Matías Gatica Lindsay

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, le solicitó ayer la renuncia al director ejecutivo suplente del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Atacama, Daslav Mihovilovic, a raíz de una lujosa fiesta para los funcionarios; y anunció una auditoría para esclarecer lo sucedido.

El festejo en el Casino Luckia de Copiapó fue por su quinto aniversario y contó con una cámara 360, iluminación especial, regalos, banquetes y una limusina. Tras su viralización el SLEP señaló que la fiesta se realizó fuera del horario laboral y sin recursos públicos, agregando que todo fue gestionado por entidades externas, includo el vehículo, Éste resultó ser de Limuhummer, empresa vinculada con Pro Group, que presta servicios de guardias al servicio.

"Esto es inaceptable desde todo punto de vista. Particularmente refiriéndonos a un servicio local que ha atravesado situaciones muy complejas", dijo el ministro.

Cataldo indicó que la auditoría buscará determinar de dónde provinieron los fondos, si esas fuentes son legales y si se usó dinero público, "que hasta donde yo entiendo también, no habrían sido utilizados recursos públicos para ese fin".

Al menos en la limusina uno de los logos corporativos usados era el de la caja de compensación Los Andes, que en un comunicado aseguró que "no realizó aporte alguno, ni en dinero ni en especies, ni participó de ninguna forma en la actividad" y acusó que se usó su imagen sin su autorización.

En lugar de Mihovilovic asumió la jefa de la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico, Ximena Sanhueza.

La diputada Sofía Cid (Rep) cuestionó que "mientras hay salas en mal estado y hay proveedores sin pago hace meses, vemos al director del SLEP Atacama llegando en limusina a una fiesta institucional. ¿Dónde están las prioridades?". Ante ello solicitó a Contraloría que investigue la relación con las empresas.

Para el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, el festejo fue "totalmente desubicado" y "una falta de decoro mínimo de un SLEP que ha destacado por sus enormes carencias, en el que hay escuelas que prácticamente se caen a pedazos".

El Presidente electo José Antonio Kast pidió ayer replantear las prioridades en educación y puso énfasis en el proyecto de sala cuna universal y en los primeros años del ciclo escolar. Además, cuestionó la duración de las carreras.

En la ceremonia inaugural del Congreso Futuro 2026, Kast expresó que "estamos preocupados hoy día del resultado de las universidades. Pero ¿qué pasa con los niños en la primera infancia? ¿Qué pasa con los niños en el primer ciclo escolar? Hemos perdido mucho tiempo (...) ¿Se necesita hoy día que alguien tenga que estudiar cinco, seis, siete años para llegar a hacer realidad su sueño de tener un trabajo?".

En ese sentido dijo que si las carreras duraran tres años "tendríamos dos años para ayudar a niños a aprender a leer y escribir, tendríamos dos años de muchos recursos".

Añadió que se podría discutir "eternamente" en el Congreso el proyecto de Financiamiento de la Educación Superior (FES), pero "¿no será más importante el tema de la sala cuna? ¿No será más importante la educación de la primera infancia? ¿No será más importante el primer ciclo básico?".

En la misma instancia el Presidente Gabriel Boric dijo "le invito a que aprobemos el proyecto de sala cuna, que está en discusión de hace casi 20 años, casi 20 años, y que hoy día tenemos un consenso técnico con los equipos (...) Tenemos cuatro semanas, porque si no vamos a retroceder mucho. Aprovechemos, José Antonio, Presidente electo, de llegar a un acuerdo al respecto y sacarlo adelante".

La vocera Camila Vallejo también llamó a aprobar esta iniciativa.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, anunció ayer una modificación al proyecto de ley de reajuste al sector público, específicamente a la norma que pone estándares más altos para la desvinculación de funcionarios públicos, que ha sido criticado tanto por la oposición como en algunos sectores del oficialismo, por ser considerado un "amarre".

Con el fin de que la propuesta sea aprobada, Grau anunció que esta iniciativa, que un comienzo permitía que funcionarios que llevaran dos años en su cargo pudieran acudir a la Contraloría si consideraban que la no renovación del contrato o un despido era ilegal, será modificada y aplicará sólo a aquellos trabajadores con más de cinco años de antigüedad.

"Para que no se diga que el Gobierno está tratando de proteger a las personas que entraron a trabajar durante su periodo, vamos a dejar que el derecho a reclamo en la Contraloría sea solo para las personas que entraron al menos hace cinco años", dijo el secretario de Estado a radio Duna.

En ese sentido dijo que "sería difícil de entender que con toda este cambio no pudiéramos llegar a un acuerdo".

Pese al anuncio, el diputado Frank Sauerbaum (RN) dijo que se siguen oponiendo a la norma por considerarla "innecesaria". El senador Carlos Bianchi (Ind) dijo que con ello "quedan en la más absoluta desprotección los funcionarios públicos que llevan un año, 2, 3, 4 años".