Matías Gatica Lindsay

Ayer se reveló que el viernes el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, firmó un decreto para realizar una rebaja de $32.721 millones en el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, jornada en la que el titular de Transportes, Louis De Grange, informó que como parte de los recortes ya no se comprarán más buses de dos pisos para el sistema RED.

Los recortes más significativos se realizaron al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (exSename) con una disminución de $12.748 millones; a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, con una baja de $7.634 millones; al Instituto Nacional de la Juventud ($3.859 millones); y la Subsecretaría de la Niñez ($3.359 millones).

También se hicieron recortes al Servicio Nacional de la Discapacidad ($1.135 millones), al Servicio Nacional del Adulto Mayor ($318 millones), al Programa de Apoyo al Recién Nacido ($1.850 millones) y a otras políticas de acompañamiento familiar y de sectores vulnerables.

El subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, aseguró que "esto no va a afectar beneficios directos", ya que "en el caso de los ajuares (para recién nacidos) tenemos stock más que suficiente, dada la baja de natalidad. Y en el caso de los diagnósticos clínicos, ellos nunca han superado el 65% de ejecución anual".

En esa línea, la vocera Mara Sedini insistió en que "no hay ningún recién nacido que se va a quedar sin un ajuar" y acusó que "hay personas que han estado intentando meterle miedo a la ciudadanía con cosas e información que no corresponde. El mensaje del Presidente (José Antonio) Kast ha sido claro: no se van a cortar beneficios sociales".

Ante los recortes, vía oficio, diputados del FA acudieron al Ministerio de Hacienda para exigir que se revelen todos los decretos de modificación firmados. "Eso es la punta del iceberg, porque esos son dos de 24 decretos que se han filtrado, pero hay otros 22 decretos que no conocemos", dijo Ignacio Achurra; mientras que su par Gonzalo Winter pidió a Chile Vamos "tomar las riendas del Gobierno; al Presidente Kast, a tomar las riendas del Ministerio de Hacienda, porque el señor Quiroz es un fanático" y "no ha sido honesto con el país".

Por su parte, y en el marco del recorte presupuestario de un 3% en el Ministerio de Transportes, el jefe de dicha cartera, Louis De Grange, dijo a radio Duna que no se comprarán más buses de dos pisos. Lo explicó en que "tienen muchas dificultades operacionales (...) son muchísimo más caros" y no hay repuestos en Chile. Además, se decidió que los buses oruga ya no funcionen de noche, pero descartó que esto afecte la frecuencia de buses.

Revisar la pgu

Según reveló Ciper, el Ministerio de Hacienda propuso a las carteras recortar el 15% de gastos destinados a beneficios sociales, entre ellos la Pensión Garantizada Universal (PGU), la gratuidad y el Bono de Invierno.

Al respecto, el ministro Quiroz aclaró que "quiero decir con todas sus letras, y esto no sólo para la PGU, sino para todo tipo de programas; aquí no se va a tocar ningún beneficio social de la población".

"Lo único que estamos haciendo, en todos los casos, es buscar eficiencia y también prevenir lo que ustedes ya conocen como el fraude social o el mal gasto", agregó.

En ese sentido, dijo que hay que analizar los programas y si es que en ellos hubo "algunos hallazgos y si hay hallazgos (...) esos hay que mirarlos, porque pudiese haber gente que obtuvo eso y no debió obtenerlo".

Matías Gatica Lindsay

Ayer se reveló que el viernes el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, firmó un decreto para realizar una rebaja de $32.721 millones en el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, jornada en la que el titular de Transportes, Louis De Grange, informó que como parte de los recortes ya no se comprarán más buses de dos pisos para el sistema RED.

Los recortes más significativos se realizaron al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (exSename) con una disminución de $12.748 millones; a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, con una baja de $7.634 millones; al Instituto Nacional de la Juventud ($3.859 millones); y la Subsecretaría de la Niñez ($3.359 millones).

También se hicieron recortes al Servicio Nacional de la Discapacidad ($1.135 millones), al Servicio Nacional del Adulto Mayor ($318 millones), al Programa de Apoyo al Recién Nacido ($1.850 millones) y a otras políticas de acompañamiento familiar y de sectores vulnerables.

El subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, aseguró que "esto no va a afectar beneficios directos", ya que "en el caso de los ajuares (para recién nacidos) tenemos stock más que suficiente, dada la baja de natalidad. Y en el caso de los diagnósticos clínicos, ellos nunca han superado el 65% de ejecución anual".

