Matías Gatica Lindsay

Unos 30 mil empleos de empresas de la construcción se verán resguardados gracias al reajuste de los contratos vigentes con el Ministerio de Obras Públicas, en una medida que busca adaptarse a las fluctuaciones que han tenido los precios de los materiales, lo que está impactando a las compañías del sector, como sucedió recientemente con la gigante Claro Vicuña y Valenzuela, que se declaró en quiebra.

La medida posibilitará realizar una inyección fiscal de US$ 380 millones a los contratos vigentes de las direcciones de Vialidad, Aeropuertos, Obras Portuarias, Arquitectura y Obras Hidráulicas.

Serán beneficiados con un máximo de 20% de aumento quienes se hayan visto afectados por el alza de los materiales e insumos de construcción en el último año.

La medida pretende dar continuidad y término a obras en estado de abandono y evitar las quiebras de las constructoras.

"Hemos tomado una medida inédita y responsable que reconoce el alza de materiales que han sufrido las empresas en los meses y años anteriores, incorporando un reajuste retroactivo que se podría extender potencialmente a 1.400 contratos a nivel nacional, es decir más de 400 empresas que podrían ser beneficiadas", informó el jefe del MOP, Juan Carlos García.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, indicó que el dinero "ya está incluido en el presupuesto del MOP para 2022, por lo que no implican un gasto adicional", y agregó que también "en la discusión del presupuesto para 2023 comprometimos mantener todas estas medidas excepcionales y sumar algunas".

El MOP informó que "el reajuste polinómico de carácter opcional se aplicará a las empresas que cuenten con estado de pago desde septiembre de 2021", y que "las empresas podrán realizar la solicitud a las respectivas direcciones del MOP mandantes en sus contratos hasta el 31 de marzo del 2023".

La medida fue valorada por el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Antonio Errázuriz, quien comentó que considera importante " la confianza entre el mundo público y privado".