Jorge Reyes Patuelli

Bloqueando diferentes pistas en el país, como las ruta que llevan a los principales puertos, los camioneros iniciaron ayer el paro convocado por la Confederación Nacional de Transporte de Carga Terrestre de Chile (CNTC) en demanda de soluciones para la inseguridad que denuncian les aqueja, sobre todo en La Araucanía. La movilización fue criticada por parlamentarios de oposición y defendida por sectores oficialistas.

Para el ministro del Interior, Víctor Pérez, la protesta en su primer día fue "pacífica", sin embargo, advirtió que "si se interrumpe la cadena de transportes, la cadena de suministros o la cadena alimentaria, nosotros vamos a aplicar todo el rigor de la ley".

Según el Gobierno, unos 2.180 vehículos participaron de la protesta, equivalente al 7% de los transportistas.

El subsecretario Juan Francisco Galli comentó que "en nada aporta un paro a la solución de estos problemas. La solución va a ser en base al diálogo, sin amenazas, sin extorsiones y sin ultimátum".

Desde la oposición condenaron la paralización. El senador PPD Felipe Harboe y el diputado PS Marcelo Díaz exigieron que se aplicara la Ley de Seguridad del Estado. "No se puede permitir este chantaje y extorsión, menos en este contexto. Cortar las rutas significa cortar el abastecimiento de las personas", dijo Díaz.

En tanto, el RN Andrés Longton dijo que "poner en riesgo el abastecimiento son palabras mayores (…) me parece que no corresponde".

Donde hubo bloqueos, Carabineros no retiró vehículos y sólo habilitó bypass. Parlamentarios oficialistas llamaron a los dirigentes a no afectar a otras personas y a no trabar la cadena de distribución.

El presidente de la CNTC, Sergio Pérez, les respondió que "cuando nos dicen que vamos a desabastecer la nación, le respondemos que son ellos los responsables del reabastecimiento que se pudiera producir".

La protesta llegó al Congreso, donde los camioneros llevaron máquinas quemadas en La Araucanía.

el presidente de CNTC, Sergio Pérez, culpó a los políticos de la molestia. Exigen 13 leyes de seguridad.

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El Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) anunció ayer la realización de un estudio de seroprevalencia en este segmento etario, que proporcionará datos sobre la penetración que ha tenido el coronavirus en la población que reside en las residencias públicas de la Región Metropolitana, de Valparaíso y O'Higgins.

En la investigación participarán las fundaciones Chile y Metlife y las universidades Del Desarrollo y Adolfo Ibáñez. Su objetivo es conocer la cantidad de adultos mayores de centros de larga estadía del Senama que se han infectado. La idea es tener información para evaluar la evolución de la epidemia y actuar y rápidamente ante brotes.

"Nos permitirá apoyar desde la investigación científica la protección de uno de los grupos más vulnerables frente al coronavirus (…) Desde el Ministerio de Ciencia pondremos a disposición los resultados de este estudio a través de nuestra Base de Datos Covid19", dijo el ministro Andrés Couve.

Este proyecto público-privado pretende estar terminado en noviembre y se aplicará con 14.400 kits de test rápidos de anticuerpos Covid-19 donados por Metlife.

El encargado de la estrategia Covid-19 del Senama, Pablo Pizarro, explicó que el estudio también ayudará a saber "si hay generación de anticuerpos, lo que puede ser muy importante al momento de tomar decisiones y adoptar protocolos por parte de las autoridades de salud".

Las pruebas serológicas detectan los anticuerpos que produce el organismo mientras está respondiendo o ha respondido a la infección, además de determinar los factores de riesgo asociados para SARS-CoV-2 y la presentación de síntomas en adultos mayores y personal de cada residencia pública.

Pablo Vial, director del Instituto de Ciencias e Innovación de la Facultad de Medicina Clínica Alemana de la UDD, cree que "este es un desafío importante, que permitirá mejorar las actuales medidas para el control de la infección en este grupo de riesgo".

14.400 test rápidos de anticuerpos se realizarán a adultos mayores de la Metropolitana, Valparaíso y O'Higgins.

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El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) y el Ministerio de Educación discutieron aspectos del nuevo test de admisión universitaria: la Prueba de Transición (PDT).

Su vicepresidente y rector de la U. de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, comentó que para la prueba pactada para el 4 y 5 de enero la cantidad de lugares que se necesitarán como locales de rendición probablemente duplique a la de años anteriores. "Eso significa un esfuerzo bastante grande. Nos han pedido la colaboración a las universidades para poder disponer en favor de la toma de la PDT", dijo.

El número de establecimientos que serán utilizados como locales de rendición del test todavía no está definido. "Ocupar más locales no es tan simple como se pensaba", sostuvo.

Ante la posibilidad de rendir la prueba en más días, como deslizó el Demre, Zolezzi dijo que no se ha discutido.

El rector reconoció que otro ingrediente lo pondrán los jóvenes contagiados para la fecha de la prueba. "Esos alumnos van a ser atendidos con posterioridad. Cuando hayan cumplido su cuarentena se les va a citar", dijo.