Matías Gatica Lindsay

Como parte de las modificaciones a las políticas migratorias anunciadas por Chile la semana pasada, ayer comenzaron a regir las nuevas exigencias a venezolanos y haitianos que quieran ingresar al país. Además, quienes se encuentran acá podrán regularizar sus papeles desde el 23 de abril.

El debut estuvo marcado por las largas filas en las oficinas de Chile en Santiago, en Caracas y en Puerto Príncipe. En el primero las personas fotografiaban los carteles para conocer la documentación requerida.

El instructivo limitará el ingreso de ciudadanos haitianos a través de la Visa Consular de Turista, que reducirá de 90 a 30 los días que pueden permanecer en el país. Dicho documento deberá ser pedido en su país de origen.

En el caso de los venezolanos, normará una Visa de Responsabilidad Democrática que debe ser solicitada en el Consulado Chileno en Caracas y les otorgará un permiso de residencia temporal por un año.

Ante las largas filas que se han generado en esos países para las solicitudes de visas, el jefe del Departamento de Extranjería y Migración (DEM), Álvaro Bellolio, dijo que "garantizando una migración segura, ordenada y regular, el proceso se ha llevado con normalidad y estamos viendo que colaboraciones en concreto que vamos a hacer con Extranjería".

Colaboraciones en las que el Jefe Nacional de Extranjería y Policía Internacional, Víctor Nakada, asegura que ya se trabajan. "En Puerto Príncipe y varios consulados venezolanos hemos tenido grandes agrupaciones de gente. Es por eso que la PDI de Chile ha ido en cooperación para poder establecer parámetros para verificación de documentos respecto de los venezolanos y haitianos que quieran concurrir a Chile y para eso optando a las visas pertinentes".

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, llamó a no aglomerarse para conseguir horas, pues los trámites pueden solicitarse y conocerse por internet. Sin embargo, en Haití la penetración de esta red es del 12%.

La medida intenta evitar que lleguen ciudadanos haitianos con visa de turistas a buscar trabajo; y ayudar a los venezolanos que han salido ante sus crisis social, política y económica. A quienes están acá se les regularizará desde el lunes, "así que todas las personas que quieran inscribirse en este proceso pueden acercarse a las oficinas de la Gobernación, a Chile atiende o Extranjería más cercana", dijo Bellolio.

En el Gobierno esperan que más de 300.000 personas participen en este proceso.

el uso de internet en Haití no supera el 12%. Gran parte de los trámites para las visas se hace por ese medio.

según la encuesta Cadem revelada ayer, el 75% de los chilenos apoya las políticas migratorias anunciadas por el Gobierno.

M.G.L

Un escándalo se vive en la comuna de La Cisterna, donde diez carabineros fueron formalizados ayer por delitos de facilitación de prostitución infantil en red de explotación sexual en la comuna.

La investigación, que comenzó en 2016, ya había condenado a otras 20 personas por delitos relacionados a la explotación sexual y ahora se acusa a los carabineros de que no adoptaron el proceso de vulneración de derechos por considerarlo engorroso.

El fiscal de la zona sur, Rodrigo Chinchón, se refirió al tema. "En el contexto de esa investigación, se logra establecer que hay concurrencia de vehículos que van hacia el lugar con personal policial que no adoptaba el procedimiento esperable. Todos declararon. Funcionarios omitieron adoptar procedimientos policiales porque encontraban que el procedimiento era muy largo", informó.

Por su parte, Mario Araya, defensor de los imputados, se mostró molesto por los cargos. "Lo que se reconoció en las declaraciones que dieron los funcionarios es que debiendo haber tomado un procedimiento no lo habrían hecho y no que habrían facilitado la prostitución de menores de edad. Si se le pide a todos los carabineros que se hagan cargo de cada una de las acciones que omiten, vamos a tener que sancionar a todos los carabineros por los homicidios y los robos en los bancos", comentó . Los diez imputados quedaron con arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas.

El obispo de Linares, Miroslav Koljatic, se abrió ayer a la opción de asumir sanciones por parte del Papa Francisco, quien convocó a la Conferencia Episcopal a discutir sobre los abusos sexuales cometidos por Fernando Karadima y los supuestos encubrimientos cometidos, entre otros, por el obispo de Osorno, Juan Barros. Koljatic fue uno de los sacerdotes que se formó al alero del cura de El Bosque de Providencia.

"El Papa quiere que hagamos discernimiento juntos y en eso estamos, y bueno, si he cometido errores o no he cumplido bien mi misión, por supuesto, eso es parte de lo que el Señor nos pide", dijo a radio Cooperativa. "El punto es si tal vez yo no fui lo suficientemente lúcido para comprender lo que estaba ocurriendo y, si es así, evidentemente tengo que asumir esa responsabilidad", agregó.

Otro obispo aludido por las víctimas como parte del círculo de Karadima, monseñor Horacio Valenzuela, dijo a La Tercera que "me equivoqué al no darme cuenta de que pasaban cosas malas".

El general (r) de Carabineros, Julio Pineda, declaró por una hora y media ante la segunda fiscalía militar, que investiga el presunto delito a la Ley de Informática por la filtración de la hoja de vida del actual general director de la institución, Hermes Soto, y que difundió por redes sociales el diputado PC Hugo Gutiérrez. Ésta revelaba que cuando tenía 21 años y era capitán fue sancionado por frecuentar un prostíbulo. "Es poco digno, me parece grave que un diputado de la República haya dado a conocer esa información. Es mala intención, obviamente", dijo Pineda, uno de los que accedió al material a solicitud del Ministerio del Interior para nombrar a Soto en el cargo. El oficial admitió que consultó seis veces la información y rechazó que la haya filtrado, porque le pasó al Gobierno un impreso y Gutiérrez reveló un "pantallazo". Su abogado, Mario Vargas, le pidió al parlamentario que declare voluntariamente. Este tipo de delito contempla penas de 541 días a tres años.