Debido al terremoto de 2010, el edificio ubicado en la calle Abate Molina #601, de la comuna de Santiago, sufrió daños que se agravaron por el estado de deterioro, obsolescencia y antigüedad en la que se encontraba el inmueble.

A partir de ese hecho, la Municipalidad de Santiago (dueña del inmueble) en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) decidieron, por primera vez, reconstruir el edifico histórico, para, posteriormente, alquilarlo como vivienda social.

"El bienestar y calidad de vida de nuestros vecinos en los barrios de Santiago ha sido y será nuestra prioridad. En ese sentido, esta alianza estratégica con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo representa un aporte fundamental para construir, mejorar y recuperar nuestro entorno, con la participación y compromiso de la comunidad, que es capaz de organizarse para vivir mejor", destacó el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri.

El edificio, que externamente ya fue reconstruido, iniciará pronto un proceso para habilitar su interior; dos plantas que incluyen 21 departamentos, una sala para la administración y dos locales comerciales.

El llamado a la licitación pública para construir el interior del edificio será durante el primer semestre del 2020, y, en el segundo semestre, se iniciarán las obras. Se estima que se demorarán 12 meses en esa construcción, es decir que los departamentos estarán habitables en el 2021.

Para postular al beneficio, se debe cumplir con los requisitos exigidos por el programa de Arriendo del Minvu.

Familias hidratándose mediante camiones aljibes, iniciativas pilotos para convertir el aire en agua potable, y sectores sin suministro hídrico son parte de los efectos causados por la sequía en las zonas rurales de la RM, una situación crítica que las autoridades aún trabajan en resolver para evitarlo a futuro.

Como parte de esa labor, la Asociación de Municipalidades de Chile (AChM) anunció la realización de un estudio que analice a fondo la operación de los sistemas de Agua Potable Rural (APR) en zonas rurales de la región, pues acusan que no existe diagnóstico que compruebe que se están haciendo inversiones eficientes en materia hídrica, considerando que parte de estas comunas carecen de urbanización y servicios sanitarios.

Entre sus objetivos, la iniciativa busca analizar la legislación y reglamentación vigente; realizar un diagnóstico operacional de los sistemas de APR y tratamiento de aguas servidas; estimar la demanda de proyectos en este ámbito; y seleccionar alternativas adecuadas para dar solución a la falta de abastecimiento de agua en estos sectores.

Para realizarlo se contratará a un equipo de expertos multidisciplinarios por un monto que supera los $199 millones, lo que será financiado por la Subdere. La idea, según dijo este organismo en un comunicado, es "buscar soluciones integrales, permanentes y sostenibles para enfrentar la escasez hídrica que afecta a varias regiones".