En esa línea, la vocera Mara Sedini insistió en que "no hay ningún recién nacido que se va a quedar sin un ajuar" y acusó que "hay personas que han estado intentando meterle miedo a la ciudadanía con cosas e información que no corresponde. El mensaje del Presidente (José Antonio) Kast ha sido claro: no se van a cortar beneficios sociales".

Ante los recortes, vía oficio, diputados del FA acudieron al Ministerio de Hacienda para exigir que se revelen todos los decretos de modificación firmados. "Eso es la punta del iceberg, porque esos son dos de 24 decretos que se han filtrado, pero hay otros 22 decretos que no conocemos", dijo Ignacio Achurra; mientras que su par Gonzalo Winter pidió a Chile Vamos "tomar las riendas del Gobierno; al Presidente Kast, a tomar las riendas del Ministerio de Hacienda, porque el señor Quiroz es un fanático" y "no ha sido honesto con el país".

Por su parte, y en el marco del recorte presupuestario de un 3% en el Ministerio de Transportes, el jefe de dicha cartera, Louis De Grange, dijo a radio Duna que no se comprarán más buses de dos pisos. Lo explicó en que "tienen muchas dificultades operacionales (...) son muchísimo más caros" y no hay repuestos en Chile. Además, se decidió que los buses oruga ya no funcionen de noche, pero descartó que esto afecte la frecuencia de buses.

Revisar la pgu

Según reveló Ciper, el Ministerio de Hacienda propuso a las carteras recortar el 15% de gastos destinados a beneficios sociales, entre ellos la Pensión Garantizada Universal (PGU), la gratuidad y el Bono de Invierno.

Al respecto, el ministro Quiroz aclaró que "quiero decir con todas sus letras, y esto no sólo para la PGU, sino para todo tipo de programas; aquí no se va a tocar ningún beneficio social de la población".

"Lo único que estamos haciendo, en todos los casos, es buscar eficiencia y también prevenir lo que ustedes ya conocen como el fraude social o el mal gasto", agregó.

En ese sentido, dijo que hay que analizar los programas y si es que en ellos hubo "algunos hallazgos y si hay hallazgos (...) esos hay que mirarlos, porque pudiese haber gente que obtuvo eso y no debió obtenerlo".

Matías Gatica Lindsay

Ayer se reveló que el viernes el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, firmó un decreto para realizar una rebaja de $32.721 millones en el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, jornada en la que el titular de Transportes, Louis De Grange, informó que como parte de los recortes ya no se comprarán más buses de dos pisos para el sistema RED.

Los recortes más significativos se realizaron al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (exSename) con una disminución de $12.748 millones; a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, con una baja de $7.634 millones; al Instituto Nacional de la Juventud ($3.859 millones); y la Subsecretaría de la Niñez ($3.359 millones).

También se hicieron recortes al Servicio Nacional de la Discapacidad ($1.135 millones), al Servicio Nacional del Adulto Mayor ($318 millones), al Programa de Apoyo al Recién Nacido ($1.850 millones) y a otras políticas de acompañamiento familiar y de sectores vulnerables.

El subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, aseguró que "esto no va a afectar beneficios directos", ya que "en el caso de los ajuares (para recién nacidos) tenemos stock más que suficiente, dada la baja de natalidad. Y en el caso de los diagnósticos clínicos, ellos nunca han superado el 65% de ejecución anual".

En esa línea, la vocera Mara Sedini insistió en que "no hay ningún recién nacido que se va a quedar sin un ajuar" y acusó que "hay personas que han estado intentando meterle miedo a la ciudadanía con cosas e información que no corresponde. El mensaje del Presidente (José Antonio) Kast ha sido claro: no se van a cortar beneficios sociales".

Ante los recortes, vía oficio, diputados del FA acudieron al Ministerio de Hacienda para exigir que se revelen todos los decretos de modificación firmados. "Eso es la punta del iceberg, porque esos son dos de 24 decretos que se han filtrado, pero hay otros 22 decretos que no conocemos", dijo Ignacio Achurra; mientras que su par Gonzalo Winter pidió a Chile Vamos "tomar las riendas del Gobierno; al Presidente Kast, a tomar las riendas del Ministerio de Hacienda, porque el señor Quiroz es un fanático" y "no ha sido honesto con el país".

