Matías Gatica Lindsay

La Corte de Apelaciones de Santiago revocó ayer la decisión del 7° Juzgado de Garantía de Santiago que había mantenido la prisión preventiva del exdiputado Joaquín Lavín León (exUDI), quien es imputado por los delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias, falsificación, uso malicioso de instrumento privado mercantil, y delitos electorales. En su lugar el tribunal de alzada lo dejó con la cautelar de arresto domiciliario total.

Lavín fue formalizado el 8 de mayo y desde ese entonces permanecía en prisión preventiva en el Anexo Capitán Yáber. El lunes, el 7° Juzgado de Garantía rechazó cambiar la cautelar del imputado por una menos gravosa y ayer, luego de una apelación de la defensa, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, por dos votos contra uno, decidió cambiar esa medida por la de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicación con otros imputados.

El tribunal señaló que no se cuestionaron los presupuestos materiales de la causa, la existencia de los delitos ni la participación del imputado, pero sí tomó en cuenta el tiempo que Lavín León ha estado en prisión preventiva como un atenuante para modificar la medida mientras se desarrolla la investigación, para la cual se fijó en mayo un plazo de 90 días.

Sobre esta decisión el abogado de Lavín, Cristóbal Bonacic, dijo que "no había ninguna razón de fondo que justificara tener a mi cliente en prisión preventiva, no obstante existiendo otras medidas cautelares que también pueden garantizar los fines del procedimiento, como por ejemplo el arresto domiciliario total (...) Estamos muy conformes, porque lo que nosotros hemos sostenido siempre, más allá de que no hay delito, el tema principal es que la persona pueda esperar el desarrollo del juicio en libertad y no en prisión preventiva cuando claramente no se justifica, y eso fue lo que se constató".

El abogado querellante de la Municipalidad de Maipú, José Pedro Silva, dijo que "lo tomamos con mucha tranquilidad", ya que "el único argumento que sostuvo la Corte para revocar la prisión preventiva (...) fue el transcurso del tiempo. Por lo tanto, nos deja tranquilos el que no se haya cuestionado ninguno de los antecedentes que constan en la carpeta investigativa".

En la tarde de ayer, y en silencio, Lavín León dejó el Anexo Capitán Yáber acompañado por su esposa, Cathy Barriga, quien es imputada en otra causa. La nueva cautelar la deberá cumplir en su domicilio en Peñaflor.

Matías Gatica Lindsay

La Corte de Apelaciones de Santiago revocó ayer la decisión del 7° Juzgado de Garantía de Santiago que había mantenido la prisión preventiva del exdiputado Joaquín Lavín León (exUDI), quien es imputado por los delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias, falsificación, uso malicioso de instrumento privado mercantil, y delitos electorales. En su lugar el tribunal de alzada lo dejó con la cautelar de arresto domiciliario total.

Lavín fue formalizado el 8 de mayo y desde ese entonces permanecía en prisión preventiva en el Anexo Capitán Yáber. El lunes, el 7° Juzgado de Garantía rechazó cambiar la cautelar del imputado por una menos gravosa y ayer, luego de una apelación de la defensa, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, por dos votos contra uno, decidió cambiar esa medida por la de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicación con otros imputados.

El tribunal señaló que no se cuestionaron los presupuestos materiales de la causa, la existencia de los delitos ni la participación del imputado, pero sí tomó en cuenta el tiempo que Lavín León ha estado en prisión preventiva como un atenuante para modificar la medida mientras se desarrolla la investigación, para la cual se fijó en mayo un plazo de 90 días.

Sobre esta decisión el abogado de Lavín, Cristóbal Bonacic, dijo que "no había ninguna razón de fondo que justificara tener a mi cliente en prisión preventiva, no obstante existiendo otras medidas cautelares que también pueden garantizar los fines del procedimiento, como por ejemplo el arresto domiciliario total (...) Estamos muy conformes, porque lo que nosotros hemos sostenido siempre, más allá de que no hay delito, el tema principal es que la persona pueda esperar el desarrollo del juicio en libertad y no en prisión preventiva cuando claramente no se justifica, y eso fue lo que se constató".

