Matías Gatica Lindsay

La Fiscalía Nacional informó que abrirá una causa penal a partir de un informe de la Contraloría que reveló presuntas irregularidades en los fondos destinados para enfrentar la emergencia del megaincendio que afectó a la Región de Valparaíso en 2024. En concreto, el ente persecutor inició una investigación por demoliciones no ejecutadas o parcialmente ejecutadas por parte de la Dirección Regional de Arquitectura en el sector de El Olivar.

Según reveló la Contraloría, la Dirección Regional de Arquitectura realizó pagos indebidos por $434 millones por demoliciones que no se realizaron o se hicieron parcialmente y detectó deficiencias en los procesos de contratación, control interno y pagos no acreditados por más de $783 millones en adjudicaciones con sobreprecios y deficiencias en los respaldos.

Sobre ello ayer El Mercurio de Valparaíso reveló que la empresa San Nicolás SpA recibió 782.939.080 correspondientes a partidas como "cierre perimetral", "emparejamiento de superficie" e "instalación sanitaria", pero que no se acreditaron esos trabajos.

Ante ello el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, señaló que los "informes remitidos por la Contraloría dan cuenta de graves irregularidades en el proceso de demolición de las viviendas siniestradas (...) Atendida la gravedad de los antecedentes recibidos, y analizados estos desde la Fiscalía Nacional, que pueden constituir eventualmente delitos, fueron remitidos a la Fiscalía Regional de Valparaíso para el desarrollo de las diligencias y el éxito de la investigación".

En el informe de la Contraloría se revelaron presuntas irregularidades en los municipios de Viña del Mar y Quilpué y en la Delegación presidencial de Valparaíso, se habrían realizado pagos sin respaldo y el uso injustificado de trato directo por más de $586 millones en adquisiciones por la catástrofe.

Sobre este caso la exdelegada, quien estaba a cargo en ese momento, Sofía González dijo ayer en un comunicado que "tengo absoluta tranquilidad respecto de cada una de las decisiones adoptadas durante los primeros días y meses posteriores al megaincendio (...) actuamos con responsabilidad, rigor y estricto apego a los procedimientos establecidos".

Ayer la ministra Camila Vallejo criticó los dichos del futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien cuestionó la gestión del Gobierno en el megaincendio, por lo que lo acusó de querer hacer un "punto político", sin embargo aseguró que "la emergencia no debería justificar nunca irregularidades".

Debido a la crisis energética que vive Cuba a partir del bloqueo de petróleo que le impuso Estados Unidos, la ministra vocera de Gobierno Camilla Vallejo aseguró ayer que el Gobierno está evaluando enviar ayuda humanitaria a ese país, tal como lo solicitó en los últimos días el PC.

Vallejo dijo a radio ADN que "el Gobierno siempre ha estado dispuesto a ir en ayuda por razones humanitarias de pueblos que han necesitado, por situaciones de guerra, de invasiones, o incluso, en este caso, de bloqueos económicos que afectan, al final, no al sistema político, a quién dirige los sistemas políticos de esos gobiernos, sino que, finalmente, a las personas, y en eso hay siempre una evaluación".

"México está ya mandando ayuda y me parece muy positivo y necesario. Nosotros estamos en ese proceso de evaluación, en función de los recursos que estén disponibles y de las necesidades concretas de ayuda", agregó.

Sobre ello el diputado UDI Jorge Alessandri dijo que "si la ministra Vallejo está tan apurada de mandar ayuda humanitaria a Cuba, yo le diría: ¿A cambio de qué? ¿A cambio de que el régimen haga qué? ¿A cambio de que libere a presos políticos, a cambio de que llame a elecciones libres?".

El jefe de bancada de los diputados DC, Héctor Barría dijo que "hay que ayudar a los habitantes, al pueblo, a las familias de Cuba, pero que sea a través de organismos internacionales, no necesariamente tiene que hacerlo Chile de manera directa".

El biministro de Economía y Energía, Álvaro García se refirió ayer al proyecto de Ley que pretende impulsar el Gobierno para saldar la deuda de $730 mil millones que tienen los hogares chilenos con las empresas eléctricas debido al congelamiento de las tarifas entre 2020 y 2024. El Ejecutivo propuso que se realice un cargo de $1.450 al mes por 48 meses y que al 40% de familias más vulnerable se les cubra con un subsidio.

Luego de una reunión con el ministro, la futura titular de la cartera Ximena Rincón dijo que evaluarán la propuesta, ante lo cual García dijo a radio Cooperativa que "de no acogerla, va a significar que el 40% más vulnerable va a tener que pagar el conjunto del incremento tarifario, que es lo que nosotros queremos evitar (...) Esperemos que el próximo Gobierno entienda la justicia de esta propuesta".

García señaló además que "nosotros hemos diferenciado el pago de los hogares del pago de las empresas (...) los 1.450 pesos promedio sólo se refieren a personas, de tal manera que no hayan subsidios de personas hacia empresas", además aclaró que esta propuesta "no tiene ningún costo fiscal adicional, ya que lo que recauda el Estado por el efecto del alza en las tarifas eléctricas es mayor de lo que cuesta el subsidio".

Además García dijo a radio Pauta que a las personas con boletas sobre los $55 mil se le cobraría cerca de $2.000.