio antes que termine la semana con sus 300 casos recolectados.

El proceso más masivo lo registró Las Condes, cuyo alcalde Joaquín Lavín llegó el martes a tribunales con 2.715 firmas. La corporación, además, dijo que le cobrará $1.941.905 a la eléctrica por el alojamiento de 25 personas en hoteles, quienes habrían estado hasta cinco días sin luz. La idea municipal es descontarlo de la cuenta de la luminaria pública.

Ayer, en tanto, se declaró admisible la demanda que presentó Lo Barnechea el 18 de julio. Aquella vez reunieron 700 firmas. "Es un primer paso en la defensa de nuestros vecinos que fueron lejos los más afectados durante la emergencia", dijo el alcalde Felipe Guevara.

Providencia, comuna que recolectó más de 1.200 firmas, buscó una vía alternativa junto al Sernac, misma decisión por la que optó Macul con sus 550 casos.

Junto a ellos los municipios de La Reina, Vitacura, Peñalolén, Estación Central y Cerrillos también han reunido firmas. Entre todos la cantidad de adscritos supera las seis mil personas.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles, por su parte, notificó a Enel y CGE que deben informar al organismo sus planes de acción concretos para enfrentar emergencias. Para ello, las empresas tendrán hasta esta tarde para emitir el informe. "Queremos conocer los elementos, tanto técnicos como humanos que permitan reforzar y mejorar la manera en que han gestionado las contingencias y, de esta manera, evaluar desde la autoridad si son suficientes o no", explicó el superintendente Luis Ávila.

Consultado por este medio, desde Enel Distribución afirmaron que cumplirán con los plazos impuestos por la SEC, mientras que respecto a los procesos judiciales afirmaron que "una vez notificados se evalúan y responden por las vías correspondientes".

último día Hoy vence el plazo para que las eléctricas informen planes preventivos a la SEC.

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La inmobiliaria Presidente Riesco lamentó la decisión de la Contraloría General de la República, que al tomar razón el martes de la declaración de Monumento Nacional de la Villa San Luis de Las Condes validó la legalidad de preservar una parte del terreno situado frente al Parque Araucano como homenaje al proyecto social de 1972, que se truncó el '76 con el desalojo de más de mil familias.

Según dijo a radio Cooperativa el gerente general de la compañía, Luis Felipe Gilabert, Contraloría "no ha velado por la correcta aplicación" de la norma, pues no les consultó sobre la determinación que tomó el Consejo de Monumentos Nacionales.

El ejecutivo acusó que la decisión se adoptó por "ideología" y advirtió que recurrirá a tribunales para frenarla. Recordó que el sitio fue vendido por el propio fisco y que tienen todos los permisos para levantar sus seis torres de 19 pisos de altura.

El terreno situado en avenida Presidente Riesco tiene una tasación comercial de unos US$100 millones, de las más altas de la zona oriente. En los '70 ahí un proyecto social del gobierno de Salvador Allende construyó departamentos para 1.038 familias. El Ejército las desalojó a mediados de esa década y usó los inmuebles hasta 1996.

El vocero del movimiento que promovió la protección de parte de la villa, Jaime Díaz, se declaró en "alerta" porque, según él, hasta que la declaración no aparezca en el Diario Oficial la firma puede demoler lo que queda de los edificios, ya que cuenta con los permisos municipales para realizarlo.

Miembros de la entidad estuvieron ayer en el lugar.

Leo Riquelme

El Ministerio de Transportes aseguró ayer que la evasión en el pago del pasaje del Transantiago llegó al 30,3% entre abril y junio. La cifra se ubica dentro del rango de meta que se había fijado el Gobierno hace unos meses para bajar la elusión en el primer semestre, luego que en diciembre del 2016 llegara a un histórico 34,6%.

"Vamos por el camino correcto, es una noticia alentadora, pero no nos debemos conformar", dijo la ministra Paola Tapia.

En abril la autoridad anunció un plan antievasión basado en un aumento de los fiscalizadores del ministerio, de las operadoras y con Carabineros, que incluso duplicó el personal destinado a estos operativos mensuales.

La iniciativa aumentó también el uso de torniquetes y de zonas pagas, "que el anterior ministro (Andrés Gómez-Lobo) había eliminado", recordó ayer en CNN Chile el ex coordinador del Transantiago durante el gobierno pasado, Raimundo Cruzat.

El académico añadió que la "ministra Tapia lo ha hecho bien" en este sentido, al nombrar un equipo especial y realizar acciones concretas.

unos 600 torniquetes quedan por instalar en las micros de los 1.200 comprometidos en abril. Plan incluye 53 zonas pagas.

al 31,4% llegó la evasión a marzo. Según el Gobierno, le cuesta al sistema US$200 millones.

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