Matías Gatica Lindsay

El Gobierno retiró de tramitación del Congreso el proyecto que pretendía incorporar la negociación colectiva multinivel, también conocida como negociación ramal; y también sacó de trámite en Contraloría 43 decretos relacionados con el medio ambiente, ambos ingresados por la administración de Gabriel Boric.

En un oficio a la Cámara de Diputados, el Presidente José Antonio Kast retiró la negociación ramal ingresada en enero y que pretendía que trabajadores y empleadores acordaran estándares mínimos en condiciones de trabajo, salud y seguridad laboral.

El diputado Juan Santana (PS) acusó al Gobierno de querer "instalar la ley del embudo. Ancho para los empresarios y restringido para los trabajadores". "La señal que da este Gobierno es que no le interesan los trabajadores", agregó el PC Boris Barrera.

Kast les retrucó que "tenemos 850.000 personas sin trabajo formal. ¿La negociación ramal es urgente hoy día? Nosotros creemos que no".

Ayer también, el subsecretario de Medio Ambiente, José Ignacio Vial, envió un oficio a Contraloría para retirar del trámite de toma de razón 43 decretos supremos ingresados por el expresidente Boric. Entre ellos destacan la creación de los parques nacionales "Salar de Gorbea" y "Mar de Juan Fernández"; la declaración como monumento natural al pingüino de Humboldt; y el plan de recuperación, conservación y gestión de las ranitas de Darwin, ambas en peligro.

Vial dijo que se hizo como parte del "plan de auditoría interna del Gobierno" y acusó que la administración saliente "ingresó a tramitación 21 decretos los primeros días de marzo, de los cuales 13 ingresaron el 10 de marzo".

La exministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, dijo a TVN que no es algo "habitual" y que "uno puede revisar uno por uno, pero retirarlos todos, no lo es". Ante lo tardío de los ingresos, explicó que la mayoría se trata de reingresos ante consultas con Contraloría. Añadió que los nuevos fueron los parques marítimos de Juan Fernández y actualizaciones de material particulado y emisiones de aguas.

Kast dijo que entendía la preocupación, "pero los invitaría a ver qué es lo que la ciudadanía requiere: crecimiento, cuidado del medio ambiente, pero sobre todo empleo, y esto apunta en esa línea". Rojas retrucó que "el desarrollo del país va de la mano del medio ambiente", y dijo que espera que se cumpla lo dicho y el nuevo Gobierno los "reingrese prontamente".

La presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio, Susana Jiménez, le pidió al Gobierno eliminar los feriados irrenunciables.

Luego de reunirse con el ministro del Trabajo, Tomás Rau, la representante dijo que "nos preocupa que haya feriados irrenunciables. Lo cierto es que eso genera una merma muy importante, no solo para la actividad del comercio, también para sus colaboradores, y genera incentivos para que, finalmente, la preferencia de consumo de las personas se canalice a través de la informalidad".

Por ello planteó que "se elimine la irrenunciabilidad de esos feriados, de aquellos que existen y no se asumen otros nuevos"; y agregó que "los propios colaboradores muchas veces así lo requieren porque son días de mayores ventas y eso también redunda en sus propias remuneraciones. Y por lo tanto, nosotros abogamos porque se elimine la irrenunciabilidad de esos feriados".

Esto se da luego de que el cardenal Fernando Chomali dijera a 24 Horas que ante el Viernes Santo venidero, que no es irrenunciable, "se me han acercado muchos sindicatos que están muy preocupados porque los están presionando mucho para que vayan a trabajar, y me parece que es una miopía de parte de las grandes empresas impresionante (...) Quienes van a trabajar son los más pobres".

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), David Acuña, criticó la idea. "¿Van a seguir planteando anuncios de quitar derechos? ¿En qué vamos a terminar?", se preguntó.

La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió ayer a trámite un recurso de casación presentado por el Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales de Totoralillo Norte en contra de la sentencia que el mismo tribunal dictó el 20 de febrero, la cual anuló lo resuelto por el Primer Tribunal Ambiental respecto del proyecto minero-portuario, Dominga.

Ante la acción judicial del gremio, que busca que de desarrolle este proyecto, el tribunal señaló que los recursos fueron interpuestos "en tiempo y forma".

"Suspéndase la ejecución de la sentencia (...) en tanto se encuentren pendientes los recursos de casación pendientes", señaló la resolución que aludió a riesgos de efecto irreversibles si es que el fallo se ejecuta antes de un pronunciamiento definitivo.

Con ello se restableció la vigencia de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto Dominga y se ordenó elevar el caso a la Corte Suprema para que se pronuncie sobre la sentencia emitida anteriormente, y que podría dar luz verde para que la iniciativa que se pretende realizar en La Higuera se desarrolle luego de más de 10 años de tramitaciones.

El presidente del sindicato, Raúl Julio, dijo que "estamos cansados de la incertidumbre y la espera. Los tribunales ya establecieron que el proyecto cumple con la norma ambiental".