Matías Gatica Lindsay

Ad portas de un anuncio mayor sobre los cambios que se realizarán al Mecanismo Estabilizador del Precio de los Combustibles (Mepco), ayer el Gobierno dio a conocer que modificará desde tres a cuatro semanas el cálculo de valor de paridad de importaciones de combustibles con un tope en torno a los $30.

Vía decreto el Ministerio de Hacienda publicó ayer en el Diario Oficial la variación en el parámetro del Mepco, el cual detalló que "el número de semanas para calcular el precio de paridad de importación de los combustibles gasolina automotriz, petróleo diésel vehicular y gas licuado de petróleo vehicular será de cuatro semanas, para los precios que se establezcan al menos durante las próximas cuatro semanas, a partir del día jueves 26 de marzo de 2026".

La publicación agregó que "resulta necesario determinar el número de semanas para el cálculo del precio de paridad de importación de los combustibles (...) de conformidad al inciso séptimo del artículo 2° de la Ley N° 20.765 y su reglamento".

El cambio no fija de manera directa un alza o una baja, pero sí incide en una variable central del sistema usado para determinar el precio referencial de los combustibles.

Esta es la primera medida que toma el Gobierno en medio de un alza de los combustibles a causa de la guerra en Medio Oriente y luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que el Mepco genera un gasto cercano a los US$200 millones semanales al Estado, por lo que aseguró que si se modifica permitiría que las variaciones internacionales se vean reflejadas de forma más rápida al mercado local.

De esta manera con el cambio de semanas al Mepco el sistema reaccionaría de forma más lenta a los cambios desde el extranjero. De todas formas esta medida no alerta las fechas en las que se anuncian los cambios.

Alza sobre los $400

Para anoche se esperaba que Quiroz entregara más detalles sobre los cambios. Temprano, el presidente de la Confederación de Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya, dijo a 24 Horas que en una reunión el ministro les anticipó que "iba a ser un alza de un sólo orden, no parcial como le planteamos nosotros" y que los "combustibles en general" subirían "sobre los $400".

El dirigente indicó que el combustible representa el 40% del valor del flete y su alza provocaría un "desequilibrio inmediato", sobre todo en las pymes, que aseguró son el 80% de los camioneros. "Nos preocupa porque no tenemos la capacidad para mantener los precios", señaló.

Por su parte, la Asociación de Buses Interurbanos (ABI) calculó que cada $100 de aumento en el precio del combustible el costo directo de viajes largos en el país podría subir en aproximadamente $1.000 y si se suman otros gastos podría ser hasta de $2.000 por pasaje.

El senador Rodolfo Carter (Ind-Rep) defendió la medida del Gobierno y dijo a radio Infinita que "en Chile nos acostumbramos a vivir del subsidio, a una falsa sensación de seguridad frente a alzas del petróleo" y aseguró que en la situación global actual "el país no tiene reservas para poder enfrentar esta crisis económica internacional".

Por su parte la diputada PDG Tamara Ramírez avisó que "sabemos que el alza podría desatar una escalada inflacionaria, por eso proponemos cobrar el impuesto específico a las mineras y a las aerolíneas, así reducimos el impuesto a la ciudadanía (...) No permitiremos que la clase media pague los altos costos del alza internacional".

El diputado del Partido Nacional Libertario (PNL) Hans Marowski, anunció ayer que impulsarán una acusación constitucional contra la exministra de Salud, Ximena Aguilera. Esto luego de que la Contraloría detectó que hubo llamadas de su jefe de gabinete a directores del hospital al que fue llevada su madre tras una fractura de cadera.

"Nosotros ya hemos evaluado la situación de la exministra Aguilera y hemos decidido como bancada acusar constitucionalmente a la ministra", dijo el parlamentario. "Vamos a salir a recopilar las firmas. Nosotros entendemos que ya deberíamos tener las firmas que se necesitan para acusar a la exministra (...) por, básicamente abusar de su puesto, por la ley de probidad, y por la obligación que tenía si es que ella supo lo que estaba pasando, de denunciar a su asesor por haber violado sus deberes constitucionales", añadió.

"Aquí murió una persona en razón de que se levantó un teléfono y se saltó una lista de espera", dijo por su parte el diputado y presidente del PNL, Johannes Kaiser.

Por su parte, la UDI llevó los antecedentes del caso al Ministerio Público por un presunto tráfico de influencias. "Aquí hay hechos que tienen que ser investigados por la justicia. No puede haber ningún chileno sobre otro", dijo su diputado, Daniel Lilayu.

El diputado PS Raúl Leiva admitió que hubo "un llamado, pero no hay ningún conexión directa respecto de la intervención personal de la ministra"; mientras que la presidenta del FA, Constanza Martínez, añadió que la investigación debe seguir su curso, pues "acá no hay ninguna defensa corporativa".