Diego Gotelli C.

Tras 16 años de un sistema de admisión basada principalmente en la Prueba de Selección Universitaria (PSU), el modelo alista un cambio radical cuando en dos años sea reemplazado por el nuevo Sistema de Acceso Universitario, un proceso que, según anunció ayer el Gobierno, contará con más reconocimiento a la "trayectoria escolar" de los postulantes.

En el proceso el test también sufrirá un cambio profundo, pues desde el 2022 la nueva "Prueba de Acceso" se enfocará en medir competencias esenciales para un buen desempeño en la educación superior, a diferencia del actual test que se centra en evaluar conocimientos. Además, se considerará el curriculum desde 7° básico hasta 2° medio, y no hasta 4° medio como ocurre actualmente.

Asimismo, se contempla eliminar secciones que según expertos no serían esenciales y/o producirían inequidad, reduciendo a su vez las preguntas de los test obligatorios, que pasarán de 80 a 65.

Previo al debut del nuevo sistema, el Ministerio de Educación, que desde este año pasa a tener el control del proceso, diseñó pruebas transitorias que regirán este 2020 y el 2021. "Los cambios serán profundos y graduales, para no afectar a los miles de jóvenes que ya se han preparado para la PSU", explicó el Subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas.

Los test transitorios considerarán algunos de los cambios, como la disminución de preguntas y eliminación de contenidos alejados de medir competencias, modificaciones que se irán profundizando hasta el 2022.

El nuevo proceso también contempla reducir la ponderación mínima exigida por las universidades para la PSU, bajando el piso del 50% actual a un 30%, a fin de poder considerar más el NEM y el ranking. Asimismo, se habilitará otra vía de postulación, ya que si hoy la exigencia es un puntaje no menor a 450 en los test obligatorios, el nuevo sistema aceptará a alumnos con promedio de notas que los ubique en el 10% superior de su colegio, beneficiando a 6 mil alumnos.

El nuevo modelo fue trabajado durante 10 meses por un comité de rectores que recogió opiniones y experiencias internacional.

cambio de gestión La coordinación de la PSU dejó de depender del Consejo de Rectores y pasó al Gobierno.

*

Por segundo día consecutivo, el general director de Carabineros, Mario Rozas, asistió al Congreso para responder interrogantes de los parlamentarios sobre el actuar policial durante el estallido social iniciado el 18 de octubre.

En la instancia, el jefe policial aclaró la colaboración con la Fiscalía para indagar los casos de Gustavo Gatica y Fabiola Campillay, quienes perdieron la visión de sus dos ojos tras presuntamente recibir perdigones y una lacrimógena, respectivamente.

Según señaló la autoridad, en ambos casos la institución tiene identificados a los uniformados que participaron de ambos procedimientos, pero no a quienes serían sus eventuales responsables directos. "Están registrados los que procedieron, no los que cometieron la infracción", comentó.

Asimismo, confirmó que por ese motivo aquellos policías siguen en funciones activas, hecho que dio a conocer en la previa y generó polémica. Al respecto, el general explicó que todos están puestos a disposición de la Fiscalía, pero internamente no lo han individualizado pues "lamentablemente por recomendación de algunos organismos (de Derechos Humanos), estas personas (Gatica y Campillay) no han podido declarar en sede administrativa".

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, cuestionó que la decisión de la institución "pareciera ser no hacer nada" en los casos. "Quisiéramos que Carabineros fijara un sólo criterio", dijo. En tanto, el Consejo de Defensa del Estado indicó que "se querelló contra todos quienes resulten responsables por el delito de lesiones gravísimas" contra Gatica.

La subsecretaria de la Niñez Carol Bown confirmó que el Estado perseguirá civilmente a los padres de menores que sean detenidos en protestas por agredir a personal de Carabineros, o que ocasionen daños a la propiedad pública y privada.

La medida fue anunciada a raíz de la violenta jornada de disturbios ocurrida el miércoles que dejó un saldo de 237 detenidos en la Región Metropolitana, de los cuales 118 correspondían a menores de edad.

A nivel nacional, la cifra de personas capturadas llegó a 478, mientras que 20 Carabineros resultaron heridos. Además, solo en Santiago fueron detenidos 95 individuos por delitos de desórdenes y saqueos.

Bown aseguró que "el Ministerio del Interior y el Consejo de Defensa del Estado ejercerán todas las acciones que les permite la ley para hacer responsables civilmente a los padres de los ilícitos cometidos por los hijos". Además instó a los ellos a cuidar a sus menores, evitando que estos "sean usados políticamente", ya que "el cuidado y la protección de las familias siempre va a ser más efectivo y directo que lo que podamos hacer como Estado".

Por su parte, la general de Carabineros, Berta Robles, argumentó que al participar de estas manifestaciones los menores ponen seriamente en riesgo su integridad física.