El Presidente Gabriel Boric presentó ayer en el Palacio de la Moneda dos proyectos para enfrentar la "permisología" y así destrabar la burocracia estatal para facilitar iniciativas de inversión en el país.

Estos proyectos son la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, también conocida como Sistema Inteligente de Permisos, que busca acelerar el proceso de obtención de permisos sectoriales; y la reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, denominada también Evaluación Ambiental 2.0., mediante la que se pretende eliminar el comité de ministros y las Comisiones de Evaluación Ambiental dejando sólo en manos del Servicio de Evaluación Ambiental la aprobación o rechazo de proyectos.

"En promedio los tiempos totales de tramitación sectorial, si logramos aprobar este ambicioso proyecto de ley (de permisos sectoriales), se debieran reducir en más de un tercio y especialmente para las empresas de menor tamaño que debieran reducir sus plazos para obtener los permisos a la mitad", dijo el mandatario.

El jefe de Estado agregó que el proyecto "incorpora medidas como plazos máximos, el uso del silencio administrativo, el exigir un examen de admisibilidad, simplificar el proceso para proyectos más pequeños de menor riesgo y la apertura de una ventanilla única (...) por ejemplo, para un restaurante barrio. Si todo esto logramos sacarlo adelante el cálculo que hicimos con los equipos es que el tiempo de los permisos disminuiría un 60%".

Boric pidió además que "no haya espacio para rencillas ni dilaciones" y que "estos proyectos se transmiten con celeridad en el Congreso".

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que gracias a este proyecto la estimación de la Comisión del Comité de Expertos es que "se podría incrementar el nivel del PIB en un 2,4% al cabo de 10 años (...) (Y) en la medida que aumente el nivel de producto, también aumenta el nivel de ingresos fiscales en alrededor de un 0,3% del PIB".

Sobre el proyecto, el exministro de Hacienda de Sebastián Piñera, Felipe Larraín, dijo a Emol que "me parece un verdadero aporte a mejorar la permisología en Chile"; mientras que el también extitular de esa cartera, Ignacio Briones (EVO), señaló en su cuenta de X que es "una excelente iniciativa que sólo vale apoyar".

La subdirectora de Campañas Greenpeace Chile, Estefanía González, dijo que "aún estamos analizando los alcances de las modificaciones legales propuestas. Nos preocupa que estos anuncios se hicieron justo después de las reuniones que 6 ministros de gobierno tuvieron con representantes del sector industrial".

Matías Gatica Lindsay

La Comisión Nacional de Energía (CNE) aprobó el Informe Técnico Definitivo de Fijación de Precios de Nudo Promedio del Sistema Eléctrico Nacional, el cual anticipa que el precio de las cuentas de la luz en el país tendrán un aumento de entre un 8,21% y un 88,43%.

Según señalaron desde la CNE, en el caso de los clientes que consumen hasta 350 kWh mensuales, segmento en el que se encuentran un 90% de los usuarios, el aumento será de un 8,21%; para aquellos que consumen entre 350 y 500 kWh al mes el alza será de un 11, 55%; y para quienes usen más de 500 kWh el incremento será de un 88,43%.

"Los cargos determinados en esta ocasión por el mecanismo MPC responden a la actualización a la fecha de este informe técnico definitivo de la proyección de acumulación y pago de los saldos finales originados en la ley N°21.472 estimados en el informe técnico preliminar, por lo que el grupo de mayor consumo (G3) deberá asumir el pago de dicho cargo una vez que sea publicado en el Diario Oficial el respectivo decreto tarifario, del cual el presente informe técnico constituye un antecedente", señalaron desde la CNE.

Para ayudar a enfrentar el alza de las cuentas, el ministro de Energía, Diego Pardow, dijo que la próxima semana presentarán un proyecto de ley en el Congreso.

"Estamos trabajando con el Senado y la Cámara de Diputados para reformar la ley vigente y evitar este tipo de alzas tan significativas y conseguir hacer este ejercicio de acercar los precios que pagan las instituciones a los costos reales de producir la energía de manera progresiva y razonable y, en conjunto con ello, presentar un subsidio para las familias más vulnerables", dijo el secretario de Estado.

"Si conseguimos que este proyecto sea tramitado de manera razonable, para lo cual tenemos el compromiso de ambas partes, efectivamente no sería necesario materializar las alzas que menciona el informe", agregó Pardow.

Previo al anuncio, el senador RN Rafael Prohens dijo que "el Gobierno se comprometió a ingresar un proyecto de ley para subsanar la situación y esperamos que el retraso no se deba a la falta de conversación con el ministro de Hacienda, quien dijo que tenía 20 millones de dólares anuales para subsidios eléctricos a las familias más vulnerables durante tres años".

Por su parte, el senador PS Juan Luis Castro señaló que "el alza de las tarifas eléctricas constituye un verdadero tiro de desgracia a 850.000 familias vulnerables, entre las cuales se consideran todas las pymes y también los hogares de alto consumo".

El fiscal nacional Ángel Valencia rechazó la solicitud presentada por la defensa del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien pidió a la fiscalía inhabilitar al fiscal Xavier Armendáriz, quien lleva a cabo una investigación contra el uniformado, a quien formalizará el 7 de mayo por el delito de omisión en apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio en el contexto del estallido social en 2019.

Luego que el abogado de Yáñez, Jorge Martínez, pidió inhabilitar a Armendáriz y a la fiscal Ximena Chong por su presunto "odio o resentimiento" hacia la figura del general y la de Carabineros, en un comunicado la Fiscalía Nacional dijo que Valencia "determinó que los argumentos presentados por la defensa del general Yáñez no poseían la solidez necesaria para justificar la inhabilitación" de Armendáriz, quien seguirá "al frente de la investigación del "caso Alto Mando".

A su vez, Valencia designó al fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, para asumir la dirección de las investigaciones de querellas por crímenes de lesa humanidad y delitos surgidos en el estallido social, la que hasta ayer llevaba Armendáriz.

"Esta decisión se debe a la carga de trabajo significativa y la complejidad de manejar simultáneamente dos investigaciones penales de esta envergadura", señaló en el comunicado.