Leo Riquelme

El Presidente Gabriel Boric defendió ayer su decisión de interpelar al candidato republicano José Antonio Kast en la cadena televisiva del martes en que presentó el presupuesto 2026, reprochándole pero sin mencionarlo por su promesa de recortar US$6 mil millones del gasto público en 18 meses si es que gana la elección, una alusión que indignó al abanderado, quien acusó "cobardía", "mentiras" y "corrupción" de parte del jefe de Estado.

"No estoy para polémicas tan chicas. A mí lo que me preocupa es que los derechos sociales que ha ganado la gente después de tanto esfuerzo se mantengan a todo evento, y eso es de lo que está preocupado el Gobierno y es lo que vamos a seguir haciendo", advirtió el mandatario, pese a que la bancada de diputados UDI llevó sus declaraciones en la cadena a la Contraloría, acusando un supuesto intervencionismo electoral en ellas.

"Que yo como Presidente de la República tenga una opinión al respecto me parece que es del todo legítimo. Lo que pasa es que discutir, conversar de política, conversar de las propuestas de políticas públicas en Chile no es cobarde, es democrático. Quizás a algunos no les gusta eso, pero yo por lo menos estoy muy convencido de que es necesario y defender lo logrado es parte de nuestra labor", insistió Boric a su llegada a La Moneda.

Aunque no ha aclarado a qué partidas le restará recursos, Kast asegura que los US$6 mil millones de recorte comprometidos no provendrán de gasto social, algo que también le cuestiona la abanderada presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

La exalcaldesa UDI afirma que los cálculos de su grupo de economistas indican que pueden hacer un recorte de hasta US$2 mil millones sin afectar beneficios a la población.

Hasta el cierre de esta edición Kast no había respondido al Presidente, aunque el diputado PSC Roberto Arroyo insistió ayer en que los dichos de Boric al abanderado "revelan sus prioridades centradas en mantener el poder en vez de gestionar adecuadamente el país y atender las necesidades de la población chilena, reflejando así un desinterés por el bienestar de la nación".

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, aseguró que las deudas de su cartera con constructoras es de US$130 millones y no US$1.000 millones, como dice la oposición basándose en datos de empresas del rubro.

"Por la coyuntura electoral cuesta mucho decir las cosas como son y explicarlas, porque se tienden a distorsionar inmediatamente y a transformar en gran escala, y a tener efectos sobre las personas", afirmó en radio T13.

Montes agregó que en los cálculos de mil millones de dólares "suman cosas que no tienen nada que ver", como sistemas de financiamiento ya regularizados. A su juicio, la difusión de estas cifras afectan a quienes están postulando a subsidios y a empresarios que planean postular a licitaciones.

También se refirió a los dichos de la candidata oficialista, Jeannette Jara, quien al pedir la restitución de la glosa de libre disposición del presupuesto 2026 dijo que, de ganar la elección, la destinaría íntegramente a apurar la reconstrucción de viviendas destruidas en los incendios de 2024 en Viña del Mar.

"Le diría que el financiamiento no es el problema porque tenemos un fondo especial para la reconstrucción (...) El problema más bien es tener una capacidad de producción, de proceso de reconstrucción, dadas las complejidades. Quisiéramos ser mucho más rápidos", dijo.

El fiscal Héctor Barros reiteró ayer que la teoría principal sobre el secuestro y posterior asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, quien fue hallado enterrado en un toma de Maipú el 1 de marzo de 2024, es que fue un crimen político que habría sido ordenado al Tren de Aragua por el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, para quien no descartó pedir su extradición a Chile.

El fiscal dijo a 24 Horas que "han surgido antecedentes de la propia investigación que van dando cuenta de que esto habría sido un encargo político del gobierno (de Venezuela) y, particularmente, quien habría pagado y encargado este delito concretamente al Tren de Aragua apuntan a Diosdado Cabello"

Sin embargo, dijo que esperan tener antecedentes "un poco más fuertes" y un "estándar de juicio oral" para tomar acciones contra el "número 2" del régimen chavista, ya que "de acuerdo a la Constitución venezolana la extradición no existe en su país (...) los sujetos que están en Venezuela no son extraditables a ningún país".

Barros añadió que lo que corresponde es "pedir una orden de detención, una formalización y posteriormente iniciar un proceso de extradición (...) También se podría llegar a pedir (la extradición de Cabello) en la medida que nosotros sigamos avanzando en la investigación".