Matías Gatica Lindsay

Una semana después de que Cathy Barriga fue formalizada por los delitos de fraude al Fisco y falsificación de instrumento público y que el juez Hugo Salgado determinó dejarla con la cautelar de arresto domiciliario total, la exalcaldesa de Maipú, la fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado solicitaron a la Corte de Apelaciones de Santiago cambiar la medida.

A través de sus abogados Cristóbal Bonacic, Marcelo Hadwa y José Miguel Barahona, la exjefa comunal ingresó un recurso que busca rebajar su cautelar a arresto domiciliario nocturno. Esto porque "no obstante haber desechado cada uno de los peligros o riesgos procesales invocados por los persecutores como hipotéticas necesidades de cautela, aun así el tribunal aplicó una medida cautelar especialmente intensa como es el arresto domiciliario total, lo que termina siendo un contrasentido".

En paralelo, tanto la Fiscalía Metropolitana Oriente como el Consejo de Defensa del Estado pidieron a la corte que se cambie el arresto domiciliario de Barriga por la cautelar de prisión preventiva, medida que fue solicitada en primera instancia por el Ministerio Público, pero el juez desechó.

Desde la fiscalía argumentaron que "la libertad de la imputada es peligrosa", pues "se debe considerar especialmente cuando existiere sospecha grave y fundada de que el imputado pudiere obstaculizar la investigación mediante la destrucción, modificación, ocultación o falsificación de elementos de prueba". O bien, "cuando pudiere inducir a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente".

Esta solicitud fue respaldada por el Fiscal Nacional Ángel Valencia, quien también pidió la prisión preventiva.

De esta manera, la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago escuchará hoy los alegatos de la fiscal Constanza Encina y de la defensa de Barriga y tomará una decisión al respecto.

A Barriga, quien fue alcaldesa de Maipú entre diciembre de 2016 y junio de 2021, se le investiga por presuntos delitos de fraude al Fisco por más de $30.600 millones durante su gestión, a través de compra de peluches, collares, realización de eventos y otras irregularidades en su gestión.

El Gobierno promulgó ayer la reforma constitucional que crea la Fiscalía Supraterritorial, unidad especializada en crimen organizado y delitos de alta complejidad.

En el Palacio de La Moneda, los ministros Luis Cordero y Carolina Tohá, acompañados por el Fiscal Nacional Ángel Valencia, inauguraron este nueva unidad aprobada en noviembre del año pasado en el Congreso y que busca dotar al Ministerio Público de mejores herramientas para la persecución penal de los crímenes asociados a agrupaciones delictivas.

Según detalló el ministro Cordero, se trata de "la transformación más relevante, no sólo porque pasa a tener una unidad específica para la persecución de organizaciones y bandas criminales, sino que además dota al fiscalía nacional de la capacidad para nombrar un fiscal supraterritorial que será de su exclusiva confianza, disponer de la posibilidad de dictar instrucciones particulares en la investigación de estos delitos, facultad que hoy día no tiene".

Por su parte, Valencia dijo que la unidad "debe tener la capacidad de investigar por sí misma fenómenos delictivos de criminalidad organizada o delitos complejos y también brindar soporte y apoyo operativo en actividades de investigación realizadas por una o por más fiscalías regionales".

La iniciativa forma parte del "fast track" de 31 proyectos de seguridad pactados por Gobierno y el Parlamento, y era parte de la propuesta constitucional rechazada el 17 de diciembre del año pasado.

Sorpresa causó la aparición de una placa adosada a un muro del recién reabierto acceso principal a la estación Baquedano del Metro. En ella se recordaba el llamado "Jardín de la resistencia", un lugar ocupado por manifestantes durante las protestas del estallido social de octubre de 2019, en el soterrado que se eliminó con la remodelación.

La placa contenía los logos oficiales de la municipalidad de Providencia, el Gobierno y de Metro y en ella se indicaba que con el soterramiento "sepultamos la historia con la intención de blanquear a nuestra clase y mantener intacto el modelo".

La alcaldesa Evelyn Matthei afirmó en "X" que ella solicitó el retiro porque contenía símbolos comunales no autorizados y porque "siempre apoyaremos espacios que unan y no aspectos que recuerden los graves daños provocados a nuestros vecinos y emprendedores", aludiendo a la destrucción vivida durante el estallido.

Tras el retiro, Metro de Santiago informó que la placa "fue retirada de manera inmediata por no ser parte de las comunicaciones oficiales de la empresa, ni tampoco de las demás instituciones que aparecían allí".

"La empresa se encuentra revisando imágenes que puedan ayudar a saber quién o quiénes realizaron esta acción, información que será puesta a disposición de las policías", agregó.