El abogado querellante de la Municipalidad de Maipú, José Pedro Silva, dijo que "lo tomamos con mucha tranquilidad", ya que "el único argumento que sostuvo la Corte para revocar la prisión preventiva (...) fue el transcurso del tiempo. Por lo tanto, nos deja tranquilos el que no se haya cuestionado ninguno de los antecedentes que constan en la carpeta investigativa".

En la tarde de ayer, y en silencio, Lavín León dejó el Anexo Capitán Yáber acompañado por su esposa, Cathy Barriga, quien es imputada en otra causa. La nueva cautelar la deberá cumplir en su domicilio en Peñaflor.

Matías Gatica Lindsay

La Corte de Apelaciones de Santiago revocó ayer la decisión del 7° Juzgado de Garantía de Santiago que había mantenido la prisión preventiva del exdiputado Joaquín Lavín León (exUDI), quien es imputado por los delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias, falsificación, uso malicioso de instrumento privado mercantil, y delitos electorales. En su lugar el tribunal de alzada lo dejó con la cautelar de arresto domiciliario total.

Lavín fue formalizado el 8 de mayo y desde ese entonces permanecía en prisión preventiva en el Anexo Capitán Yáber. El lunes, el 7° Juzgado de Garantía rechazó cambiar la cautelar del imputado por una menos gravosa y ayer, luego de una apelación de la defensa, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, por dos votos contra uno, decidió cambiar esa medida por la de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicación con otros imputados.

El tribunal señaló que no se cuestionaron los presupuestos materiales de la causa, la existencia de los delitos ni la participación del imputado, pero sí tomó en cuenta el tiempo que Lavín León ha estado en prisión preventiva como un atenuante para modificar la medida mientras se desarrolla la investigación, para la cual se fijó en mayo un plazo de 90 días.

Sobre esta decisión el abogado de Lavín, Cristóbal Bonacic, dijo que "no había ninguna razón de fondo que justificara tener a mi cliente en prisión preventiva, no obstante existiendo otras medidas cautelares que también pueden garantizar los fines del procedimiento, como por ejemplo el arresto domiciliario total (...) Estamos muy conformes, porque lo que nosotros hemos sostenido siempre, más allá de que no hay delito, el tema principal es que la persona pueda esperar el desarrollo del juicio en libertad y no en prisión preventiva cuando claramente no se justifica, y eso fue lo que se constató".

El abogado querellante de la Municipalidad de Maipú, José Pedro Silva, dijo que "lo tomamos con mucha tranquilidad", ya que "el único argumento que sostuvo la Corte para revocar la prisión preventiva (...) fue el transcurso del tiempo. Por lo tanto, nos deja tranquilos el que no se haya cuestionado ninguno de los antecedentes que constan en la carpeta investigativa".

En la tarde de ayer, y en silencio, Lavín León dejó el Anexo Capitán Yáber acompañado por su esposa, Cathy Barriga, quien es imputada en otra causa. La nueva cautelar la deberá cumplir en su domicilio en Peñaflor.

La Fiscalía Regional de Valparaíso abrió una investigación por un presunto episodio de violencia intrafamiliar en el que habría participado el senador PS Fidel Espinoza.

Cerca de las 20:00 horas del miércoles el senador habría tenido una discusión con su pareja en un departamento en Viña del Mar. Tras ello, la mujer solicitó al conserje del edificio que llamara a Carabineros, pues dijo que había sido agredida. Al ingresar al departamento los policías constaron desorden y daños y recogieron versiones contrapuestas de ambos, que se atribuyeron entre sí la realización de actos de agresión.

El fiscal Mauricio Díaz dijo que ninguno quiso presentar una denuncia y que se negaron a constatar lesiones. Sin embargo, señaló que "atendido que se trata de hechos eventualmente constitutivo de violencia familiar, los antecedentes fueron comunicados al turno regional de instrucción y flagrancia" que dispuso continuar con las diligencias.

La Fiscalía informó que se están recopilando audios de Carabineros, declaraciones, revisión de cámaras, documentación de daños y lesiones, además de verificar la existencia de armas inscritas. También dispuso medidas de protección para el domicilio por 30 días y dijo que la investigación está en etapa inicial.

