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ANP condena alza de agresiones a la prensa y advierte restricciones judiciales en casos de alto interés
Declaración de Torres del Paine habla de nivel "alarmante" de acciones de violencia contra periodistas, especialmente amenazas.
Redacción
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) emitió ayer la "Declaración de Torres del Paine", en el marco del XXXIII Encuentro de Diarios Regionales (EDR), donde denunció las crecientes agresiones físicas y digitales a periodistas, junto con restricciones judiciales en las coberturas de casos de alto interés público. El gremio emplazó al Gobierno y al Parlamento a defender "sin ambigüedades" la libertad de prensa en futuras legislaciones.
"Estas acciones de violencia coartan gravemente la libertad de informar", dijo, llamando al Estado a "no convertirse en cómplice de esta violencia por omisión" y "avanzar en la tramitación del proyecto de ley que resguarda a los profesionales de la prensa, especialmente frente a las crecientes amenazas del crimen organizado".
La ANP alertó "la drástica caída de Chile en el Ranking Mundial de Libertad de Prensa 2025 de Reporteros Sin Fronteras (N. de la R.: 17 lugares, hasta el 69), una señal de alerta sobre el deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo, tal como lo consigna el propio informe, que advierte que 'el periodismo de investigación pierde terreno y las agresiones a periodistas se multiplican', mientras 'los procesos judiciales contra medios y periodistas se han convertido en una estrategia recurrente para silenciar'.
Sobre las restricciones judiciales en la cobertura de casos de alto interés público, planteó "el uso indebido del principio de presunción de inocencia para limitar el acceso a la información, estableciendo restricciones que atentan directamente contra el derecho fundamental de la ciudadanía a ser informada".
En financiamiento, exigió el "cumplimiento de la normativa sobre publicidad estatal", constatando que "la información sobre el cumplimiento legal del 40% para medios regionales no se encuentra fácilmente disponible por parte de las autoridades de gobierno, y su entrega ha sido dificultosa e incompleta". Además, rechaza "el desvío de estos fondos a agencias intermediarias, pues desvirtúa el propósito de la ley y amenaza la sostenibilidad de la prensa local, pilar fundamental para la democracia en las regiones". Finalmente, llamó al Ejecutivo y al Parlamento "a que toda nueva legislación resguarde sin ambigüedades el ejercicio libre del periodismo".