Leo Riquelme

A 15 días de que el Gobierno le ordenara su regreso de vacaciones y que agilizara el sumario por la presunta manipulación de pruebas en la Operación Huracán, el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, dio de baja ayer a tres oficiales por sus responsabilidades administrativas en la causa relacionada con la quema de camiones en La Araucanía.

Además, terminó el contrato con Alex Smith, el ingeniero forestal que creó la aplicación Antorcha, que supuestamente capturó información de los celulares de los comuneros detenidos el 23 de septiembre. La efectividad del sistema es cuestionada por peritajes de la fiscalía, la PDI y externos. La sospecha es que las pruebas se implantaron.

Los desafectados son el general y ex jefe de Inteligencia en La Araucanía, Marcelo Teuber; el jefe de Inteligencia de la Prefectura de Cautín, mayor Patricio Marín; y el capitán y miembro de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada, Leonardo Osses. Según Ciper, éste le envió un correo a Smith después de la detención con un texto que apareció luego en celulares de los apresados.

Villalobos dijo que tomó la decisión para "dar transparencia y objetividad a la investigación". Sin embargo, no detalló las razones y afirmó que la "verdad judicial" revelará si hubo delitos. La Fiscalía Nacional declinó comentar la determinación.

Rodrigo Román, defensor de uno de los imputados de la operación, Héctor Llaitul, acusó que la responsabilidad del "montaje" es del alto mando policial y de la Subsecretaría de la Prevención del Delito. "Ojalá no se corte el hilo por lo más delgado", comentó.

Sergio Díaz, abogado de Mónica Palma, la funcionaria de la fiscalía acusada por carabineros de filtrar información a los comuneros, dijo a CNN Chile que "evidentemente" Villalobos llegó al convencimiento de que "hubo faltas graves en el ejercicio de sus funciones".

En tanto, la defensa de los siete uniformados investigados negó ilícitos y ayer consiguió que el juzgado de garantía de Temuco aceptara que estos declaren en marzo ante el tribunal, en lo que se entiende como una señal de la desconfianza que tienen sobre la fiscalía y la PDI.

Aunque el grupo ya declaró ante fiscales, para la abogada Maritza Navarrete hacerlo ante un tribunal garantizará la grabación del audio y permite que el juez aprecie "si la persona está mintiendo, si se está contradiciendo", añadió.

No obstante, el abogado del Ministerio del Interior, Matías Moya, dijo a T13 que la revisión de informes de Carabineros detectó "situaciones anómalas, por lo que es posible que exista falsificación de los documentos y, por lo tanto, obstrucción a la justicia".

Diego Gotelli C.

Con una mezcla de alegría y enfado en sus rostros llegaron ayer al Aeropuerto de Santiago los 139 pasajeros de la aerolínea LAW que desde hace cinco días estaban varados en República Dominicana, a la espera de un vuelo.

El arribo se concretó a las 8:45 horas, y entre los abrazos con sus familias los afectados no ocultaron sus quejas con la firma. "Estuvimos cinco días botados", alegó un pasajero. "La empresa desapareció", criticó otra usuaria. Una mujer incluso afirmó que estuvo cerca de agotar su medicina para su cáncer.

La empresa aludida manifestó en un comunicado que lamentaba los problemas y que agradecía la comprensión. En el mismo dio por "regularizada" la "contingencia" en República Dominicana y enfatizó que los afectados "estuvieron debidamente protegidos en hoteles y con pensión completa".

A su vez, en la tarde se regularizó los vuelos Santiago - Lima, ruta que también tuvo problemas esta semana. Pese a que unos pasajeros acusaron reprogramaciones, dos vuelos (16:45 y 18:00 horas) salieron sin problemas.

Consultada por posibles acciones contra la empresa, la ministra de Transportes, Paola Tapia, dijo que su cartera no tiene competencias para fiscalizarla. "Hoy la regulación del transporte aéreo pasa por las condiciones de seguridad y otras que regula la Dirección de Aeronáutica Civil (...) Nosotros observamos la situación e informamos al Sernac para que se puedan adoptar las medidas correspondientes", señaló.

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, desafió ayer la decisión del gobierno peruano de declararlo "no bienvenido" a la Cumbre de las Américas, que se realizará en Lima en abril, donde tampoco lo quieren otros 11 países que suscribieron su rechazo a la participación de un Mandatario que, según ellos, no respeta el orden democrático.

"¿Me tienen miedo? ¿No me quieren ver en Lima? Me van a ver, porque llueva, truene o relampagueé, por aire, tierra o mar llegaré a la Cumbre de las Américas con la verdad", dijo en conferencia de prensa.

Maduro afirmó que el miércoles recibió la carta del Presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski. Agregó que quieren hacer con él lo mismo que hicieron "con la hermana Cuba".

Ante la amenaza, la presidenta del Consejo de Ministros peruano, Mercedes Aráoz, advirtió que Maduro "no puede entrar ni al cielo peruano, porque no está siendo bienvenido (…) Tiene que entender que en el Perú no lo queremos recibir".

Uno de los jueces del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, Ruddy Flores, dejó su puesto para asumir un cargo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, según denunció ayer la prensa local. La decisión causa polémica, porque Flores fue uno de los magistrados que votó a favor de permitir la repostulación del Presidente Evo Morales, a pesar de que un referéndum convocado por el Gobierno lo había rechazado el 2016. "Esta es una prueba de la asquerosa relación política entre las máximas autoridades de la justicia en Bolivia y el gobierno", dijo el diputado opositor Tomás Monasterio. Flores fue hasta 2011 director general de Asuntos Jurídicos de la Cancillería y la prensa afirma que volverá a ocupar dicho cargo. "Esto es un premio que le dan por haber fallado a favor del Presidente y en contra de la Constitución Política y del voto del pueblo", agregó el senador opositor Yerko Nuñez. El gobierno no se había referido hasta anoche al caso.