Espinoza dijo que "no existió de parte de nadie ningún acto de violencia física ni verbal. Así lo constató Carabineros (...) No existe denuncia en mi contra ni he sido formalizado por delito alguno".

El PS remitió el caso al Tribunal Supremo del partido.

La Fiscalía Regional de Valparaíso abrió una investigación por un presunto episodio de violencia intrafamiliar en el que habría participado el senador PS Fidel Espinoza.

Cerca de las 20:00 horas del miércoles el senador habría tenido una discusión con su pareja en un departamento en Viña del Mar. Tras ello, la mujer solicitó al conserje del edificio que llamara a Carabineros, pues dijo que había sido agredida. Al ingresar al departamento los policías constaron desorden y daños y recogieron versiones contrapuestas de ambos, que se atribuyeron entre sí la realización de actos de agresión.

El fiscal Mauricio Díaz dijo que ninguno quiso presentar una denuncia y que se negaron a constatar lesiones. Sin embargo, señaló que "atendido que se trata de hechos eventualmente constitutivo de violencia familiar, los antecedentes fueron comunicados al turno regional de instrucción y flagrancia" que dispuso continuar con las diligencias.

La Fiscalía informó que se están recopilando audios de Carabineros, declaraciones, revisión de cámaras, documentación de daños y lesiones, además de verificar la existencia de armas inscritas. También dispuso medidas de protección para el domicilio por 30 días y dijo que la investigación está en etapa inicial.

Espinoza dijo que "no existió de parte de nadie ningún acto de violencia física ni verbal. Así lo constató Carabineros (...) No existe denuncia en mi contra ni he sido formalizado por delito alguno".

El PS remitió el caso al Tribunal Supremo del partido.

La Fiscalía Regional de Valparaíso abrió una investigación por un presunto episodio de violencia intrafamiliar en el que habría participado el senador PS Fidel Espinoza.

Cerca de las 20:00 horas del miércoles el senador habría tenido una discusión con su pareja en un departamento en Viña del Mar. Tras ello, la mujer solicitó al conserje del edificio que llamara a Carabineros, pues dijo que había sido agredida. Al ingresar al departamento los policías constaron desorden y daños y recogieron versiones contrapuestas de ambos, que se atribuyeron entre sí la realización de actos de agresión.

El fiscal Mauricio Díaz dijo que ninguno quiso presentar una denuncia y que se negaron a constatar lesiones. Sin embargo, señaló que "atendido que se trata de hechos eventualmente constitutivo de violencia familiar, los antecedentes fueron comunicados al turno regional de instrucción y flagrancia" que dispuso continuar con las diligencias.

La Fiscalía informó que se están recopilando audios de Carabineros, declaraciones, revisión de cámaras, documentación de daños y lesiones, además de verificar la existencia de armas inscritas. También dispuso medidas de protección para el domicilio por 30 días y dijo que la investigación está en etapa inicial.

Espinoza dijo que "no existió de parte de nadie ningún acto de violencia física ni verbal. Así lo constató Carabineros (...) No existe denuncia en mi contra ni he sido formalizado por delito alguno".

El PS remitió el caso al Tribunal Supremo del partido.

La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, le solicitó la renuncia "no voluntaria" al director nacional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Claudio Castillo. En un comunicado el ministerio señaló que "la decisión responde a una pérdida de confianza, causal contemplada para los cargos adscritos al Sistema de Alta Dirección Pública", y aseguró que "adoptará todas las medidas necesarias para garantizar la continuidad del funcionamiento del Servicio y del trabajo que diariamente desarrolla en favor de los niños y adolescentes". Castillo fue designado para el cargo el 23 de agosto de 2024 por el exPresidente Gabriel Boric. Entre 2014 y 2018 fue jefe de gabinete del Ministerio de Salud, entre 2018 y 2022 se desempeñó como consultor del Banco Mundial y de la Unicef y entre 2022 y 2023 fue jefe de asesores del Ministerio de Desarrollo Social.

