Matías Gatica Lindsay

A través de un comunicado, el Gobierno anunció ayer las salidas de la ministra de Defensa, Maya Fernández -cuestionada por la fallida compra de la casa de su abuelo, el expresidente Salvador Allende- y del jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, quien ha sido criticado por su rol en el manejo del caso convenios y la salida del exsubsecretario Monsalve.

Tenprano Crispi acudió por segunda vez a la comisión investigadora del caso en la Cámara, en la cual el diputado Miguel Mellado (RN) le preguntó por una posible injerencia del Presidente Gabriel Boric en la permanencia del exsubsecretario, acusado de violación y abuso sexual, quien salió de su cargo dos días después que el mandatario supiera de la denuncia.

Ante ésta y otras preguntas Crispi respondió que " no podría compartir las conversaciones con el Presidente de la República", lo que molestó a algunos parlamentarios y se dio por terminada la sesión.

Mellado le dijo: "Señor Crispi, remitiremos los antecedentes a la Contraloría (...) para que, en conformidad al Artículo 10 de la Ley Orgánica del Congreso se proceda a un procedimiento disciplinario y se procesada a una multa respectiva a usted". Luego lo acusó de ser "el niño símbolo en el silencio del Gobierno en el aso Monsalve".

Horas después, la Presidencia confirmó que Crispi dejó su cargo, el que será ocupado por el ingeniero civil industrial de la U. de Chile, Felipe Melo, amigo de Boric.

"El Presidente ha aceptado la renuncia de Miguel Crispi (...), a quién agradece por su labor y compromiso", señaló en un comunicado.

La vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, dijo que Crispi "presentó voluntaria e indeclinablemente su renuncia (...), que el Presidente aceptó"; y aseguró que el ahora exjefe de asesores "ha contribuido y colaborado con todas las instancias para aclarar todas las preguntas para hacerse cargo de todos los cuestionamientos, y eso es algo que seguirá haciendo en adelante".

El diputado Diego Ibáñez (FA) dijo que Crispi renunció "por la presión política y mediática que ya era insostenible. Hoy se le faltó el respeto, le dijeron un par de groserías en la comisión".

Renuncia de fernández

En el mismo comunicado Presidencia informó la salida de la ministra Fernández, quien había sido cuestionada por firmar el contrato de compra y venta de la casa de su abuelo, Salvador Allende, con el Estado, la que finalmente no realizó por una posible inconstitucionalidad. En la víspera La Tercera reveló que una vez hecha la tasación de l inmueble, el Ejecutivo aumentó el valor de compra en $100 millones.

"Hay cosas que no se hicieron de la manera que debían ocurrir", dijo sobre ello Etcheverry a radio Infinita.

La renuncia de Fernández se dio cinco días después que el TC acogiera a trámite un recurso para su inhabilitación y horas después de que la UDI anunció una acusación constitucional en su contra.

Fernández, quien será reemplazada por la PPD Adriana Delpiano, agradeció la confianza del Presidente y dijo: "Dejo mi cargo con la tranquilidad de haber actuado siempre con lealtad y apego estricto a la Constitución y la ley".

La vocera aseguró que la PS renunció "como resultado de una evaluación personal", que la llevó, a su juicio, "de manera muy responsable, a dar un paso al costado".

El diputado UDI Henry Leal dijo que Fernández "hizo lo correcto. Era insostenible su permanencia". Su par RN Camila Flores dijo que pese a su renuncia seguirá la AC en su contra. "La ministra sabía lo que estaba haciendo y no puede ser que la única sanción sea dejar el cargo", señaló.

La diputada Camila Musante (Ind-PPD) calificó la salido de la ahora exministra como "un acto de cuidado, de no provocarles consecuencias negativas al Presidente".

El Partido Social Cristiano presentó una moción de censura en contra de la mesa de la Cámara de Diputados, que dirige la diputada Karol Cariola, quien es investigada por posible tráfico de influencia.

"Es nuestro deber resguardar la institucionalidad", dijo la diputada PSC Sara Concha. La acción sería votada hoy.

El libelo se presentó ante la investigación de la Fiscalía, que ordenó un allanamiento en su contra el día en que fue madre, razón por la que la PC anunció que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

A su juicio, "mi hijo Borja y yo hemos sido víctimas de una gran violación de nuestros derechos".

Su pareja, el diputado PS Tomás de Rementería, dijo que "el fiscal Cooper tenía esta información hace un año, decide especialmente este momento, sabiendo que era un hecho público y notorio que Karol Cariola estaba embarazada (…). Un descriterio".

Sobre la decisión de recurrir al CIDH, la vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, comentó que "las personas tienen todo el derecho de ejercer todas las acciones que correspondan (...) No podemos tenerle miedo a que se ejerzan los recursos y los derechos y las acciones que la propia ley nos entrega".

En medio de los cuestionamientos a la acción de la Fiscalía y la PDI, el fiscal Eugenio Campos planteó que el día del allanamiento se "sopesaron cada uno de los antecedentes", añadió que el fiscal Cooper "ya dio un detalle" de lo ocurrido y que Cariola está "en su derecho" de ejercer alguna acción legal.