Leo Riquelme

En la víspera del ingreso de un recurso de aclaración para que la Corte Suprema precise si corresponde devolver dinero a todos los cotizantes afectados por un sobreprecio en los planes de las Isapres desde 2020, el ministro de Justicia, Luis Cordero, afirmó que la sentencia no explicita que las devoluciones deban realizarse en dinero, como se creía.

"La Corte Suprema nunca ha ordenado devolver dinero", aseguró en la comisión de Salud del Senado, donde se tramita la ley corta que pretende regular el proceso.

"Se ha dicho que se devuelven excedentes y esas son cuentas separadas (...) Lo primero en materia de excedentes en prestaciones, si no se utiliza, es en dinero. Pero no es como que usted pueda ir a girar el dinero directamente de los excedentes", añadió.

La superintendencia estima que los cobros excesivos superan los US$1.400 millones que deberían recibir 720 mil cotizantes, a los que se sumaría una rebaja de planes. El domingo, sin embargo, la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, opinó que el fallo era sólo para quienes demandaron. Por esa razón el Gobierno y tres Isapres pidieron aclaración.

"A todos les llamó la atención este aparente giro. Y por lo tanto, como nosotros tenemos que regirnos de acuerdo a lo que diga la Corte es importante precisarlo", dijo a radio T13 la ministra de Salud, Ximena Aguilera.

Mientras esto se aclara, el diputado radical Tomás Lagomarsino anunció que estudiará una acusación constitucional contra Vivanco por presunto abandono de deberes al inmiscuirse en una materia que es de las Cortes de Apelaciones y "atentar en contra del principio de desasimiento y de la fe pública".

La posibilidad fue acogida por parlamentarios oficialistas como Claudia Mix (Comunes), quien dijo que esperarán la revisión de la Tercera Sala para tomar una decisión.

Para el ministro Cordero, la posibilidad le parece un "exceso" y pidió tener "cabeza fría". Para el senador PS y presidente de la comisión de Salud, Juan Luis Castro, acusarla sería "un despropósito".

Según La Tercera, algunos ministros le pidieron a Vivanco la renuncia a la vocería del Poder Judicial. Ella declinó responder a la versión argumentando que ayer no estaba en funciones judiciales.

Por diez votos contra tres, la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados rechazó ayer la idea de legislar de un sexto retiro de fondos de pensiones, que se discutirá hoy en la Sala.

Sus promotores rebatieron por más de una hora lo reglamentario de la postura del presidente de la comisión, el PS Raúl Leiva, de poner en votación en general los nueve proyectos fusionados que estaban en debate.

Leiva, respaldado por la secretaría técnica, aseguró que dicha forma de tramitación es la misma con la que discutieron las cinco mociones de retiro que se han gestionado en la comisión desde 2020, agregando que es la forma en que se discuten las iniciativas.

En la sesión el ministro de Hacienda, Mario Marcel, expuso que aprobarlo impulsaría el dólar por sobre los 1.000 pesos; subiría la inflación anual en 10 puntos, para dejarla en un 20% anual; le implicaría al Estado gastos adicionales por alza de tasas equivalentes a US$2.800 millones; los dividendos hipotecarios que hoy cuestan $350 mil subirían a 505 mil; y 5 millones de personas se quedarían sin fondos de pensiones.

Una de sus promotoras, Pamela Jiles, acusó a Marcel de tener "con hambre" a "mi pueblo" y le enrostró vestir una corbata que valía "uno o dos retiros". Tras criticar a otros colegas, la exhumanista fue amonestada por Leiva.

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Ricardo Mewes, pidió ayer impulsar un pacto fiscal "consensuado" entre partidos políticos, empresas y agentes sociales.

"El desarrollo económico está en manos de la empresa privada. Son las empresas y las personas quienes pagan impuestos, y por eso nosotros tenemos que estar en el debate. El pacto fiscal tiene que ser mancomunado para llegar a un muy buen acuerdo, el país lo está demandando", dijo a la salida de una reunión con el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Mewes defendió la necesidad de un pacto fiscal no solo para cambiar impuestos, sino para "mejorar la gestión de los recursos públicos" y "evaluar los programas que no rinden", dijo.

"Hemos planteado nuestras inquietudes respecto al crecimiento económico, la informalidad en el trabajo y el ambiente para hacer negocio en Chile, para que podamos generar una instancia de crecimiento e inversión que nos ayude a salir de donde estamos hoy en día", añadió.

Marcel detalló que por ahora solo se cerró una hoja de ruta para entablar conservaciones y coincidió en hablar sobre un pacto fiscal amplio que contemple mejoras en la eficiencia del Estado.

En una actividad en la población Los Nogales de Estación Central, el Presidente Gabriel Boric firmó y envió a trámite a la Cámara de Diputados el proyecto de reajuste excepcional del Bono de Invierno, que se incrementará en 60 mil pesos y que beneficiará a 1,6 millones de personas, según informó el Ministerio del Trabajo. De aprobarse en el Congreso, el se sumará a quienes ya recibieron en mayo $74.767. "Confío en que este proyecto va a ser tramitado con rapidez por el Congreso y yo creo que nadie se podría oponer a algo de estas características, que va en directa ayuda a las personas mayores", dijo el mandatario.