Matías Gatica Lindsay

Entre reproches de la oposición y algunas dudas en el oficialismo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió ayer la propuesta de Reconstrucción Nacional que presentará el Gobierno mañana, y que ha tenido en el centro de la polémica una eventual rebaja del impuesto corporativo. El secretario de Estado señaló que sería gradual y que se comenzaría por las pymes.

En el Plan de Reconstrucción Nacional contempla aproximadamente 45 proyectos agrupados por áreas como reconstrucción, fortalecimiento institucional y reactivación económica. En este último punto se buscaría reducir el impuesto a las empresas de 27% a un 23%.

Luego de una reunión entre alcaldes y dirigentes de partidos de la oposición, la presidenta del FA, Constanza Martínez, planteó que el Gobierno está impulsando el proyecto como una iniciativa de reconstrucción, pero "la verdad es que es una reforma tributaria para beneficiar al 1% más rico de nuestro país".

"Esta no es una reacción a priori, sino que es frente a anuncios de políticas que claramente son en beneficio de una élite", agregó el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona.

El nuevo titular de la DC, Álvaro Ortiz, sostuvo que "no somos partidarios (...) de que se baje el impuesto corporativo de un 27 a un 23% cuando eso va a beneficiar a no más del 5% de la población".

Por su parte, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, acusó que "aquí no ha habido comunicación oficial del Gobierno con las bancadas de la oposición, de manera tal que el conocimiento que nosotros podemos tener es a partir de trascendidos de prensa".

Por los alcaldes, la jefa comunal de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), dijo que "se está estableciendo bajar los impuestos a los superricos, pero particularmente echar mano a las contribuciones", lo que afirmó perjudicará a los municipios.

En el oficialismo, el diputado UDI Jorge Alessandri defendió que las medidas estén agrupadas, pues, a su juicio, "si las separamos, se pierde el objetivo, porque si una se convierte en ley en julio, pero la otra se convierte en ley en noviembre, por eso lo importante es mantener este proyecto junto", planteó a Tele 13 radio.

Sin embargo, hay discrepancias en el sector sobre ello. La diputada RN Ximena Ossandón dijo a La Tercera que "nosotros lo dijimos desde el día uno: nos hubiera gustado parcelar, justamente para avanzar en cosas que son más rápidas, porque claramente nos vamos a enfrascar , es cosa de ver a la oposición (...), que lo único que hace es hablar de la baja al impuesto de primera categoría para las empresas, al final tú dices '¿para qué le doy el gustito'".

"Yo la hubiera separado, hubiera sido una sesión y tal vez probablemente el 98% del resto de iniciativas podrían salir más rápido", agregó.

No "caricaturizar"

Ante las aprensiones el ministro Quiroz sostuvo que planean una reducción gradual. "En primer lugar, las empresas que van a estar afectadas a esta rebaja de impuesto, que es una rebaja impuesto para que aumente la inversión, para que aumente el empleo, son 150 mil empresas que emplean la mitad de los trabajadores de Chile", dijo y agregó: "La baja principal y la que ocurre de inmediato, es para las pequeñas y medianas empresas, que es el crédito tributario al empleo, al empleo que tiene bajas remuneraciones".

Quiroz pidió demás que "no transformemos esto en la típica caricatura que algunos hacen, que cualquier baja de impuesto es para favorecer a los ricos. No señores, aquí la economía está complicada, la vamos a sacar adelante y la vamos a sacar adelante muy rápido".

El diputado Daniel Manouchehri y la senadora Daniella Cicardini, ambos PS, requirieron a la Contraloría que investigue el eventual uso de recursos públicos en un almuerzo que el Presidente José Antonio Kast ofreció a excompañeros de Derecho de la U. Católica en La Moneda el 10 de abril

La solicitud busca esclarecer si en la actividad se utilizaron recursos públicos, además de conocer el objetivo de la cita, las dependencias utilizadas, el personal ocupado y el detalle de los costos asociados y la eventual existencia de reembolsos particulares.

"El Presidente puede juntarse con quien quiera en su vida personal. Lo que no puede hacer es cargarle al Estado una celebración de excompañeros y usar la casa de gobierno como salón social", dijo Manouchehri.

En la cita participaron unos 70 comensales e incluyó dos menú, vino y postre.

La vocera Mara Sedini temprano evitó responder directamente la consulta, aunque por la tarde indicó que el "almuerzo fue financiado por el Presidente de la República con sus medios".

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, instó al Ejecutivo a que dicte un instructivo sobre este tipo de actos en palacio, dado su uso residencial.