Leo Riquelme

Con daños en la inspectoría y el patio resultó ayer el Liceo José Victorino Lastarria, en Providencia, donde encapuchados lanzaron bombas incendiarias. El hecho, sumado a otros actos de violencia escolar de la última semana, llevó ayer al Gobierno a anunciar un proyecto para aumentar las penas para quienes cometan delitos al interior de establecimientos.

"Este es un hecho gravísimo, no es cometido por estudiantes, sino que digamos lo que son: delincuentes", dijo la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quien indicó que el proyecto será "para que los que quieren realmente estudiar y trabajar en paz, lo puedan hacer porque es un derecho", agregó.

Según el municipio, los incidentes fueron protagonizados por tres estudiantes encapuchados. "Tenemos identificado a uno", dijo el alcalde Jaime Bellolio, quien anunció la presentación de una querella y la aplicación de la Ley Segura "para la expulsión inmediata" de quienes sean responsables.

La autoridad UDI admitió que tiene sospechas sobre quiénes están detrás de estos desmanes. "La verdad es que los grupos de ultraizquierda y anarquistas son los que comúnmente hacen este tipo de delitos", acusó.

"Vamos a proteger la educación pública… Frenar este tipo de violencia también necesita contundencia", agregó el delegado presidencial, Germán Codina, quien pidió un repudio transversal.

En ese sentido, el gobernador Claudio Orrego abogó porque "de una vez por todas se investigue no solamente a los menores que están involucrados en estos hechos, sino que probablemente a los adultos que los instigan".

Más tarde también hubo incidentes en el Instituto Nacional, que dejaron a dos jóvenes de 18 y 16 años detenidos por lanzar molotovs. Temprano, el Presidente José Antonio Kast comentó que buscarán que los apoderados de los colegios firmen los reglamentos escolares de sus hijos para hacerse corresponsables de sus actos.

"Cuando vemos la evolución de cómo nosotros hemos planteado siempre el tema del respeto, la disciplina, no siempre hemos encontrado la colaboración de actores relevantes, como pueden ser algunos gremios", dijo aludiendo al Colegio de Profesores.

Un departamento arrendado a través de una aplicación por parte de una pareja de Calama y su hija fue escenario de un asesinato en la noche del lunes en Las Condes. En él, un hombre de 33 años mató a puñaladas a su esposa, de 31, y luego, apesadumbrado, le solicitó a una residente del edificio que se topó en ascensor que le cuidara a su hija, pues pretendía suicidarse.

El crimen ocurrió a las 20.30 horas en calle República Árabe de Egipto, al que la pareja había llegado a alojarse para realizarse exámenes médicos en la capital. Por causas que se desconocen, el individuo le enterró un cuchillo en el cuello a su mujer, lo que le causó la muerte en el mismo lugar.

Funcionarios de Carabineros y Seguridad Municipal acudieron ante una denuncia que se hizo por varios canales a la vez, según relató la Fiscalía y la mujer a la que el homicida le pidió ayuda.

"Lo vi muy ido, se veía afectado por algo", contó la testigo. "Se me acercó y me pidió cuidar a su bebé: le digo que sí, pero solo por un rato (...) Me dijo que por favor se la cuide, porque acababa de pelear con su esposa, la mató y se quería ir a matar".

La mujer estima que pasaron unos cinco minutos y regresó por la niña. "Me dijo que mejor no, que buscara ayuda porque se quería entregar", añadió.

La fiscal Andrea Contreras indicó que la idea inicial del femicida era lanzarse al vacío, pero tras arrepentirse intentó sin éxito llamar al 133 de Carabineros, por lo que contactó a su jefe y le solicitó que lo denunciara a Seguridad Municipal.

En prisión preventiva dejó ayer el Tribunal de Garantía de Calama a Hernán Meneses, el alumno de 18 años que mató a la inspectora María Victoria Reyes y dejó gravemente heridos a una funcionaria y dos alumnos del Liceo Silva Lazaeta.

El fiscal jefe de Calama, Eduardo Peña, contó que mantenía un cuaderno con un detallado plan de acción, que tituló "Día de Furia".

En él habían mensajes de odio y desprecio a la especie humana, y planteaba además que atacaría a niños de primero básico, por tratarse de "blancos fáciles y puros", aunque adelantaba que agrediría a "quien se cruce".

La defensa de Meneses lamentó el crimen, pero reiteró que solicitará que al imputado se le realicen nuevos peritajes por parte del Servicio Médico Legal (SML) para conocer su salud mental, pues plantea que padece un cuadro de esquizofrenia. En la formalización se expusieron reportes de Gendarmería, pero el tribunal estimó que no era suficiente como para acreditar una inimputabilidad, como pretendía su abogado.

Apoderados presentes en la audiencia rechazaron esta tesis, pues aludieron a la exhaustiva planificación que hizo del ataque.

La familia de la paradocente que permanece en riesgo vital, Haydée Moya, dijo que no descansará hasta que la trabajadora se recupere y pueda atestiguar contra Meneses.