Matías Gatica Lindsay

En el 4° Juzgado de Garantía de Santiago se inició ayer la formalización de 19 imputados por delitos económicos derivados de los casos Audios y Factop, en los que son imputados, los hermanos Daniel y Ariel Sauer, los hermanos Jalaff, Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos, entre otros.

En la primera parte de la exposición del Ministerio Público, que unió dos causas en la formalización, la fiscal Lorena Parra expuso que los hermanos Sauer, controladores de Factop y quienes son imputados por captación ilegal de fondos, estafa, lavado de activos y soborno, y Rodrigo Topelberg, acusado de estafa, "crearon un grupo de empresas o holding al cual le dieron el nombre de Sum Capital", con el que comenzaron a realizar actividades ilícitas "con el fin de defraudar a sus clientes".

En ello mencionó también al imputado Alberto Sauer, padre de los imputados, quien habría facilitado el esquema de defraudación a través de su red de contactos. En concreto señaló que se desviaban las platas de inversores en este factoring y de la corredora SFT, también a cargo de los Sauer.

La Fiscalía añadió que los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, controladores de Grupo Patio e imputados por estafa, lavado de activos y declaraciones de renta maliciosamente falsas, habrían recibido financiamiento por parte de Factop Spa, los que habrían simulados como operaciones de factoring, con emisiones y recepciones de presuntas facturas falsas.

Parra dijo además que estos préstamos no pudieron ser pagados debido a la "falta de liquidez y al "alto nivel de endeudamiento" principalmente de Antonio Jalaff.

En ese sentido es que el Ministerio Público dijo que los Jalaff consiguieron una solución a sus problemas económicos "mediante la estructuración de un Fondo de Inversión Público" de LarrainVial.

La Fiscalía planteó que los ejecutivos de LarraínVial crearon la administración del Fondo de Capital Estructurado I para reorganizar las deudas de Antonio Jalaff y canjear acreencias por las acciones que Jalaff tenía en Grupo Patio.

En ese fondo la Fiscalía dijo que en el fondo se crearon dos series, A y B, y que en el segundo de ellos tenía recursos de la desaparecida SFT de los hermanos Sauer.

Los ex ejecutivos de LarrainVial que están siendo formalizados son Manuel Bulnes, Felipe Porzio, Claudio Yáñez y los directores Andrea Larraín, Andrés Bulnes, Rafael Correa, Sebastián Cereceda y Jaime Oliveira.

Además son formalizados el exgerente general de SFT, Luis Flores y el exgerente de operaciones y fundador de Patio, Cristián Menichetti.

En la arista por sobornos son formalizados los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos y el exfuncionario del SII, Patricio Mejías.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, criticó ayer el recorte de $7.064 millones al presupuesto del Ministerio Público para su operación de este año.

Según El Mercurio, la rebaja de los recursos para el organismo se enmarca en un recorte global de $544 mil millones, que fue parte de un protocolo de acuerdo en el Congreso para conseguir un consenso y destrabar la aprobación del Presupuesto 2025.

Valencia dijo ayer a radio Cooperativa que la Fiscalía sufrirá un "impacto significativo". "Me parece bastante inexplicable. Creo que la única explicación que tiene es que es necesario reducir presupuesto y no fuimos incluidos dentro de las instituciones cuyo presupuesto no se iba a tocar", señaló.

"Es muy difícil de entender, ¿por qué a nosotros? No se les reduce (el erario) a Carabineros, a la PDI, Gendarmería... ellos no sufren esta rebaja, pero se nos reduce a nosotros, que es quienes le da la instrucciones para investigar", recordó Valencia.

Sobre la situación el ministro de Hacienda, Mario Marcel, planteó que el recorte "fue mandatado por ley. No es una tema que haya sido de elección o respecto del cual el Ejecutivo tuviera un margen de flexibilidad".

Pese a ello, el senador UDI José Miguel Durana dijo que "la decisión del Gobierno es lamentable (...) especialmente en un contexto de crisis de seguridad"; y su par del PPD Pedro Araya dijo que "lo que vamos a tener en la práctica es que el Ministerio Público no va a poder realizar la tarea como debe" y llamó al Gobierno a que "reconsidere la rebaja".

El director de la PDI, Eduardo Cerna, acudió por segunda vez a la comisión que investiga el Caso Monsalve en la Cámara de Diputados, donde negó que en hayan eliminado videos de la causa.

Tras un informe de la propia PDI que dio a conocer que los registros de los videos cercanos a la casa de la denunciante se habrían perdido luego que los revisó personal de contrainteligencia de la institución, Cerna dijo ayer que "no ha desaparecido, destruido, ni borrado registro alguno. Las imágenes están en poder del Ministerio Público", lo que corroboró la Fiscalía.

Cerna explicó que la Brigada de Contrainteligencia "realizó una búsqueda de los registros no considerados útiles en el proceso de inteligencia, verificando así que el oficial que levantó el duplicado de las imágenes, encontró el soporte y recuperó el archivo". Además, dijo que estas están relacionadas con la investigación de un supuesto "atentado" contra Monsalve, y no con una presunta "extorsión" como lo había señalado el exsubsecretario, de la cual temió ser víctima el día que ocurrieron los hechos por los que es acusado de violación y abuso sexual.

Por su parte el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, dijo que era "la Fiscalía la que decide la relevancia de los videos".

A la sesión compareció la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien reconoció al igual que las ministras Carolina Tohá y Camila Vallejo, que la salida de Monsalve fue "tardía" y agregó que no se aplicó la Ley Karin en este caso debido a que no hubo una "denuncia interna".