Matías Gatica Lindsay

La Contraloría dio a conocer ayer nuevos casos de usos irregulares de licencias médicas por parte funcionarios del servicio público. En este caso se revelaron 6.311 casos en que empleados fiscales que estaban con reposo desempeñaron de todas formas labores en el sector privado.

En la cuenta pública del órgano fiscalizador la contralora Dorothy Pérez dio a conocer que un nuevo informe detallará las situaciones de "personas que justificaron su inasistencia en el sector público. No podían venir a trabajar a los municipios, a los servicios de salud a los ministerios, pero sí podían trabajar en el sector privado".

Pérez comentó que "detectamos 6.311 casos de personas que estaban recibiendo al mismo tiempo renta por actividad que hicieron en ese periodo en dos o en tres trabajos. Pero a los privados podían ir, ahí no presentaron licencia y a los públicos sí podían aceptarse".

La fiscalización es parte de la ofensiva contra el mal uso de licencias en el sector público revelada en mayo de 2025. Ayer la contralora señaló que han identificado 55.933 casos irregulares, que incluyen viajes al extranjero, con más de 25 mil, y otras conductas de funcionarios públicos incompatibles con el reposo.

Pérez dijo que en el marco de la recuperación de fondos del Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL), para los casos de licencias médicas se han rechazado un 96% de las solicitudes de condonación y que a su vez por estos más de 55 mil casos de licencias médicas presuntamente irregulares se realizaron a la fecha 13.074 sumarios, que se informaron en el Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD).

De todas formas advirtió que 723 entidades aún no reportan avances en los sumarios y 344 de ellos ya terminaron. "93 funcionarios fueron destituidos en esos procedimientos y 77 personas fueron cesadas en su cargo por término de contrato", precisó.

Asimismo, dijo que una vez que se conocieron estos casos "más de 1.000 personas renunciaron durante la primera semana", por lo que "se fueron sin responsabilidad administrativa".

Ante esta situación llamó a avanzar en cambios legales. "Pedimos a las autoridades colegisladoras que evalúen dar urgencia a la tramitación de un proyecto de ley que está en la comisión de Gobierno Interior actualmente y que faculta a la Contraloría a sancionar a los funcionarios (…) cuando han renunciado y durante los seis meses siguientes", señaló.

El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, y Carabineros dieron a conocer ayer el plan de contingencia para el feriado de Semana Santa, por el cual se espera que más de 450 mil vehículos salgan de Santiago a regiones.

Como ya es habitual en este tipo de feriados, el Gobierno anunció un "peaje a luca" en distintas carreteras. De esta manera se rebajará el monto a $1.000 a vehículos livianos el jueves 2 de abril entre las 07:00 y las 13:00 horas en la Ruta 68 (Peajes Lo Prado y Zapata, en dirección a la costa); en la Ruta 5 Sur (Peaje Angostura, en ambos sentidos); y en la Ruta 5 Norte (Peaje Las Vegas, en ambos sentidos).

La medida se repetirá el viernes 3 entre las 07:00 y 10:00 horas en los mismos peajes de la Ruta 68 y Ruta 5 Norte; mientras que para el retorno la misma medida aplicará entre las 07:00 y las 12:00 horas en la Ruta 68 (peajes Lo Prado y Zapata, en dirección a Santiago); Ruta 5 Norte (peaje Las Vegas) y en la Ruta 5 Sur (Peaje Angostura, en ambos sentidos).

Adicionalmente habrá tarifa rebajada de un 50% para camiones de dos o más ejes entre las 00:00 y las 7:00 horas en esos tres peajes durante el jueves, el viernes y el domingo; mientras que se anunció la restricción de tránsito para camiones en esas rutas entre las 12:00 y las 19:00 horas del jueves y las 9:00 y 15:00 horas del viernes. Para el retorno del domingo la medida se aplicará entre las 12:00 y las 19:00.

El ministro informó que "tendremos más de 1.000 funcionarios desplegados en todas las rutas del país, con el apoyo de grúas, ambulancias y vehículos de asistencia vial".

Los principales gremios del transporte de carga se reunieron ayer en La Moneda con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, para abordar el impacto provocado por el alza de los combustibles efectuado la semana pasada por el Gobierno. Pese a una afectación para los trabajadores del sector, principalmente por el aumento del precio del diesel en $580,3 por litro, el rubro descartó paralizar.

A la cita asistieron la Confederación de Dueños de Camiones de Chile, ChileTransporte, Agetich y la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC). El presidente de esta última, Sergio Pérez, aseguró a la salida que las cuatro confederaciones llegaron a un acuerdo para "pedir al Gobierno, primero, que se actualice el Índice de Costo al transporte (ICT); (y) que se ponga en práctica un canal de denuncia para aquellos generadores de carga porfiados que no quieren entender que deben trasladar a tarifa los nuevos valores del petróleo".

El dirigente descartó una paralización. "Este problema no se resuelve con algunos cantos de sirena por ahí que dicen que hay que parar, que yo no sé qué vamos a lograr, qué solución podríamos tener si detenemos el abastecimiento a la nación", señaló.

El presidente de la Confederación de Dueños de Camiones de Chile, Juan Araya, dijo que las alzas para el sector son del 61% y que "corresponde que sean traspasadas al generador de carga, que son clientes de los transportistas".