Leo Riquelme

Una fiscalización de la Contraloría General, efectuada con antecedentes proporcionados por la Superintendencia de Casinos de Juegos (CSJ), identificó que 910 funcionarios públicos y municipales apostaban en este tipo de locales, a pesar de que por sus ocupaciones tenían la prohibición de hacerlo. En 181 de esos casos el organismo derivó los antecedentes al Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) porque sospecha que incurrieron en delitos.

La indagatoria consideró antecedentes de entre enero de 2024 y junio de 2025. En ese lapso los funcionarios apostaron en total 11.490 millones de pesos. De ese total, 181 apostaron el 96,8% de ese monto, es decir, $11.118 millones.

"En estos casos, las sumas apostadas no se condicen con el nivel de sus remuneraciones", dijo el organismo en un comunicado.

Los 10 funcionarios que jugaron las mayores cantidades de dinero en casinos fueron un suboficial de la Fuerza Aérea ($1.040 millones), un directivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil ($622 millones), un oficial administrativo de la Tesorería General de la República ($507 millones), un funcionario con cargo de jefatura en la municipalidad de San Ramón ($362 millones), un fiscalizador de la Dirección del Trabajo ($314 millones), un directivo del municipio de Puerto Montt ($279 millones), un profesional del Servicio de Gobierno Interior ($245 millones), un oficial de Carabineros ($209 millones), un profesional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles ($205 millones) y un inspector de la municipalidad de Concepción ($198 millones).

Carabineros fue la institución que tuvo más funcionarios con veto que vulneraron la disposición y acudieron a apostar a estos locales, con 18 agentes.

Además de derivar los antecedentes a la Fiscalía y el CDE en los casos más graves, la Contraloría dispuso que los servicios públicos afectados abran procedimientos sancionatorios a los implicados.