Matías Gatica Lindsay

El Presidente José Antonio Kast se reunió ayer con su par argentino Javier Milei y tras la cita se refirió a la situación del exfrentista Galvarino Apablaza quien iba a ser detenido la semana pasada para ser juzgado en Chile por el asesinato del senador Jaime Guzmán, pero no fue encontrado en su casa y ante una posible fuga el gobierno de Argentina puso una recompensa de 20 millones de pesos locales por información para hallarlo.

Tras la cita Kast dijo que "al presidente Milei le hice mención de esto, primero agradeciéndole que en sus años de gobierno se ha avanzado más que en varios años anteriores. Y estoy seguro, como lo dije, que tarde o temprano el prófugo Apablaza va a tener que rendir cuenta ante la justicia".

Kast se refirió también a la solicitud que realizó ayer al Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas (ONU) el abogado de Galvarino Apablaza, Rodolfo Yanzón, para frenar la detención con fines de extradición, puesto que argumentó que esta "responde a cuestiones políticas", por lo que "cualquier proceso judicial en su contra carece de garantías de debido proceso". En ese sentido el abogado pidió que, "de manera cautelar, se ordene al gobierno argentino se abstenga de enviarlo a Chile por el riesgo evidente de sufrir tortura y penas crueles".

Kast respondió que "todas esas acciones judiciales o recursos no hacen más que ratificar que es alguien que quiere evadir la justicia, porque si habla de que tiene temor de ser torturado o algo, quiere decir que están tergiversando la verdad".

"Chile tiene un sistema judicial que es reconocido a nivel mundial, salvo por el abogado del señor Apablaza y el señor Apablaza mismo, que se da a la fuga. Hoy es un prófugo de la justicia (...) En Chile sabemos que hay justicia y va a tener un juicio justo y la condena que corresponda a alguien que fue el autor intelectual del asesinato de un senador en democracia", agregó.

Además, agradeció que el gobierno trasandino "haya puesto una recompensa (…) Le pedimos a cada ciudadano argentino y a cada persona que tenga un antecedente sobre este prófugo, que informe a la policía para que esa persona sea extraditada y pueda tener un juicio (...) Hacerle un llamado también, a aquellos que se dicen demócratas en Chile, que no traten de defender a esta persona, a un prófugo de la justicia".

El fiscal nacional, Ángel Valencia, dijo a radio Infinita que si bien el Ministerio Público no tiene participación en este caso, su opinión es que "es altamente probable que su abogado sea un abogado defensor diligente y hubiera mantenido más o menos al tanto a su cliente y advertido lo que podía ocurrir", es decir, que iba a ser detenido.

A trs semanas del hecho, el director general de la PDI, Eduardo Cerna, asumió ayer la responsabilidad por la remoción de la exsubdirectora de Inteligencia, Consuelo Peña, con lo que descartó que fuera gestada por la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, debido a que Peña ordenó el traslado de detectives cercanos a la exfiscal de Tarapacá ante sospechas de falta de probidad.

En la comisión de Seguridad Pública, Cerna dijo que la Ley Orgánica de la PDI establece que "el director general ejerce la dirección y la administración de la institución", por lo que "quien toma las decisiones de la PDI es este director general".

Sobre el motivo de la salida de Peña, dijo que el artículo 92 del estatuto "establece que el personal que cumpla 30 años de servicio efectivo deberá elevar su solicitud de retiro, siendo facultativo del director general darle curso o no, sin expresar causa para ello (...) Al momento de cursar su solicitud de retiro, la prefecta general contaba con más de 36 años de servicio en la PDI y nuestra normativa institucional establece que la carrera de los oficiales policiales podrá prolongarse como máximo hasta los 38 años de servicio".

De esta manera dijo que "el retiro se ha llevado a cabo respetando el marco normativo vigente y con la intervención de las autoridades legalmente facultadas para ello".

A la cita iba a asistir Steinert, pero estuvo de gira por Argentina con el Presidente José Antonio Kast, quien la respaldó "plenamente" y dijo que Cerna "ejerció las atribuciones que le corresponden".

El presidente de Banco Estado, Mario Farren, junto al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunciaron ayer que a partir del 15 de abril se eliminará el cobro de $300 por transferencias electrónicas desde la CuentaRut hacia cuentas de otros bancos.

De esta forma, y tal como pasa entre cuentas de Banco Estado, las transferencias hacia otros bancos serán gratuitas, lo que beneficiarás a más de 15,5 millones de personas que usan la CuentaRut. De todas maneras se mantendrá el cargo de $300 por giros en cajero, los $100 por consulta de saldo y $1.000 por reposición de tarjeta por extravío o robo.

"Creemos que esto es algo que lo posiciona en el liderazgo de los medios de pago masivo y lo hace tremendamente competitivo con un mercado que se ha ido modernizando a pasos agigantados", dijo Farren, quien agregó que con ello buscan "facilitar las transacciones e impulsar el uso de medios digitales para los pagos, y creemos que esta es la forma de hacerlo con productos que ya han alcanzado una madurez importante".

Quiroz dijo que "es muy satisfactorio ver que es posible avanzar en estas medidas, las cuales no son aisladas y en donde el banco hace un esfuerzo, en un contexto donde todos estamos trabajando para que los recursos vayan donde más los necesiten (...) Las instituciones se fortalecen cuando son capaces de seguir mejorando y brindando un mejor servicio a todos".