Matías Gatica Lindsay

El Tribunal Oral en lo Penal de Cañete condenó ayer a los cuatro acusados por el homicidio del sargento de Carabineros, Carlos Cisterna, y los cabos Sergio Arévalo y Misael Vidal, quienes fueron emboscados en la madrugada del 27 de abril de 2024 en esa comuna.

Los jueces declararon a los hermanos Felipe, Yeferson y Tomás Antihuén como culpables del delito reiterado de homicidio calificado de carabinero y robo con violencia; mientras que a Nicolás Rivas, quien les facilitó el arma con que los otros imputados realizaron la emboscada, se le condenó como autor colaborador estos delitos.

Tomás Antihuén también fue condenado por porte ilegal de arma cuando fue detenido en marzo de 2025, arrojar elementos incendiarios y atentar contra la autoridades en julio de 2020; mientras que Yeferson Antihuén fue declarado culpable del delito consumado de robo con intimidación, porte y tenencia ilegal de arma de fuego, receptación de vehículo motorizado y como autor del delito de homicidio simple frustrado por un hecho ocurrido en marzo de 2023.

Todos fueron absueltos del delito de traslado de restos humanos.

El presidente del tribunal, el juez Marcos Pincheira, aseguró que las pruebas presentadas por la Fiscalía permitieron "formar convicción en el tribunal, más allá de todo un lugar razonable, sobre la existencia de parte de los delitos por los cuales se ha acusado a cada uno de los encartados y la definición de estos en los hechos respectivos".

La lectura de la sentencia, para la que la Fiscalía solicita las penas de presidio perpetuo calificado, quedó fijada para las 15:00 horas del jueves 26 de marzo.

"Para el Gobierno (la condena) tiene extremada importancia, no sólo por lo que implica el reconocimiento de culpabilidad de un alevoso crimen contra tres funcionarios policiales, sino por la forma y modo en que se ejecutó", señaló el ministro de Seguridad, Luis Cordero.

El suegro de Misael Vidal, Néstor Antillanca, dijo que el veredicto le daba "un poco más de tranquilidad", por lo que "esperamos que sea la condena máxima de los cuatro imputados por este daño que han causado a nuestra familia".

El crimen ocurrió cuando los carabineros fueron a controlar una medida cautelar en el sector Las Vegas. Allí fueron emboscados por los imputados, quienes asesinaron con disparos a uno de los funcionarios, luego les quitaron sus armas, con las que ejecutaron a los otros dos uniformados. Posteriormente transportaron sus cuerpos en el vehículo policial hasta el kilómetro la ruta P72S, donde incendiaron dicho vehículo con los restos adentro.

La PDI detuvo a 15 personas que habrían pertenecido a una agrupación criminal destinada al lavado de activos de dinero proveniente del narcotráfico, el que luego enviaban al extranjero.

Según detallaron desde la PDI, la banda la lideraba un ciudadano colombiano, quien tenía sus brazos operativo en Chile. Estas personas ocupaban diferentes tipos de empresas de fachada para ingresar dinero proveniente del narcotráfico, homicidios, estafas y otros delitos al sistema bancario formal, para luego enviar dichos fondos a Colombia.

El subprefecto de la PDI, Luis Navarrete, contó que "para cumplir el objetivo esta organización criminal utilizaba distintos tipos y maniobras de lavado de activos, como por ejemplo establecer una red de sociedades de pantallas que le permitía a través de botillerías, un salón de belleza, una empresa de remesas de dinero y un centro deportivo, poder inyectar estos dinero de procedencia ilícita" a los bancos.

En el caso del centro deportivo, éste fue clausurado en febrero del año pasado luego de un homicidio, sin embargo seguía registrando actividad tributaria y utilidades, lo que permitió a través de un análisis tributario detectar las actividades ilícitas de esta banda.

De esta manera la PDI detuvo el 26 de febrero a 12 ciudadanos colombianos y tres chilenos, quienes enfrentarán cargos por asociación criminal, lavado de activos y algunos de ellos por Ley de Armas y Ley de Drogas.

En el operativo se incautaron más de $800 millones en efectivo, de los cuales $200 millones se contabilizaron en monedas de oro, además de vehículos y otras especies. Según el fiscal Héctor Barros, desde 2019 la banda a través de estas empresas movió $83 mil millones proveniente de delitos.

El fiscal precisó que el líder de la banda está en el extranjero y que realizan diligencias para dar con su paradero.

Un adolescente de 14 años fue encontrado amarrado y calcinado en Arica, hecho que es indagado como un presunto ajuste de cuentas por narcotráfico, de acuerdo a lo informado por la Fiscalía.

Según reveló T13, el cuerpo del menor de edad, de iniciales B.O.R., y que recientemente había escapado desde una residencia de Mejor Niñez, fue encontrado el 16 de febrero en el sector de Las Llosyas, sin embargo recién el lunes se conocieron nuevos antecedentes del caso.

El fiscal Mario Carroza reveló que el cuerpo del adolescente, quien falleció por asfixia mecánica por ahorcamiento, "no estaba enterrado, ni en otras circunstancias donde se hubiese intentado ocultar su cuerpo. Simplemente se calcinó el cuerpo y hubo personas que lo vieron, dieron cuenta a la policía e iniciamos a partir de ese momento la investigación".

Además, indicó que "la forma de su muerte da cuenta de lo que muchas veces se define como un ajuste entre organizaciones delictuales", por lo que un enfrentamiento entre bandas de narcotráfico sería la principal hipótesis tras el crimen.

"Nos estamos enfrentando a algo que va mucho más allá de la capacidad que tiene el Servicio de Protección de Menores", señaló Claudio Castillo, director de la entidad de la que huyó la víctima.

En la mañana de ayer personal municipal demolió una casa ligada al narcotráfico ubicada en el sector de Villa Galvarino, en Peñalolén, la cual habría sido utilizada por personas en situación de calle para abastecerse de drogas. En el operativo también participó Carabineros y el alcalde de la comuna, Miguel Concha, señaló que esta vivienda era "un verdadero mall de droga (...) Se acabó el control territorial de estos tipos en esta zona".