Leo Riquelme

La práctica profesional y una reunión en la facultad tenían el martes falto de energía a César Soto, estudiante de Pedagogía en Inglés de la U. de Concepción. Tenía hambre, por lo que aceptó la invitación de una compañera para ir a comprar unos completos en un carrito que se instala en calle Edmundo Larenas, al lado del edificio. La oferta era de dos por $1.500.

Compraron, caminaron, ella tenía mucho apetito y se lo comió muy rápido . Él fue más lento y eso le salió caro.

"Ya me había comido casi la mitad cuando me habla un inspector, que me dice que me tiene que dejar citado al juzgado para que vaya a declarar por lo del completo en la calle. No entendía nada, sentí sorpresa, rabia y también risa, porque fue bien tragicómico", contó.

Añadió que al rato vio a otro estudiante comiéndose uno y también venía con el papel. Al igual que él, había sido citado al primer juzgado de policía local.

Soto subió el parte a Twitter. En él se lee que la infracción fue por "efectuar actividad comercial no autorizada en bien nacional de uso público". En las observaciones el fiscalizador precisó que fue por la "compra de completos en comercio ambulante".

El director de protección civil del municipio de Concepción, Cristián Olivares, explicó que una ordenanza municipal de 2016 sanciona a quienes compran a vendedores ilegales.

"El inspector sanciona a las personas que ve", dijo para explicar porqué se sancionó a Soto y no a su amiga.

"Los carros que tienen autorización tienen su permiso visible (...) Nosotros hacemos distintivos y, por lo tanto, la comunidad tiene que ser responsable y ver dónde compra (...) El foco no está en el completo, sino en la fiscalización al comercio ilegal", aclaró el funcionario.

El sancionado quedó citado al juzgado para el martes, pero afirmó que acudiría hoy porque la próxima semana está imposibilitado por las obligaciones de su práctica profesional. Ahí intentará que el juez le rebaje la multa, dado que la ordenanza establece que va de 1 a 3 UTM, es decir, entre $48.016 y $144.048. Todo, por dos completos de $1.500.

en la facultad bromean y dicen que harán una "completada bailable" para ayudar a pagar la multa.

el fiscalizador estacionó el vehículo municipal en una zona no permitida, según denunció el afectado con fotos en Twitter.

La diputada del Partido Humanista, Pamela Jiles, criticó la sanción que le fijó la Contraloría a la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga (pro UDI), por realizar con recursos fiscales el #KikiChallenge, como se llama el desafío que consiste en bajarse de un auto en movimiento y bailar, mientras alguien lo graba. Para la parlamentaria, el castigo del 10% de su sueldo es "exagerado y desproporcionado".

"Veintitrés segundos de un baile, ¿vale la pena este grado de preocupación de la Contraloría en circunstancias que estamos en un país que nos roban a manos llenas los políticos?", se preguntó.

"Cada vez que una mujer se destaca en política y, digámoslo, la alcaldesa va como avión, aparece un repentino acuerdo patriarcal para cerrarle el paso... ¡qué curioso! Creo que hay que reflexionar sobre eso y la capacidad de la alcaldesa para comunicarse con el pueblo", agregó.

"Me parece que si bien valido la obligación que tenemos los parlamentarios para fiscalizar, me parece que aquí lo que hay de fondo es un acuerdo patriarcal para cerrarle el paso a una mujer que se ha destacado en política y que, probablemente, podría ser una candidata presidencial", sentenció Jiles.

La denuncia la hizo el diputado Pablo Vidal, militante de Revolución Democrática, parte del Frente Amplio, que integra el PH. Por Twitter, comentó que la función fiscalizadora de los recursos públicos es una de las tareas más importantes que tiene un parlamentario.

"Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, vamos a fiscalizar sin importar el color político, porque lo que nos importa es que los recursos públicos estén al servicio de nuestros vecinos", añadió.

Por la misma red, Contraloría lo refrendó: "Parte del rol de los parlamentarios y concejales es fiscalizar el uso de los recursos públicos, y nuestro rol es investigar las denuncias de éstos, sean del color político que sean".

En medio de este debate, Barriga enfrentó ayer en el concejo una protesta de estudiantes, que criticaron que se destinaran $55 millones de un fondo de educación para elaborar peluches de dos de símbolos del municipio.

Peritos de la Brigada de Homicidios de la PDI llegaron a un edificio de calle Hipódromo Chile, en Independencia, para indagar la muerte de una niña venezolana de 12 años que cayó en la madrugada de ayer desde su departamento, ubicado en el piso 23.

Vecinos del sector afirmaron que la menor estaba en compañía de su hermana de 7 años y que habría llegado llorando del colegio, por lo que se baraja la opción de un posible suicidio por bullying escolar, teoría que desde el municipio de Conchalí, comuna donde estudiaba la niña, desmienten.

"Ella no registraba ninguna situación (de asedio). El encargado de convivencia también nos habría señalado lo sucedido o su directora. Nosotros seríamos los primeros en saberlo", afirmó la directora de educación municipal, Carolina Bello.

Al salir del Servicio Médico Legal, el padre de la menor dijo no saber cómo ocurrió el fallecimiento de su hija, pero confía en la investigación. "Esperemos que den con algún culpable que pueda esclarecer el tema", señaló.