Matías Gatica Lindsay

El Presidente electo José Antonio Kast se reunió ayer en Ecuador con el mandatario local, Daniel Noboa, con el fin de fortalecer la relación de ambas naciones y para abordar los problemas derivados del crimen organizado y la inmigración ilegal. Aunque asumirá su mandato en marzo, el chileno propuso impulsar un corredor humanitario para permitir el regreso de venezolanos irregulares a su país, algo con lo que también habló con el canciller peruano, Hugo de Zela.

En su gira el republicano afirmó que en ambos países la situación era "incluso peor" que la chilena, por lo que agregó que "no veo cómo no ponerse de acuerdo" ante esta materia.

En una escala en Perú, el presidente electo se reunió con Hugo de Zela. A través de X, la Cancillería peruana indicó que "Kast reiteró la importancia de priorizar el trabajo conjunto y coordinado entre ambos países para enfrentar la inseguridad y la migración". Éste agregó que se habló de "la migración irregular, el narcotráfico y el crimen organizado, y en esa misma línea hemos solicitado la reunión con el presidente de Ecuador para avanzar en esos temas y buscar una solución en conjunto".

"Hay una situación compleja con las personas que quieren volver a Venezuela, donde las fronteras no siempre están abiertas para sus propios residentes y eso implica coordinarse para un corredor humanitario -puede ser terrestre, aéreo o marítimo- y creo que hay una buena disposición para avanzar en esa línea", añadió.

El presidente de transición de Perú, José Jerí, concordó en que con buscan "fijar algunos criterios" para controlar la migración irregular y dijo que existe esta alternativa de un corredor "estrictamente humanitario".

En el día Kast llegó al Palacio Presidencial de Carondelet, donde se reunió con Noboa. Tras la cita la Presidencia de Ecuador informó que dialogaron sobre "la importancia de fortalecer la cooperación en seguridad, lucha contra el crimen organizado, movilidad humana e impulso al comercio entre ambas naciones".

Tras el encuentro dijo que vio una "muy buena disposición" para promover el corredor y agregó que espera que Nicolás Maduro reciba a sus compatriotas.

Tras aplazarse por 20 días, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago realizó ayer la audiencia para revisar la querella de capítulos contra el exfiscal Metropolitano Oriente Manuel Guerra, quien es investigado por el Ministerio Público por posibles gestiones en favor del abogado Luis Hermosilla.

El recurso fue presentado por la Fiscalía de Arica, que solicita que se le quite el fuero a Guerra para que pueda ser formalizado por los delitos de violación de secreto, prevaricación administrativa y cohecho agravado, puesto que el Ministerio Público asegura que el expersecutor habría hechos gestiones en favor de Hermosilla, como favorecer en causas judiciales a personas cercanas al gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

La Fiscalía sostiene que Guerra recurría a Hermosilla y al exministro Andrés Chadwick para buscar oportunidades laborales. De hecho trabajó en la U. San Sebastián, en la que Chadwick era presidente de la junta directiva.

Sobre una posible formalización a Chadwick, quien es indagado en la causa, el fiscal Mario Carrera dijo que "eso es parte de lo que tenemos que analizar en su momento".

El abogado de Guerra, Felipe Polanco, dijo que "no se pueden acreditar" infracciones o un beneficio económico a Guerra por estos casos.

El 2 de enero el tribunal decidirá si acoge la querella.

Carabineros detuvo a Nicolás Piña, de 39 años, quien se encontraba prófugo de la justicia hace dos años y dos meses luego de ser condenado por lanzar una bomba molotov a un vehículo de la policía civil en manifestaciones posteriores al estallido social, en febrero de 2021.

El hecho ocurrió en el barrio Bellavista, donde Piña lanzó el artefacto explosivo al vehículo, el cual se incendió y del cual su conductor logró escapar.

Tras ser detenido, el 30 de julio de 2021, Gabriel Boric, que en ese entonces era diputado, visitó a Piña en el penal Santiago 1 como parte de su campaña para la liberación de los detenidos durante el estallido social.

En marzo de 2022, Piña quedó en libertad, sin embargo, el Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago lo condenó a 10 años de cárcel: siete por homicidio frustrado de carabinero en ejercicio y a tres por el lanzamiento de la molotov.

Piña no se presentó a la audiencia en la que se comunicó la sentencia y desde ahí se mantuvo oculto en diversos domicilios gracias a una red de protección hasta que fue detenido sin oponer resistencia el lunes en avenida Santa Rosa, en Santiago.

Con ello Piña fue ingresado nuevamente a un penal.