Con extrañeza reaccionaron en el PPD ante la declaración que prestó el lunes el hijo de la Presidenta Michelle Bachelet en la fiscalía por el caso Caval, donde justificó su petición de formatear el computador que usaba como jefe de las fundaciones de La Moneda porque temía que el entonces ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, y su entorno complotaran en su contra.

"No conocía este caso y me informé por la prensa", respondió el ex ministro Sergio Bitar, a quien Sebastián Dávalos mencionó como uno de los militantes relacionados con el sector de Peñailillo en el PPD, el llamado G-90.

Según lo que expuso ante el fiscal Luis Toledo, el ex jefe de gabinete y los funcionarios de su grupo vieron en Caval una oportunidad para desviar la atención pública del caso SQM, que amenazaba al ex gobernador de Concepción, porque recibió pagos de la minera en el período previo a la campaña presidencial.

Otro de los aludidos en la declaración fue el senador Guido Girardi. "Nosotros nunca hemos participado en ningún complot u operación contra Dávalos, ni menos contra el Gobierno de la Presidenta", dijo a Emol.

"Trato de interpretar esto como un intento de eludir responsabilidades y yo no tengo ningún conocimiento y nunca lo he tenido respecto del tema Caval propiamente tal", añadió sobre la venta de un terreno en Machalí, que se investiga desde febrero.

Consultada sobre las declaraciones, la vocera (s) Javiera Blanco respondió que el Gobierno no comentaba las decisiones judiciales, aunque involucren a ex funcionarios.

Su negativa se mantuvo incluso sobre la posibilidad de que una autoridad usara el computador de otro colega en La Moneda, como dijo Dávalos que temía que ocurriera.

En la oposición, el senador RN Manuel José Ossandón expresó por Twitter que "sería bueno que Dávalos cante la canción completa y no por capítulos".

"Dávalos le mandó un combo de aquellos a Peñailillo en la Fiscalía... ¿que dirá el aludido? ... ¿a "sugerencia" de su abogado responderá esta vez?", se preguntó por la misma red social la ex vocera del Gobierno anterior, Cecilia Pérez.

La Presidenta Michelle Bachelet recibió ayer en La Moneda al nuevo contralor general de la República, Jorge Bermúdez, que inició hace dos días su labor, tras recibir el respaldo unánime del Senado la semana pasada.

Al término de la cita, el nuevo fiscalizador de las actuaciones de los organismos públicos dijo que uno de los temas de los que se ocupará será el futuro de la concesión a un consorcio español de la construcción del Hospital Sótero del Río, ubicado en Puente Alto, luego que ese mismo organismo estableciera que el Ministerio de Obras Públicas incurrió en una irregularidad al detener el contrato el 2014.

"Voy a tomarlo porque es muy importante en términos jurídicos, presupuestarios y también para la comunidad", afirmó Bermúdez.

La Contraloría tendrá que analizar nuevamente el procedimiento porque el Ministerio de Salud anunció el lunes que insistirá en rechaza la concesión, porque a su juicio se trata de "un mal proyecto".

El municipio de Puente Alto y parlamentarios opositores del sector de Santiago acusan que la concesión se frenó sólo por cuestiones ideológicas.

A través de un comunicado, el Ejército informó ayer que dio de baja al coronel Guillermo Oliver Pinto, al que descubrió presuntamente desviando $30.348.946 desde la Tesorería de la institución a su cuenta personal. La decisión es parte del llamado caso Milicogate, que se relaciona con irregularidades en el uso de la ley reservada del cobre para las Fuerzas Armadas. El Ejército ordenó una investigación al interior de la unidad y envió los antecedentes al Segundo Juzgado Militar de Santiago. La institución rechazó "toda acción que atente contra la probidad y transparencia" y expresó su apoyo a las indagatorias en curso.

La jueza de la Corte de Apelaciones de Santiago, Patricia González, condenó a 18 años de prisión al general (r) del Ejército, Luis Ramírez Pineda, que en 1973 ordenó la ejecución de dos escoltas del Presidente Salvador Allende, Wagner Salinas Muñoz y Francisco Lara Ruiz. Ramírez Pineda era el comandante del regimiento Tacna, al que tras el bombardeo de La Moneda durante el golpe de Estado fueron llevados asesores del Mandatario y funcionarios de Gobierno. La investigación acusó al oficial de dar directamente la orden para fusilar a los escoltas, atrapados cuando volvían a Santiago.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió ayer el recurso del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), anuló el sobreseimiento por el derrame de 22 mil litros de petróleo desde un barco en la bahía de Quintero en septiembre del 2014 y ordenó la reapertura de la investigación. La incidencia de nulidad -también presentada por la senadora Lily Pérez- fue porque el Sernapesca no fue notificado de la audiencia del 4 de noviembre en que el práctico del barco que produjo el derrame solicitó el sobreseimiento. Esto, a pesar que el organismo era querellante.

Tras dialogar con el Fiscal Nacional Jorge Abbott por los atentados y robos que sufren en La Araucanía, el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez, llamó a no votar por los diputados que se oponen a los proyectos que buscan mejorar las herramientas policiales, incluido el control de detención, que permite retener personas en ciertas situaciones ante falta de documentación.