Matías Gatica Lindsay

En medio de los trabajos que realiza el Gobierno para definir un plan de reconstrucción para las zonas afectadas por los incendios forestales en la Región de Valparaíso, ayer asesores del fallecido expresidente, Sebastián Piñera, sostuvieron una reunión con la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, quien está a cargo de la recuperación de los espacios arrasados por los siniestros.

Cerca de las 10:00 horas Juan Andrés Fontaine, Cristóbal Lira, Karla Rubilar, Rodrigo Pérez, Iván Poduje y Jaime Bellolio, entre otros, se reunieron con la Secretaria de Estado, a quien le entregaron un documento de 46 páginas, titulado Estrategia de reconstrucción Incendios Forestales de Febrero de 2024.

Este documento, que contiene observaciones realizadas por el exmandatario antes de fallecer en un accidente de helicóptero, contiene cerca de 150 proyectos con un costo de US$742 millones, US$400 millones menos que lo estimado por la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti. Según detallaron los colaboradores de Piñera, éste permitiría la reconstrucción de 7.104 viviendas afectadas y la recuperación de 27 barrios.

"Hemos venido con total disposición a cumplir el último encargo del Presidente Piñera antes de fallecer (...) Él lo hizo con mucha preocupación, siempre anteponiendo el bien de Chile de una forma generosa como él era, y este documento lo que busca es contribuir a que el Gobierno pueda tener un plan de reconstrucción", dijo Rubilar tras la cita.

Por su parte, la ministra Toro agradeció a los asesores y dijo que "cuando el Presidente (Gabriel) Boric me dio este encargo también me señaló que era deseable conversar con los distintos sectores, quienes tienen distintas experiencias y también me mencionó que él había tenido recientemente una conversación con el expresidente Piñera, quien le había manifestado preocupación".

El diputado RN Mauro González dijo que espera que "el Gobierno pueda acoger esta propuesta, o al menos gran parte de ella".

En la mañana la ministra Toro, quien estimó que en las próximas semanas tendrán el plan de reconstrucción, dijo a radio Cooperativa que habrán familias relocalizadas en la Región de Valparaíso y agregó que ya se han realizado 4.249 pagos de bonos de recuperación y que mañana "iremos con la siguiente, de un total de FIBE de más de 7.000 que se pudieron realizar en un tiempo bastante acotado".

Por otra parte, ayer el Jefe de la Defensa Nacional, contraalmirante Daniel Muñoz, dijo que 140 personas han sido detenidas por infringir el toque de queda en la región. Además, se informó que mañana se levantará la restricción de circulación de vehículos particulares en la región.

El 4° Juzgado de Garantía de Santiago modificó ayer la medida cautelar del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba (exRN), quien se encontraba en prisión preventiva tras ser acusado de varios delitos de fraude al Fisco por más de $700 millones. El exjefe comunal quedó con arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a los querellantes de la causa.

El fiscal Francisco Jacir dijo que esto se debe a que "en la última declaración que el prestó hace unos días, reconoció la mayoría de los hechos por los cuales fue formalizado y, en segundo término, dio a conocer hechos nuevos sobre los cuales no existía investigación al respecto, por cuanto no eran conocidos por el Ministerio Público".

El persecutor añadió que la decisión "se fundó en un acuerdo, no hubo oposición de la Fiscalía ni del CDE, en virtud de diversos nuevos antecedentes", y del pago de impuestos que realizó el exalcalde, luego de que también se le imputaran delitos tributarios.

"El imputado hizo un depósito con el objeto de reparar el mal causado de 100 millones de pesos, que se suman a una cifra cercana a los $128 millones que ya había pagado", agregó Jacir.

Tras salir de prisión, Torrealba, señaló a los medios que "no he reconocido delitos, le he relatado los hechos al señor fiscal (...) Esto está recién empezando y falta mucho por conocer aún".

Sobre la liberación de Torrealba, quien estuvo en prisión preventiva desde el 16 de junio de 2023, el diputado del PS, Jaime Naranjo, aseveró que "creo que es pésima la señal que ha dado el Poder Judicial, porque a los corruptos hay que darle sanciones ejemplificadoras para que no las vuelva a cometer nadie más (...) Esto es un incentivo para que otros alcaldes que han caído en acciones corruptas hagan lo mismo".

La adquisición de 22 autos de marca Lexus, los cuales cuestan $56 millones cada uno y serían destinados para 21 ministros de la Corte Suprema y un fiscal judicial del máximo tribunal, ha generado polémica debido a su alto precio. En medio de los cuestionamientos, ayer la ministra del Interior, Carolina Tohá, aclaró que la compra no fue visada por el Gobierno, tal como el martes señalaron desde la Dipres.

La secretaria de Estado dijo a radio Infinita que no hay "ninguna polémica", porque "esa compra no está visada, esa glosa no está activada", esto luego que la Corte Suprema indicara el lunes que el proceso de compra "no ha culminado, por lo que aún no se han ejecutado los recursos fiscales para este fin".

A ello Tohá agregó que "somos partidarios a que en estas cosas tengamos mucho cuidado y estemos atentos a cómo se usas los recursos y las señales públicas que le dan a las personas (...) En nuestra política hay límites de costo de los vehículos que son muy claros y que están por debajo de lo que se conoció".

Por su parte, el ministro (s) de Justicia, Jaime Gajardo, señaló que "el poder judicial es autónomo en la ejecución de su presupuesto, y si ellos consideran que tienen los recursos disponibles, eventualmente podría realizar esa compra".

Por su parte, el Presidente Gabriel Boric, en medio de la entrega de vehículos a Gendarmería, pidió usar los recursos fiscales "de manera austera, pero segura".