Deborah Moreno G.

El alcalde de Renca, Claudio Castro; el ministro de Salud, Emilio Santelices; el director del servicio Metropolitano Oriente, Francisco Miranda; y funcionarios presentaron una querella en contra de Roberto Agüero y Juan Manuel Cartagena, imputados por causar graves daños en el Cesfam en Renca.

Según los denunciantes, el martes ambos comenzaron una discusión con el chofer de un bus del Transantiago. La situación subió de tono y uno de ellos rompió una de las ventanas de la micro con su mano. Al constatar que su mano estaba herida, los dos fueron al consultorio más cercano.

Testigos contaron que cuando llegaron al centro asistencial exigieron que los atendieran a la brevedad.

A esa hora el Centro de Salud Familiar se encontraba a su máxima capacidad, por lo que los funcionarios les dijeron que debían esperar. La respuesta los indignó y comenzaron a romper mamparas y silla. Además, agredieron a trabajadores y a un paciente del consultorio, y amenazaron con un trozo de vidrio al director de éste.

En medio del incidente testigos llamaron a carabineros, quienes llegaron y detuvieron a los agresores. Testigos afirmaron que estaban como "idos".

Finalmente, el sujeto herido no puedo ser atendido. Ayer ambos fueron formalizados y el tribunal los dejó con prohibición d acercarse al Cesfam y a las víctimas.

El alcalde Claudio Castro aseguró que lo vivido es un hecho aislado, pero que no aceptará ningún tipo de violencia. Hace un tiempo ya habían implementado nuevas condiciones de seguridad con el apoyo de Carabineros, lo que incluyó un aumento de guardias tanto dentro como fuera del recinto y la instalación de cámaras. Éstas registraron el incidente.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, dijo que este tipo de medidas las quieren replicar en todas las comunas y anunció que próximamente el gobierno anunciará un proyecto para agravar las penas para quienes atenten o amenacen a funcionarios públicos.

De cara a un nuevo fin de semana largo, esta vez por la conmemoración del Encuentro de Dos Mundos, el Ministerio de Obras Públicas dio a conocer su plan de contingencia para las carreteras capitalinas, dado que se espera la salida de 362 mil vehículos desde la región.

"Esta situación la vamos a ver en forma creciente de aquí en adelante, porque desde agosto se ha incrementado en 350 mil nuevos vehículos el parque vehicular", señaló el subsecretario del ramo, Lucas Palacios.

El plan incluye medidas principalmente para la Ruta 68 ,donde para la salida del sábado se ampliarán a tres las pistas hacia la costa entre el Enlace Costanera y Lo Prado, desde las 9:00 horas hasta que baje el tráfico; y se rebajará el peaje a $1.000 de 8:00 a 11:00 horas.

El "Peaje a Luca" también regirá en la Ruta 5 Sur en el mismo horario, mientras que en la 5 Norte el Túnel Melón será unidireccional si se supera la capacidad de 1.200 vehículos por hora por sentido. La supervisión de ello estará a cargo de Carabineros.

Para el retorno del lunes, el peaje rebajado regirá en las mismas rutas de 8 a 15 horas, y el túnel repetirá la medida. También habrá ampliaciones de pistas en la 5 Sur y la 68, y se sumará un aumento de carriles en la Ruta 78.

para salir el viernes debería hacerlo antes de las

3.500 fiscalizaciones 21 horas, cuando se alcance el peak de salidas en Angostura. En Lo Prado sería a las 18 hrs.

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, manifestó su disconformidad ante el rechazo de la comisión de Constitución del Senado al proyecto de ley Aula Segura, que busca agilizar las expulsiones a los estudiantes involucrados en hechos de violencia grave.

"En cualquier colegio privado, donde seguramente esos legisladores tienen a sus niños, frente a un hecho de violencia extrema los expulsan de inmediato y aquí en los colegios públicos estamos amarrados en unos procesos que son sumamente largos, garantistas", declaró a radio Universo.

Alessandri sugirió a los legisladores que conozcan las realidades que enfrentan docentes y directores que fueron agredidos en los establecimientos. "Lo que buscamos es tener una herramienta eficaz para poder impartir justicia y normalizar el sistema educativo", afirmó.

La comisión rechazó el proyecto por considerar que no respetaba el debido proceso, pues junto con abrir el proceso expulsaba al acusado. Alessandri dijo que junto a eso deben garantizar la tranquilidad del resto de la comunidad, tal como dijo la ministra de Educación, Marcela Cubillos.

Ayer el proyecto siguió su tramitación en la comisión de Educación, donde el gobierno materializó su anuncio de ampliar a dos días el plazo para abrir un proceso de expulsión, en el cual el alumno involucrado no podría asistir a clases.