Matías Gatica Lindsay

Por decisión unánime, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó ayer la solicitud de desafuero ingresada por la Fiscalía contra el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, quien es investigado en el marco del caso ProCultura.

La solicitud del Ministerio Público pretendía que Orrego fuera desaforado para que así pudiera ser formalizado por el delito de fraude al Fisco, puesto que el ente persecutor asegura que el gobernador fue una pieza clave para que la fundación ProCultura se adjudicara una asignación presuntamente irregular por $1.600 millones.

La decisión de rechazar la solicitud fue comunicada por el presidente del tribunal de alzada, Fernando Carreño; mientras que la redacción de la sentencia quedó a cargo de la ministra Sandra Araya.

Sobre esta decisión, el abogado de Orrego, Ciro Colombara, señaló que la decisión "es satisfactoria para nosotros y para el gobernador (...) Ha quedado absolutamente claro con esta decisión unánime, contundente, en cuanto a que todos los ministros y ministras estuvieron de acuerdo en que aquí no ha habido conducta penalmente reprochable de ningún tipo".

Además, indicó que "desde nuestra perspectiva habrá un sobreseimiento definitivo (...) Probablemente la investigación siga adelante, y nos parece bien. De hecho, el Gobierno Regional es querellante respecto de ProCultura".

"Nos parece que en este caso concreto hubo un error gravísimo de la Fiscalía de Antofagasta al imputar una conducta inexistente al gobernador Claudio Orrego", agregó.

Por su parte el Gobierno Regional dijo que "valoramos la decisión del tribunal y manifestamos nuestra conformidad con el resultado, que ratifica que el gobernador regional, Claudio Orrego, no ha cometido delito alguno".

En la vereda contraria el fiscal Cristián Aguilar aseguró que "no conocemos el contenido de la sentencia, por lo tanto, no podemos definir pasos a seguir por ahora".

Durante la audiencia el fiscal dijo que hay antecedentes suficientes "tanto de la existencia del delito como de su participación. Entendemos que sí, hay concierto. Entendemos que sí, hay dolo. Entendemos que hubo perjuicio al Estado", dijo el persecutor, quien descartó que el rechazo de la cautelar de prisión preventiva contra el fundador de ProCultura, Alberto Larraín, haya incidido en este caso.

Renuncia de fiscal

Ayer T13 dio a conocer que el fiscal Eduardo Ríos, quien hasta hace poco lideraba la causa contra ProCultura, remitió una carta al fiscal nacional, Ángel Valencia, para comunicarle que dejaría su cargo como persecutor.

Ríos denunció en diciembre 2025 al fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios por maltrato laboral, pues aseguró que sufrió "hostigamiento, que no siempre se expresa con insultos o gritos, sino con aislamiento, desautorización, secretismo y confusión inducida, hasta que uno termina trabajando bajo presión constante y sintiéndose observado, marginado y reemplazable". Además señaló que tuvo diferencias sobre la forma en que se llevaba el caso contra ProCultura.

"En la segunda semana de diciembre de 2025 me entero de que, en noviembre, el DER y/o el Fiscal Regional le habrían pedido a la abogada asesora Natalia Cumming un informe del estado de ProCultura, con instrucción expresa de mantenerlo en secreto, es decir, deliberadamente a mis espaldas, aun cuando esa abogada trabajaba en un equipo a mi cargo", agregó Ríos, quien aseguró que "no tengo cómo interpretar eso de otra forma que como un control clandestino, una manera de obtener información 'por fuera' y medir o vigilar al equipo sin dar la cara, sin transparencia y sin respeto por la jefatura formal que yo ejercía".

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió ayer la solicitud de la defensa del abogado Luis Hermosilla -imputado por los delitos de soborno, delitos tributarios y lavado de activos el caso Audio-Factop- para que la fiscal a cargo de la causa, Lorena Parra, sea citada a declarar como testigo, esto luego que el penalista asegurara que ella no solo me mandó su currículum: me pidió que interviniera con ministros de la Corte que ella misma me indicó".

Sobre esta solicitud el fiscal Juan Pablo Araya señaló que "es una decisión del tribunal, analizaremos su fundamento y veremos la procedencia eventualmente de algún recurso, sin perjuicio de lo cual quiero dejar claro que esto a nuestro juicio, tal como lo hemos señalado en la audiencia, busca más que nada otros fines y eso nos deja muy tranquilos".

"Lo que se está pretendiendo de esa declaración no influye en nada en la imputación de fondo que ha hecho la Fiscalía en ninguno de los delitos y más específicamente en el hecho 14, que es donde se atribuye el tráfico de influencias (...) si bien el tribunal estimó pertinente esa declaración, nosotros creemos que con respecto al fondo del punto no va a producir ningún efecto ni va a mover la aguja hacia ningún lado".