Matías Gatica Lindsay

En la mañana de ayer, y a solicitud del Ministerio Público, el OS7 de Carabineros allanó el domicilio del gobernador metropolitano, Claudio Orrego. La diligencias se realizaron también en la sede del Gobierno Regional, donde se incautaron los celulares y computadores del gobernador y de otros 10 funcionarios.

Los allanamientos se realizaron en el marco de las indagatorias de la Fiscalía por presuntas irregularidades en contratos en el Gobierno Regional, uno de ellos por un coaching en los que se habrían abordado temas relacionados a la campaña de reelección de Orrego, según estableció la Contraloría, situación que él desmiente.

La fiscal Constanza Encina dijo que "la diligencia se llevó a cabo de manera voluntaria. Se había hecho una solicitud al tribunal, sin embargo no ha sido resuelta y no fue necesario, ya que se proporcionaron todos los antecedentes que eran necesarios: correos electrónicos, autorizaciones y se extrajo información directamente del servidor. Ya tenemos toda la información que necesitamos para poder investigar" un presunto fraude al Fisco, y agregó que el gobernador Orrego "tiene la calidad de imputado" en la causa.

Encina agregó que otros 10 funcionarios, entre los que se encontrarían cargos de jefatura, igual entregaron sus dispositivos de manera voluntaria.

"Proporcionaron toda la colaboración parte del equipo directiva completo del Gobierno Regional, todos aquellos que aparecen también mencionados en estas minutas de coaching que se habrían efectuado con platas del Gobierno Regional", dijo.

Ante esta diligencia Orrego destacó la entrega de su celular y computadores de manera "voluntaria" y aseguró que "esta investigación va a comprobar que hemos actuado siempre correctamente".

"Insistimos en la colaboración total por parte del gobernador porque no hay nada que esconder", dijo su abogado, José Pedro Silva.

Ayer se conoció también la renuncia de la jefa de la División del Presupuesto e Inversión del GORE, Mayuri Reyes, quien trabajaba desde 2005 con Orrego y que desde la oposición ha sido acusada de conflicto de interés, pues posee una sociedad comercial con el contador José Solís, quien a través de su empresa Ajem Asesores y Consultores Limitada se adjudicó dos contratos con el GORE en 2024 vía trato directo por un monto de más de $109.302.180 para el "apoyo en la revisión y cierre de proyectos".

"Orrego se está transformando en el niño símbolo de la corrupción en los gobiernos regionales", reprochó el diputado y jefe de bancada de RN, Miguel Mellado.

Consejeros regionales de oposición se encuentran preparando una solicitud al Tribunal Electoral para que evalúe la distitución de Orrego.

A dos semanas de las primarias presidenciales, ayer el Socialismo Democrático (PS, PPD, PL Y PR) se restó del comité político que se realiza todos los lunes en La Moneda entre los partidos de la coalición de Gobierno como un gesto de protesta a lo mostrado en la franja del abanderados del FA Gonzalo Winter.

En la franja se hizo alusión al caso Coimas y apareció el expresidente del PR Patricio Tombolini y se habló de la "mesa del poder", mencionando las políticas del CAE y concesiones durante los gobiernos de la concertación.

Luego de algunas críticas de la abanderada del Socialismo Democrática Carolina Tohá, quien acusó al FA de estar "atrapado en una caricatura", ayer la presidenta del PS Paulina Vodanovic dijo a radio Universo que "las campañas no son de pasado, no son de criticar a los socios, sino de criticar más bien a la derecha. Yo esperaría que en estas dos semanas que quedan escuchemos propuestas de parte de los candidatos".

El presidente del PPD, Jaime Quintana, dijo que "el Frente Amplio tiene harto que mirarse a sí mismo antes de escupir de nuevo contra los gobiernos de la transición".

De cara a los resultados de las primarias el diputado Jaime Araya (Ind-PPD) dijo que "me cuesta imaginar un proyecto a futuro con la élite del FA (...) No respetan nada".

"Tengo decepción (...) pensé que había una madurez política más profunda" en el FA dijo a radio Infinita el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) por lo expuesto en la franja.

La Fundación Salvador Allende se refirió ayer a la polémica que surgió tras revelarse que la organización saldó una deuda con el Serviu por una propiedad adquirida en 2004 con la entrega de 93 obras de arte, que aún no han sido facilitadas.

Este "trueque" ha sido criticado desde la oposición, que ha solicitado una explicación al Minvu y el Partido Republicano envió un requerimientos formal al Consejo de Defensa del Estado para que anule el acuerdo.

Ante esta polémica la fundación emitió un comunicado en el que señaló que "el 11 de abril de 2017, el Serviu reconoció mediante acta oficial de entrega en depósito, que no contaba con condiciones para su custodia, delegándola transitoriamente a la FSA (...) La FSA asumió la responsabilidad con el compromiso de proteger y conservar cada pieza, sin exhibirlas ni utilizarlas, resguardándolas cuidadosamente en una sala acondicionada especialmente para ello".

A ello agregó que a lo largo de los años, la fundación "ha mantenido intacto su compromiso. Las obras han estado siempre disponibles para el Serviu Metropolitano, cuidadosamente embaladas listas para ser retiradas cuando así lo solicite. Por el contrario, la FSA ha solicitado reiteradas ocasiones a distintas autoridades el traslado de las obras" y agregó que se "cumplió estrictamente con todos los procedimientos legales, se firmó la escritura de dación en pago".

El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago acogió ayer la solicitud de la defensa del exalcalde Daniel Jadue -imputado en el marco del caso Farmacias Populares- y rebajó la medida cautelar en su contra de arresto domiciliario total a arresto domiciliario nocturno. "¡Nos devolvieron los pasos, pero nunca nos quitaron el rumbo!", escribió Jadue en su cuenta de Instagram.