Matías Gatica Lindsay

El 2 de abril la Federación de Asociaciones de funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial (FENADAJ) inició una paralización indefinida de sus trabajadores debido a una serie de requerimientos que han realizado al Ministerio de Justicia, los cuales dicen que no se han cumplido. Entre ellos se encuentra la homologación de sueldos a personal con las mismas funciones y un petitorio para ayudar a reducir la carga laboral de los trabajadores y la contratación de más funcionarios.

En cuanto al primer punto, sobre homologación de remuneraciones, la federación aseguró que en 2023 se firmó un protocolo para reducir paulatinamente las brechas entre trabajadores que realizan una misma función, el que aseguran que no se ha cumplido.

Actualmente las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ), que son entidades que tienen por objeto proporcionar asistencia judicial y/o jurídica gratuita a personas de escasos recursos, cuenta con cuatro sedes en Tarapacá, Valparaíso, la Región Metropolitana y en el Biobío, y desde FENADAJ, afirman que hay brechas laborales entre ellas y que no dan abasto para las funciones que tienen en programas para niños, niñas y adolescente; Atención a adultos Mayores y Centros de Atención Integral a Víctimas.

La presidenta de la Asociación de Funcionarios y Profesionales de la Corporación de Asistencia Jurídica (AFUNPRO) y dirigente nacional de Fenadaj, Mónica González, dijo a este medio que "el año pasado se logró un acortamiento de brechas en los estamentos que no son profesionales, pero no se logró homologar el valor hora más alto, eso quedó en pendiente. Y este año deberíamos haber partido en enero con este acortamiento de brechas para los profesionales, que son aproximadamente 2.160, y el Ministerio de Justicia lo que ofreció son $1.300 millones para hacer este acortamiento, que beneficiaba a unas 500 personas. Se trabajó con ellos en base a algunos criterios para saber cómo se resolvía el tema de la distribución de la plata y nos dijeron que eso lo tenían que presentar a la Dipres. La semana pasada ofrecieron $100 millones, que era menos que la primera vez y beneficiaba a menos personas".

Además, aseguró que la semana pasada "nos llegó un borrador que no tiene nada que ver con la plata que dicen, que no les van a autorizar más plata y que tienen que hacer una resignación presupuestaria. Ahí estamos topando porque no ponen montos ni fechas".

"Lo que nosotros estamos pidiendo es que esta diferencia se termine. Lo que nos importa es poder tener un reconocimiento de la labor que hacemos en el país", dijo a este medio el director nacional de AFUNPRO, Farit Gutiérrez.

Sobrecarga laboral

Desde la Federación dijeron además que se han visto enfrentados a condiciones de sobrecarga laboral, lo cual ha llevado a que muchos funcionarios estén con licencias médicas por estrés.

"En las corporaciones falta dotación de profesionales y funcionarios, lo que acarrea una sobrecarga de trabajo. En las líneas de infancia hay abogados que tienen a su cargo cerca de 800 causas, lo que implica una sobrecarga en que ejercen su trabajo. Lo que nosotros pretendemos es que el Estado de Chile se preocupe y dote a las corporaciones de asistencia judicial de los recursos necesarios para poder cumplir nuestras funciones", dijo Farit Gutiérrez.

Por su parte, Mónica González añadió que cuando comenzó el programa Líneas de Infancia en 2022 "se dijo que iban a tener 150 casos por abogado y hoy en día tienen en promedio 700 causas por abogado", y afirmó que lo mismo pasa en la atención a adultos mayores. "Así es imposible que pueda cubrir con una atención real", agregó.

A estos problemas desde la federación señalaron que se suman otros como la imposición de una nueva normativa para acceder al teletrabajo, sin el diálogo y la consulta requeridos por la ley y pasividad por parte de las corporaciones en la implementación y divulgación de los procedimientos para acceder al incentivo por retiro.

A raíz de ello la federación ha realizado una serie de marchas y otro tipo de manifestaciones para obtener una respuesta de parte del Gobierno, la que aseguran que ha sido negativa.

"Las corporaciones de asistencia judicial se encuentran con sus puertas cerradas, sin atención de público y solo con turnos éticos para aquellas audiencias de carácter impostergables (proteccionales, violencia intrafamiliar, etc)", detalló Farit Gutiérrez.

Por su parte, Mónica González explicó que "más de 3 mil trabajadores han participado en las movilizaciones. Hemos realizado marchas, desayunos por la justicia, hemos entregado cartas a los seremis, delegados presidenciales provinciales, al Ministerio de Justicia" para obtener soluciones.

El gobierno responde

Ante esta serie de peticiones la Subsecretaría de Justicia dijo que "fruto de un proceso de negociación, y aunque aún no se ha logrado un acuerdo final, se ha avanzado significativamente en siete de los ocho puntos planteados por la Federación. El único aspecto pendiente corresponde a la solicitud de aumento de remuneraciones para los profesionales, especialmente abogado, que no forman parte de los programas de representación de niños, niñas y adolescentes".

La subsecretaría aseguró que se lograron consensos en la eximición horaria; incentivo al retiro y jornada laboral y se trabaja por un acuerdo en las remuneraciones. Solicitan deponer el paro y llegar a un acuerdo, ya que esta situación "afecta de manera directa a los sectores más vulnerables de la población".