Matías Gatica Lindsay

La por ahora habitual pregunta "¿le imprimo el voucher?" ya no irá más. Esto, pues el Servicio de Impuestos Internos emitió ayer una resolución que obligará a que todo el comercio que emita boletas electrónicas de ventas y servicios y/o reciben pagos a través de medios de pagos electrónicos en ventas presenciales entregue al comprador final la representación impresa del documento tributario y/o comprobante de pago por venta.

El SII explicó que la medida, que regirá a partir del 1 de mayo, busca impedir la evasión de impuestos.

En un comunicado el organismo explicó que "el envío de la representación virtual del documento por medios electrónicos (WhatsApp, correo electrónico u otro) será una opción adicional, que seguirá disponible, pero que no reemplaza la obligatoriedad de entregar la boleta impresa". Agregó que en el caso de los comercios que no cuenten con una máquina para imprimir boletas o que no hayan adecuado sus sistemas, "tendrán plazo hasta el 1 de marzo de 2026 para dar cumplimiento a las obligaciones".

"Esta medida nos permite reforzar, tanto para los emisores de boletas electrónicas de ventas y servicios como para la ciudadanía en general, que la emisión y entrega de la boleta es obligatoria cada vez que se realiza una compra, independiente que se utilice pago en efectivo, por transferencia o mediante tarjetas bancarias", dijo el subdirector de Asistencia al Contribuyente del SII, Patricio Muñoz.

"Por ello, estamos incorporando la obligatoriedad para el vendedor de entregarla en forma impresa y también llamando a los contribuyentes a exigir su boleta o comprobante de pago (voucher), asegurando que el impuesto que pagan en cada compra llegue al Estado y dejando respaldo de las compras realizadas", complementó el funcionario.

El organismo aclaró además que esto permite al SII focalizar sus esfuerzos de fiscalización, ya que los antecedentes que entrega el comprobante hacen posible conocer en línea la información sobre los débitos de las empresas y, con ello, focalizar aún más las acciones de fiscalización para disminuir la evasión del IVA.

Pese a llegar a un acuerdo con Chile Vamos para el avance de la reforma de pensiones, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, lamentó este fin de semana que el pacto en el Senado no elimine las AFP y anunció que en marzo planean ingresar un proyecto para impulsar un "inversor estatal", lo que desató las críticas del conglomerado opositor.

El domingo, Jara dijo en Canal 13 que esto no fue incorporado en el acuerdo, y, por ende, no es parte del mismo. A su juicio, con la incorporación de un agente fiscal se cumpliría de ofrecerle el "principio" de la "libertad de elegir" a los cotizantes.

Ante sus dichos, el senador Luciano Cruz-Coke (Evo) dijo a T13 Radio ayer que "me parece una obsesión compulsiva con la AFP, y la única persona que la tiene en esto es la ministra Jara. Si nadie habla más de las AFP".

El senador UDI Juan Antonio Coloma añadió en radio Agricultura que "a la ministra Jara no le gusta lo que se ha hecho. O sea, era lo que se podía hacer y lo que nosotros estuvimos dispuestos a hacer, no a terminar con el sistema para reemplazarlo por otro".

"Por eso creo que las declaraciones de ella objetivamente no ayudan mucho al clima que se necesita para poder enfrentar mejor lo que viene. Pero también es el mejor reflejo de que ellos no se sienten contentos con el esquema, que fue lo que tuvieron que ceder precisamente para poder llegar a un acuerdo que beneficia a los chilenos y está en armonía con lo que nosotros al menos pensamos", agregó.

A once meses del secuestro y posterior asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, quien fue encontrado muerto en una toma de Maipú, el fiscal Héctor Barros refredó ayer la hipótesis de que este crimen habría sido promovido por el régimen de Nicolás Maduro, del cual el militar era un disidente.

Tras una investigación de largo aliento, el persecutor dijo ayer a radio ADN que "acá hubo una contratación del Tren de Aragua para efecto de secuestrar y asesinar a Ronald Ojeda. La preparación que vimos nunca se vio en las otras actuaciones que hizo el Tren de Aragua. Y lo que yo le puedo decir en este momento es que estimamos que está detrás el gobierno venezolano".

Barros añadió que "en diciembre, justo antes de su asesinato, (Ojeda) viajó a Venezuela para participar en un intento de organizar un nuevo golpe de Estado. La rápida ejecución del crimen, entre 24 y 72 horas después de su secuestro, y su perfil político, nos lleva a la conclusión de que este asesinato tiene un trasfondo político relacionado con su oposición al gobierno de Venezuela".

El subsecretario del Interior, Luis Cordero, recordó que no era la primera afirmación de Barros en esa línea. "El Ejecutivo no solo la comparte, sino que desea que tenga éxito en su investigación", dijo.

El régimen de Maduro siempre ha negado cualquier relación con el crimen.

Luego de 67 días alejada del Congreso por licencia médica, la diputada Maite Orsini retornó ayer a su trabajo y fue consultada por la sesión del Tribunal Regional Supremo, que decidirá mañana su posible expulsión del Frente Amplio. "¿Renunciar a mi partido? No, jamás. Espero que mi actuar sea juzgado con justicia y objetividad", declaró.