De manera unánime el Tribunal Constitucional (TC) declaró admisibles los tres requerimientos ingresados por parlamentarios de la oposición contra la megarreforma. Los diputados y senadores de izquierda buscan que se declaren inconstitucionales las medidas del proyecto, que fue despachado esta semana por el Congreso, sobre la invariabilidad tributaria y los cambios al modelo de Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Con ello, y tras pedir que se subsanen errores formales en dos de los tres escritos, el TC dio un plazo de cinco días corridos al Gobierno y ambas cámaras para pronunciarse al respecto. Luego, el tribunal resolverá sobre el fondo de los requerimientos escuchando los alegatos de las partes el 13 de agosto. Además, convocará a una audiencia pública para el 12 de agosto. Quienes quieran participar de la instancia lo deberán pedir por escrito hasta las 12:00 del 10 de agosto.

La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, le solicitó la renuncia "no voluntaria" al director nacional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Claudio Castillo. En un comunicado el ministerio señaló que "la decisión responde a una pérdida de confianza, causal contemplada para los cargos adscritos al Sistema de Alta Dirección Pública", y aseguró que "adoptará todas las medidas necesarias para garantizar la continuidad del funcionamiento del Servicio y del trabajo que diariamente desarrolla en favor de los niños y adolescentes". Castillo fue designado para el cargo el 23 de agosto de 2024 por el exPresidente Gabriel Boric. Entre 2014 y 2018 fue jefe de gabinete del Ministerio de Salud, entre 2018 y 2022 se desempeñó como consultor del Banco Mundial y de la Unicef y entre 2022 y 2023 fue jefe de asesores del Ministerio de Desarrollo Social.

De manera unánime el Tribunal Constitucional (TC) declaró admisibles los tres requerimientos ingresados por parlamentarios de la oposición contra la megarreforma. Los diputados y senadores de izquierda buscan que se declaren inconstitucionales las medidas del proyecto, que fue despachado esta semana por el Congreso, sobre la invariabilidad tributaria y los cambios al modelo de Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Con ello, y tras pedir que se subsanen errores formales en dos de los tres escritos, el TC dio un plazo de cinco días corridos al Gobierno y ambas cámaras para pronunciarse al respecto. Luego, el tribunal resolverá sobre el fondo de los requerimientos escuchando los alegatos de las partes el 13 de agosto. Además, convocará a una audiencia pública para el 12 de agosto. Quienes quieran participar de la instancia lo deberán pedir por escrito hasta las 12:00 del 10 de agosto.

La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, le solicitó la renuncia "no voluntaria" al director nacional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Claudio Castillo. En un comunicado el ministerio señaló que "la decisión responde a una pérdida de confianza, causal contemplada para los cargos adscritos al Sistema de Alta Dirección Pública", y aseguró que "adoptará todas las medidas necesarias para garantizar la continuidad del funcionamiento del Servicio y del trabajo que diariamente desarrolla en favor de los niños y adolescentes". Castillo fue designado para el cargo el 23 de agosto de 2024 por el exPresidente Gabriel Boric. Entre 2014 y 2018 fue jefe de gabinete del Ministerio de Salud, entre 2018 y 2022 se desempeñó como consultor del Banco Mundial y de la Unicef y entre 2022 y 2023 fue jefe de asesores del Ministerio de Desarrollo Social.

De manera unánime el Tribunal Constitucional (TC) declaró admisibles los tres requerimientos ingresados por parlamentarios de la oposición contra la megarreforma. Los diputados y senadores de izquierda buscan que se declaren inconstitucionales las medidas del proyecto, que fue despachado esta semana por el Congreso, sobre la invariabilidad tributaria y los cambios al modelo de Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Con ello, y tras pedir que se subsanen errores formales en dos de los tres escritos, el TC dio un plazo de cinco días corridos al Gobierno y ambas cámaras para pronunciarse al respecto. Luego, el tribunal resolverá sobre el fondo de los requerimientos escuchando los alegatos de las partes el 13 de agosto. Además, convocará a una audiencia pública para el 12 de agosto. Quienes quieran participar de la instancia lo deberán pedir por escrito hasta las 12:00 del 10 de agosto.