Leo Riquelme

El homicidio de una funcionaria de la PDI en un operativo en La Granja golpeó al país el 13 de junio. A los días, dos personas se entregaron y fueron formalizadas por su eventual responsabilidad en la muerte de Valeria Vivanco. Lo que parecía ser un caso "sencillo", ayer se complejizó cuando el Ministerio Público le quitó las diligencias a la Brigada de Homicidios (BH), la policía suspendió a tres de sus miembros y se solicitaron diligencias al FBI de Estados Unidos.

La sospecha es que la bala mortal pudo no ser percutada por los detenidos, que dicen que no usaron armas y sólo trataron de atropellarla.

La fiscal Nadia Mondiglio informó que le requirió a Carabineros que tome el caso y encabece una reconstitución de escena donde Vivanco, de 25 años, fue baleada cuando buscaba con otros compañeros a los autores de un crimen ocurrido en Puente Alto.

Explicó que esperan obtener antecedentes para confrontarlos con los aportados por la BH, las versones existentes y las declaraciones prestadas por los imputados.

La Fiscalía de Alta Complejidad de la Zona Metropolitana Sur anunció también la apertura de una indagatoria por una eventual obstrucción a la investigación.

El Ministerio Público aseguró que puso al tanto de sus determinaciones a la familia de la víctima. La versión oficial hasta ayer era que Vivanco fue abatida por los disparos hechos de un auto, cuyos ocupantes luego se entregaron.

Ayer, la PDI informó la apertura de un sumario administrativo para "establecer posibles responsabilidades en este ámbito" y suspendió a los tres funcionarios que eran parte del equipo que integraba la subinspectora. La policía dijo que lo hizo "en beneficio de la investigación".

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, respaldó las decisiones. Consultado sobre la posibilidad de que alguno de los disparos haya provenido de algún funcionario, respondió que eso "justamente es lo medular con respecto a la investigación, que es de carácter secreto", pero añadió que confía en que la indagatoria "va a seguir adelante con todos los antecedentes arriba de la mesa, para esclarecer lo antes posible qué ocurrió".

El jefe nacional Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la PDI, prefecto inspector Alex Schwarzenberg, evitó comentar los procesos, pero agregó que "el objetivo es beneficiar el esclarecimiento de los hechos, sea cual sea el resultado".

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Representantes del Gobierno y el Servicio Electoral (Servel) se reunieron ayer y a la salida anunciaron un proyecto de ley que permita asignar como local de sufragio el más cercano al que vive la persona, idea con la que pretenden facilitar la participación en los comicios.

El presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, explicó que si se aprobara la modificación propuesta desaparecería "para siempre" la asignación vigente del elector a una mesa específica y fija. En su lugar, sería asignado a un local de votación primero procurando que sea el más próximo a su lugar de residencia. Tras ello la persona será destinada a una mesa basándose en el orden alfabético de su primer apellido.

La idea del Ejecutivo es generar las condiciones para que más ciudadanos se sientan en mejores condiciones de concurrir a sufragar.

Las elecciones más masivas desde el retorno a la democracia fueron las de octubre de 2020, cuando más de siete millones de personas votaron por la redacción de una nueva Constitución. Casi nueve meses más tarde la participación bajó a 3,1 millones en las primarias presidenciales de los pactos Apruebo Dignidad y Chile Vamos. En junio, sin embargo, se movilizaron sólo 2,5 millones de votantes a la segunda vuelta de gobernadores regionales, celebradas en 13 regiones.

Para el Gobierno, este proyecto puede activar la participación y ayudar "a elegir a quienes liderarán los destinos del país y esperamos, que se cumpla este anhelo. Hacemos un llamado al Congreso, que también nos han pedido avanzar en esta materia", dijo el secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa.

El director del Servel se plegó al llamado y le pidió a los parlamentarios que la tramiten con urgencia, para que pueda estar operativa en noviembre, cuando se celebrarán las parlamentarias y primera vuelta presidencial.

Pese a esto, Tagle agregó que planea aplicar gradualmente y no de una sola vez. "Lo importante es partir lo antes posible", afirmó.

La diputada RD Catalina Pérez expresó su extrañeza con el anuncio, pues recordó que en 2019 la Cámara aprobó un proyecto en esa línea. "El Gobierno ha decidido informar sistemáticamente este proyecto, que hoy se encuentra en el Senado", dijo.

2 años espera en el Senado un proyecto en ese mismo sentido ya aprobado por la Cámara.

Por segundo año consecutivo no habrán fondas en el Parque O'Higgins, las más emblemáticas de las actividades con las que la Región Metropolitana celebra las Fiestas Patrias.

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, aseguró que la decisión se tomó unánimemente con los fonderos que participaron en una reunión convocada para discutirlo.

"(Ellos) pusieron como primera prioridad la salud de las personas y eso me parece tremendamente destacable", dijo. "Consideran que no hay buenas condiciones para celebrar, especialmente en las familias que han perdido a sus seres queridos", así que coincidieron en esperarán un mejor escenario "para tener instancias de compartir con la comunidad", agregó.

El Gobierno se encuentra trabajando en un plan que apunta a otorgar para este 18 de septiembre mayores libertades que las autorizadas el año pasado, dada las diferencias de contagios de coronavirus que hay entre 2020 y 2021, y el avance que ha tenido la vacunación.

En varias comunas los fonderos han pedido que se autorice su funcionamiento con restricciones. En Santiago, en cambio, Hassler dijo que sí se priorizarán eventos en barrios en que se respeten las medidas de resguardo.