Matías Gatica Lindsay

El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la fiscalía y la PDI se encuentran investigando una denuncia por el presunto secuestro de un ciudadano venezolano en Independencia, quien sería un exmilitar de ese país que se encontraría en Chile en calidad de refugiado político.

De acuerdo a información que trascendió ayer, a eso de las 3:00 horas, cuatro venezolanos llegaron hasta calle El Molino, donde se habrían hecho pasar por policías de la PDI y se habrían llevado a un hombre, quien, se presume, sería Ronald Ojeda, teniente (r) del Ejército venezolano, quien fue expulsado de la institución en enero junto a otros militares por supuestamente estar implicados en conspiraciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Tras ello se habría encontrado un vehículo abandonado en Renca. En él se hallaron un chaleco antibalas y un casquillo de bala.

Sobre esta denuncia, la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestros de la Policía de Investigaciones (PDI) informó en un comunicado que se hará cargo de la investigación y señaló que no puede "entregar mayores antecedentes ya que esta fue decretada secreta".

Desde el Gobierno, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, no descartó la tesis y solicitó a la policía mayor reforzamiento en los controles fronterizos, como también elevar una alerta a la Interpol. "Efectivamente, hubo un secuestro de un ciudadano venezolano durante la madrugada en la comuna de Independencia. La investigación de este eventual secuestro quedó a cargo de un equipo ECOH de la Fiscalía, por lo tanto hay un fiscal a cargo de la investigación", dijo.

"Quiero insistir y ser súper responsables respecto al carácter secreto de la investigación. El Gobierno tiene la obligación de colocarse en todas las hipótesis, por tanto toma medidas para todos los escenarios posibles. Pero creo que es prematuro llegar a una conclusión. Al Ministerio Público le corresponder confirmar o descartar las distintas hipótesis en torno a este delito", agregó.

En X, el investigador criminal y expreso político venezolano, Iván Simonovis, dijo que "la madrugada de hoy (ayer) funcionarios del DGCIM se hicieron pasar por funcionarios de inmigración de Chile y secuestraron al Tte Ronald Ojeda Moreno. Se desconoce su paradero".

A través de un comunicado, la Cancillería defendió la presentación que realizó el martes la exsubsecretaria del Interior y representante de Chile, Ximena Fuentes, en una audiencia celebrada en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, en la cual se discutían las "consecuencias legales" de la ocupación israelí en el territorio palestino.

La representante chilena dijo que la ocupación de Israel es "ilegal", y señaló que "Israel ha demostrado su intención de controlar indefinidamente el territorio palestino ocupado (...) Estas violaciones sistemáticas son una base para declarar que la ocupación es ilegal", y dijo que "a Chile le gustaría ver la implemetanción de la solución de dos Estados".

Sobre ello, ayer la Cancillería defendió que "la presentación fue consistente con nuestra política de Estado, que aboga claramente por una solución de dos Estados, en que Palestina e Israel puedan vivir en paz dentro de fronteras seguras internacionalmente reconocidas. Se debe recordar que Chile reconoció al Estado de Palestina en 2011".

"No se debe confundir este procedimiento consultivo, que no es un procedimiento contencioso, con otras acciones judiciales pendientes ante la Corte Internacional de Justicia como ante la Corte Penal Internacional", agregó el Minrel.

La alocución de Ximena Fuentes ha sido criticada desde la oposición. La diputada Ximena Ossandón (RN) dijo que "no era necesario que Chile se sumara a las acusaciones directas".

El superintendente de Salud, Víctor Torres, explicó ayer los alcances y consecuencias que tendrá el alza de los planes de isapres, los cuales fueron fijados en un máximo de 7,4% el martes, esto según el Índice de Costos de la Salud.

Torres dijo que el ICSA representa "el promedio de los costos operacionales de la industria", y justificó el aumento del tope que pueden tener los planes este año respecto a 2023, cuando el alza fue de un 2,6%, lo que señaló es producto de que ya no se considera a Fonasa como un factor de contención.

"Sin el factor de Fonasa el año pasado no habría sido de 2,6%, sino de 4,8%", dijo el superintendente, que agregó que no es el cálculo más grande que se ha realizado, puesto que el primero ocurrió en 2022, cuando fue de un 7,6%.

Además, dijo que este tope, el cual "no es el alza que van a tener necesariamente todas las isapres", "tampoco va a llevar a que los precios sean mayores a los que pagaban las personas en noviembre de 2023, porque la disminución promedio del sistema es de un 12% y el promedio de aumento de este sistema va a estar muy por debajo de esa cifra".

Por su parte, el senador PS, Juan Luis Castro, dijo a radio Cooperativa que "este aumento, que es el triple del año pasado, no tiene una explicación dada por la autoridad de manera lógica" y alertó que en agosto podría haber otro "reajuste abusivo".