Leo Riquelme

Aunque en el Gobierno y en su equipo niegan que los aludidos hayan recibido alguna citación, la bancada de Renovación Nacional anunció ayer que para la tramitación del erario nacional no permitirá el ingreso a la Sala de Cámara de la directora de Presupuestos, Javiera Martínez (RD), supuestamente convocada a declarar en calidad de imputada en la investigación de la Fiscalía por presuntos convenios irregulares.

"Hemos tomado la decisión fundamentalmente por los hechos conocidos, por los hechos de corrupción que se han denunciado respecto del caso Convenios y esperamos que el Gobierno tome una rápida solución porque no vamos a esperar a que llegue el día de la votación del presupuesto nacional y se pregunta reiteradamente por el ingreso de la directora, cosa que no va a ser posible porque no vamos a dar el acuerdo", afirmó el jefe de los diputados de ese partido, Frank Sauerbaum.

El parlamentario recordó que basta con que uno de los 155 diputados se oponga para negarle el acceso y apremió a La Moneda a que tenga un "plan B", pues los congresales realizarán preguntas que deben ser respondidas.

Su par de la UDI, Jorge Alessandri, dijo que le parecía una decisión "prudente", porque a su juicio la directora no estaría enfocada en sacar la que, a su juicio, es la ley anual más importante para el país.

En la oposición han insistido con fuerza en los últimos meses con la renuncia de Martínez, a quien acusan de incumplir su responsabilidad de velar por los recursos públicos en los convenios cuestionados.

Según El Mercurio, ella, el jefe de los asesores de La Moneda, Miguel Crispi, y el exministro Giorgio Jackson, todos militantes de Revolución Democrática, serán citados a declarar por la misma causal como parte de la querella presentada por el Partido Repubicana en su contra.

El diputado de esa colectividad, Juan Irarrázaval, leyó una comunicación de la Fiscalía que asegura que accedió a las diligencias que solicitaron en la querella contra los tres.

Ayer, sin embargo, el ministro de Justicia, Luis Cordero, negó que ellas se hayan cursado, aunque sostuvo que citar a declarar "en calidad de imputado" en el sistema procesal apunta a otorgarle garantías al aludido.

"Cuando esa denominación la utiliza en la política, el concepto de imputado deja tener esa connotación jurídica para transformarse en un verdadero acusado (...) El haber construido todo eso, para luego, a partir de eso, haber transformado en una, ya no solo inhabilidad política, sino que inhabilidad jurídica de participación en el presupuesto, a mi me parece que es haber exagerado", dijo Cordero a radio Universo.

Para el diputado RD, Gonzalo Winter, la ofensiva opositora contra Martínez es una "excusa". "La semana pasada era el ministro Jackson, el ministro Montes, la semana antepasada era el ministro Avila (...) Esta semana la directora de Presupuestos... su punto es que no quieren avanzar, porque lo único que les interesa es que el país no avance para que el gobierno, creen ellos, sea perjudicado", acusó.

La Comisión Experta votaba anoche hasta total despacho las 622 observaciones al borrador del Consejo Constitucional. Una de las primeras aprobadas, con votos de derecha y la DC, fue regresar al artículo 1, inciso 3, que Chile es un "Estado Social y democrático de derechos", y que la comisión había relegado al artículo 2. Así, parte con que "la dignidad humana es inviolable y la base del derecho y la justicia. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Su respeto y garantía es el primer deber de la comunidad política y de su forma jurídica de organización". Y el inciso 2 agrega que "la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Es deber del Estado y la sociedad dar protección a las familias y propender a su fortalecimiento". También se acordó "promover" la participación polític afemenina.

Los comités parlamentarios acordaron convocar para el martes a una sesión especial para "condenar el estallido delictual del 18 de octubre de 2019", según reza el documento, y citar a la ministra del Interior, Carolina Tohá, pra que informe el avance que ha tenido las querellas presentadas por el Estado, las ayudas económicas a los comerciantes que sufrieron quemas y saqueos durante esos días e "interiorizarse de la visión del Gobierno del Presidente Gabriel Boric en relación a la violencia política ejercida en dicha fecha". La diputada Pamela Jiles se opuso al acuerdo.

Mientras el Gobierno se aprestaba ayer a realizar su cuarto vuelo de evacuación de la zona de conflicto, la embajadora de Palestina en Chile, Vera Baboun, concurrió ayer al Congreso, donde junto a parlamentarios afines a la causa de dicho país aseguró que en la Franja de Gaza no hay chilenos residentes, pero sí los hay en Cisjordania. Ambas sitios han sido atacados por Israel luego de los atentados terroristas de Hamás.