Diego Gotelli C.

Luego de tres años entrampado en extensos debates y múltiples observaciones, y que el Ejecutivo lo reimpulsara con indicaciones, el proyecto de ley que regulará las aplicaciones de transportes tipo Uber y Cabify finalmente salió de la Cámara de Diputados tras recibir un amplio apoyo de los parlamentarios en sala.

Con 105 votos a favor y 24 en contra, la apodada "Ley Uber" pasó su primer escollo y seguirá su discusión en el Senado, manteniendo en gran parte las medidas que el actual Ministerio de Transportes le impregnó en julio del año pasado. "Esta propuesta establece una serie de exigencias a las aplicaciones, con el objetivo de generar condiciones de igualdad y una competencia justa", afirmó la ministra Gloria Hutt.

Entre las normas, el proyecto exige a las apps constituirse como empresas en Chile e inscribirse en un registro público que tendrá la información de conductores y vehículos adscritos por región. Asimismo, deberán tener seguros para los conductores y los pasajeros, y a los choferes además se les exigirá licencia profesional para transportar usuarios.

Una vez despachada, la norma deberá tener un reglamento que fije antigüedad y condiciones técnicas mínimas para los vehículos de las apps, las que no serán inferiores a las exigidos a los taxis.

Sin embargo, en el debate se rechazaron las propuestas de fijar una tarifa mínima para las plataformas y que las app no acepten pago en efectivo, medidas que estaban entre las mayores exigencias de los techo amarillos. "No nos gusta mucho el proyecto", señaló el presidente de la Confederación Nacional de Taxis (Confenatach), Luis Reyes.

Si bien el dirigente valoró que se avance en regular el rubro de la "informalidad", afirmó que hay al menos 6 puntos que no deja conforme al gremio y que buscarán reponer en el Senado, como el establecimiento de cuotas de choferes de apps, lo que fue rechazado ayer y que según el proyecto será estudiado y definido después por el Ejecutivo. "Debe quedar en la ley. Un reglamento lo cambia cualquiera", criticó Reyes.

la multa a las apps por incumplir la norma llegaría a los $ 4,8 millones, y para los choferes a los $ 483 mil.

el proyecto también fija que las apps operen con distintivos en sus autos e impide su uso como colectivo.

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Con inspectores advirtiendo a los infractores debutó ayer la nueva ordenanza de Estación Central, que sanciona la instalación de carpas en espacios públicos como plazas o el bandejón central de la Alameda, zonas donde según la alcaldía esto ha proliferado en el último tiempo. La medida, aprobada el martes por el concejo municipal, modificó la normativa que regula los elementos permitidos en las áreas verdes y vía pública, fijando multas de 1 a 5 UTM (entre $ 48 mil y $ 241 mil) a quienes coloquen sus carpas para pernoctar en la comuna.

A solo horas de su aprobación, el descontento de los afectados no tardó en llegar. Consultados por los medios, varios campistas en las inmediaciones del Terminal de Buses acusaron discriminación, ya que son indigentes sin un hogar donde ir. "Yo he conversado con las personas (que acampan) en el bandejón y muchos me reconocen que tienen ingresos, a veces ingresos considerables", replicó el alcalde Rodrigo Delgado.

Pese a los reparos, su idea ya suma adeptos, ya que en Providencia el concejo municipal discutió esta semana la posibilidad de imitar la ordenanza. La alcaldesa Evelyn Matthei explicó que el debate se dio por los reiterados reclamos de vecinos que alegan no poder usar las plazas por indigentes que viven y orinan allí. "En algunos casos son expresidiarios o están ahí para ver dónde roban y a quién asaltan", añadió.

Sin embargo, enfatizó que aún "no se ha tomado ninguna decisión" porque también se quiere priorizar el trabajo social con los campistas, quienes algunas veces tienen "problemas psiquiátricos graves".

El ministro de Economía, José Ramón Valente, anunció ayer que el Gobierno aplicará "inmediatamente" cuatro de las medidas propuestas en la víspera por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para bajar los precios de los libros escolares, contenidas en un estudio de la entidad que detectó que con 9 cambios se abaratarían hasta 70% los textos.

Las medidas contemplan la creación de una plataforma con la información de los textos disponibles en el mercado para que los colegios puedan comparar antes de escoger, mientras que los apoderados puedan fiscalizar. Asimismo, se ordenará a los recintos que emitan informes justificando a los padres la elección de libros. "En la medida que uno tiene que dar cuenta el proceso es más riguroso", afirmó Valente.

Además, se alinearán los incentivos entre colegios y apoderados para que el precio de los textos sea una variable relevante al momentos de su selección, y se incentivará a los establecimientos a comprar los libros para ahorrarse el 25% de costo de distribución que hoy pagan los apoderados. "Si logramos bajar los precios vamos a estar dando un alivio muy importante a todos los padres", destacó el ministro.