Matías Gatica Lindsay

La Contraloría Regional de Valparaíso emitió cinco informes de auditorías que revelaron posibles irregularidades en la gestión de recursos públicos que se destinaron para enfrentar la catástrofe del megaincendio que afectó en 2024 a la Región de Valparaíso.

Según las auditorías, se detectaron pagos no acreditados, gastos improcedentes, sobreprecios y deficiencias en el control interno en la Delegación Presidencial de Valparaíso, en la Dirección Regional de Arquitectura de Valparaíso y en los municipios de Quilpué y Viña del Mar.

En el caso de la Delegación Presidencial, la Contraloría reveló que se realizaron pagos sin respaldo y el uso injustificado de trato directo por más de $586 millones en adquisiciones que se realizaron por la catástrofe. Ante ello se instruyó un sumario administrativo y se entregaron los antecedentes a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que tomen las acciones que correspondan.

Sobre ello, la delegación dijo que inició una serie de sumarios para "determinar eventuales responsabilidades y sanciones" y que ha mantenido una "plena disposición para entregar toda la información que sea requerida".

Por otra parte las fiscalizaciones a la Dirección Regional de Arquitectura, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, revelaron presuntos pagos indebidos por demoliciones no ejecutadas o parcialmente realizadas por más de $434 millones. Ademas se detectaron deficiencias en procesos de contratación y control interno y pagos no acreditados por más de $782 millones en adjudicaciones con sobreprecios y deficiencias en los respaldos en El Olivar.

En tanto, en el municipio de Quilpué se detectaron compras improcedentes como la de cocinillas sin certificación de seguridad; así como también fallas en la entrega de ayudas a damnificados y en la gestión del personal y proyectos destinados para la reconstrucción.

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti (RN), criticó la gestión de su predecesora, Valeria Melipillán (FA), quien era jefa comunal en ese entonces.

"Este informe de Contraloría sólo viene a corroborar lo que venimos denunciando desde nuestra llegada. Aquí hubo ineficiencia, inercia y desidia por parte de la administración anterior", aseguró Corti, quien pidió que "el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público persigan con rigor las responsabilidades individuales de quienes no actuaron con probidad, rectitud y honradez, características que debiera tener todo funcionario público (...) Aquí lo que comprobamos es que se jugó con el dolor de más de 1.700 familias damnificadas".

En tanto, la Contraloría detectó deficiencias en el Municipio de Viña del Mar, donde aseguró que hubo en el manejo de ingresos, gastos, donaciones y ayudas a damnificados entre febrero de 2024 y abril de 2025.

Sobre ello, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, dijo que muchas personas no tenían sus documentos porque se les habían quemado, pero que "la necesidad de entregar agua, materiales, comida y alimentos, era algo que no íbamos a dejar de hacer porque las personas no tuvieran un carnet de identidad o porque todavía no contaran con una Ficha Básica de Emergencia (FIBE)".

La municipalidad en tanto dijo que "las donaciones se entregaron en su totalidad". "En el informe no existe reparo alguno en el manejo de los recursos. Sólo se han identificado situaciones que deben ser mejoradas y subsanadas, lo que demuestra que la totalidad de los fondos se encuentra debidamente rendida", agregó.

El futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, dijo que las conclusiones del informe son "gravísimas" e "impresentables (...) como sabemos, esta reconstrucción ha sido un desastre". Además adelantó que "nosotros vamos a hacernos parte de esta investigación".

Transparencia Internacional entregó ayer los resultados de del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, el cual estuvo marcado por un descenso generalizado incluso en democracias consolidadas. De hecho 122 de los 822 países que se sometieron a la medición obtuvieron una puntuación menor a 50.

Este índice asigna una posicición a los diferentes países en base a las percepciones de corrupción en el sector público, usando datos de 13 fuentes externas, entre ellas el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, empresas privadas de consultoría y evaluación de riesgo, además de grupos de expertos.

En el caso de Chile, mantuvo el mismo puntaje que en la medición del año anterior. Pero, considerando el descenso de otros países, escaló una posición hasta el lugar 31° con 63 puntos y es el segundo mejor país de Sudamérica en este índice tras Uruguay que se ubica 17°.

El ranking lo encabeza Dinamarca con un puntaje de 89 puntos, seguido por Finlandia (88), Singapur (84), Nueva Zelanda (81), Noruega (81), Suecia (80), Suiza (80), Luxemburgo (78), Países Bajos (78) y Alemania (77).

En el final de la tabla se ubican Libia (13), Yemen (13), Venezuela (10), Somalia (9) y Sudán del Sur (9).

Luego que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) dio a conocer que los hogares tienen una deuda de $730 mil millones con las empresas de electricidad, el Gobierno propuso un proyecto para que se realice un cargo fijo de $1.450 al mes y que al 40% de las familias más vulnerables se les cubra con un subsidio. Ayer el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, se reunió con la futura ministra de la cartera, Ximena Rincón, quien dijo que "para el Presidente electo (José Antonio Kast) el tema de la transparencia en la fijación de tarifas y que las personas paguen el menor costo posible por energía es relevante. Vamos a revisar la propuesta" del Gobierno.