Por su parte, y en el marco del recorte presupuestario de un 3% en el Ministerio de Transportes, el jefe de dicha cartera, Louis De Grange, dijo a radio Duna que no se comprarán más buses de dos pisos. Lo explicó en que "tienen muchas dificultades operacionales (...) son muchísimo más caros" y no hay repuestos en Chile. Además, se decidió que los buses oruga ya no funcionen de noche, pero descartó que esto afecte la frecuencia de buses.

Revisar la pgu

Según reveló Ciper, el Ministerio de Hacienda propuso a las carteras recortar el 15% de gastos destinados a beneficios sociales, entre ellos la Pensión Garantizada Universal (PGU), la gratuidad y el Bono de Invierno.

Al respecto, el ministro Quiroz aclaró que "quiero decir con todas sus letras, y esto no sólo para la PGU, sino para todo tipo de programas; aquí no se va a tocar ningún beneficio social de la población".

"Lo único que estamos haciendo, en todos los casos, es buscar eficiencia y también prevenir lo que ustedes ya conocen como el fraude social o el mal gasto", agregó.

En ese sentido, dijo que hay que analizar los programas y si es que en ellos hubo "algunos hallazgos y si hay hallazgos (...) esos hay que mirarlos, porque pudiese haber gente que obtuvo eso y no debió obtenerlo".

La Contraloría ordenó ayer a la Secretaría General de Gobierno (Segegob) iniciar un sumario luego de que en medio del debate por el alza de los combustibles, en marzo, el Gobierno difundió piezas en redes sociales asegurando que recibió un "Estado en quiebra".

El traspié fue asumido por el director de Comunicaciones y Contenidos del Segundo Piso de La Moneda, Cristián Valenzuela, y ayer la Contraloría indicó que si bien la cartera "puede informar a través de redes sociales (...) y puede emplear términos cotidianos para una mayor o mejor comprensión, ello debe ceñirse a una serie de principios".

El fiscalizador indicó que que el ente no sustentó "fáctica y técnicamente los términos específicos que fueron empleados en la publicación" y que la Segegob, "reconoció que las expresiones empleadas no cumplieron con los estándares de moderación exigidos, lo que pudo generar confusión en la ciudadanía", por lo que el material se eliminó.

Contraloría ordenó adoptar medidas para evitar que se produzcan nuevas "comunicaciones imprecisas" e instruyó un proceso disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados. Para ello dio cinco días hábiles.

La Contraloría ordenó ayer a la Secretaría General de Gobierno (Segegob) iniciar un sumario luego de que en medio del debate por el alza de los combustibles, en marzo, el Gobierno difundió piezas en redes sociales asegurando que recibió un "Estado en quiebra".

El traspié fue asumido por el director de Comunicaciones y Contenidos del Segundo Piso de La Moneda, Cristián Valenzuela, y ayer la Contraloría indicó que si bien la cartera "puede informar a través de redes sociales (...) y puede emplear términos cotidianos para una mayor o mejor comprensión, ello debe ceñirse a una serie de principios".

El fiscalizador indicó que que el ente no sustentó "fáctica y técnicamente los términos específicos que fueron empleados en la publicación" y que la Segegob, "reconoció que las expresiones empleadas no cumplieron con los estándares de moderación exigidos, lo que pudo generar confusión en la ciudadanía", por lo que el material se eliminó.

Contraloría ordenó adoptar medidas para evitar que se produzcan nuevas "comunicaciones imprecisas" e instruyó un proceso disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados. Para ello dio cinco días hábiles.

La Contraloría ordenó ayer a la Secretaría General de Gobierno (Segegob) iniciar un sumario luego de que en medio del debate por el alza de los combustibles, en marzo, el Gobierno difundió piezas en redes sociales asegurando que recibió un "Estado en quiebra".

El traspié fue asumido por el director de Comunicaciones y Contenidos del Segundo Piso de La Moneda, Cristián Valenzuela, y ayer la Contraloría indicó que si bien la cartera "puede informar a través de redes sociales (...) y puede emplear términos cotidianos para una mayor o mejor comprensión, ello debe ceñirse a una serie de principios".

El fiscalizador indicó que que el ente no sustentó "fáctica y técnicamente los términos específicos que fueron empleados en la publicación" y que la Segegob, "reconoció que las expresiones empleadas no cumplieron con los estándares de moderación exigidos, lo que pudo generar confusión en la ciudadanía", por lo que el material se eliminó.

Contraloría ordenó adoptar medidas para evitar que se produzcan nuevas "comunicaciones imprecisas" e instruyó un proceso disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados. Para ello dio cinco días hábiles.