Matías Gatica Lindsay

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió ayer a la polémica que se ha generado luego que se reveló que esa cartera le solicitó traspasos por US$3.500 millones a Corfo en 2023. "Esta operación permitió evitar una pérdida", señaló ayer el secretario de Estado.

Luego que un reportaje de The Clinic dio a conocer que el Ejecutivo le pidió a Corfo dos traspasos por US$2.000 millones y US$1.500 millones, los que provenían de los excedentes del litio y ventas de activos financieros, la acción ha sido criticada y la Contraloría inició una investigación debido a una posible "afectación patrimonial" por estas transferencias.

El miércoles el Ministerio de Hacienda defendió los traspasos, que a su juicio "no constituyen una acción fuera del marco legal" y ayer el ministro Marcel, quien interrumpió sus vacaciones, ahondó en esta situación.

En primer lugar el ministro criticó las "reacciones destempladas" a raíz de la revelación y valoró que el caso sea investigado por la Contraloría. "Esto (la investigación) va a permitir que una institución independiente y respetada provea una opinión técnica, alejada de la coyuntura política, que desgraciadamente esta siendo cada vez más tensionada por la proximidad de los procesos electorales que tenemos hacia fines de año".

Por otra parte, Marcel dijo que en el 2023, año en que se realizaron los traspasos, no hubo un incremento de gasto que justificara usar los fondos y, de hecho, señaló que "lejos de deteriorar el patrimonio público, esta es una operación que permitió evitar una pérdida".

Además, indicó que esta operación evitó que el país se endeudara y agregó que los recursos fueron a cubrir necesidades vinculadas a seguridad pública, salud y vivienda.

Y aseguró que ya se entregó toda la información requerida por la Contraloría.

Quien también defendió los traspasos fue el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, quien dijo que "los traspasos solicitados por el Ministerio de Hacienda en el marco de sus atribuciones legales afectan solo una parte de dichos ingresos extraordinarios. Estos fueron debidamente aprobados por el Consejo de Corporación y se llevaron a efecto conforme a la normativa vigente".

A ello agregó que es "fundamental remarcar que la liquidación de inversiones que fue necesaria para cumplir con las mencionadas transferencias se realizó de manera gradual y estratégica, según acordó el Consejo de la Corporación. Esto permitió evitar pérdidas de capital en dichas operaciones, atendiendo con ello las preocupaciones que hizo presente esta administración ante el Consejo, cumpliendo debidamente con el deber de resguardar el patrimonio de la institución".

Benavente se abstuvo de votar el segundo traspaso por US$1.500 millones y apuntó a "una reducción de los fondos patrimoniales que permiten el funcionamiento de largo plazo de la Corporación".

Por otra parte, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) se refirió al Balance Estructural de 2024, el que reveló que el año pasado se generó un déficit del 3,2% del PIB, lo que se desvía 1,3 puntos respecto de la meta de -1,9% fijada en el Decreto de Política Fiscal.

El CFA señaló que en primer lugar este "desvío (...) acentúa aún más la situación de estrés fiscal actual que el consejo advirtió previamente", puesto que "supera los promedios históricos de desviación del periodo 2001-2023".

En segundo lugar destacó que dificulta la convergencia hacia un Balance Estructural de equilibrio, necesario para estabilizar la deuda bruta por debajo de su nivel prudente de 45% del PIB.

Y en tercer lugar apuntó que el incumplimiento "envía una señal desfavorable sobre el compromiso y/o capacidad del Gobierno para cumplir con las metas fiscales ", por lo que llamó al Gobierno a presentar a la brevedad medidas adicionales de ajuste de gasto para este año.

La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó ayer la resolución adoptada el 10 de febrero de desaforar a la diputada Catalina Pérez (exFA), quien es investigada por presuntos delitos derivados del caso Democracia Viva, en el cual se indagan presuntas irregularidades en la firma de tres convenios entre la mencionada ONG y el Minvu.

En el fallo la Corte señaló que los antecedentes "otorgan una secuencia preliminarmente lógica de intervención de la diputada en hechos previos y posteriores a la suscripción de los tres convenios fiscales aludidos".

"Existen elementos de investigación objetivos que hacen plausible la afirmación de que conoció su suscripción y que incluso participó en la recolección de antecedentes necesarios para su realización, sabiendo que la fundación no reunía los requisitos básicos para ser beneficiada (...) estos últimos antecedentes, si bien posteriores a la suscripción de los convenios, informan el pleno conocimiento de la diputada Pérez en las diversas irregularidades concurrentes, asumiendo claramente un rol de liderazgo, elaboración y dirección en las distintas acciones ya referidas", agregó.

Ahora Pérez tiene cinco días para apelar a la Corte Suprema, lo que su defensa realizará. "No compartimos los fundamentos de la resolución y apelaremos ante la Corte Suprema (...) Estamos convencidos de que no hay justificación jurídica para dar lugar a la solicitud de desafuero y confiamos en que la Corte Suprema acogerá nuestros argumentos", dijeron Gonzalo Medina y Sebastián Dal Pozzo.