Matías Gatica Lindsay

Tras más de seis horas de audiencia, la jueza Francis Fell dictó la cautelar de prisión preventiva contra el exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, quien es imputado por los delitos de Infracción al artículo 31 de la Ley 19.913 e infracción al artículo 246 del Código Penal, esto por presuntamente entregar información confidencial al abogado Luis Hermosilla, investigado por el Caso Audios.

Pasadas las 8:00 horas de ayer, Muñoz llegó hasta el Centro de Justicia, donde fue formalizado en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. En su arribo periodistas y fotógrafos acusaron que fueron agredidos por los escoltas del exdirector de la PDI.

Ya en la audiencia, la fiscal Lorena Parra leyó varios de los mensajes que le mandó Muñoz a Hermosilla vía WhatsApp. Entre ellos detalló que le envió cinco requerimientos y documentos solicitados por el fiscal Eugenio Campos en la investigación por malversación de fondos contra el exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, causa en la cual Hermosilla era su abogado defensor.

Entre esos mensajes, según detalló la persecutora, Hermosilla le comentó a Muñoz la molestia de la jueza por la pérdida de la hoja de vida de Espinosa, a lo que el exdirector de la PDI le contestó que "habría sido peor" (que se conocieran las anotaciones negativas) de esa ficha.

Más tarde Muñoz le escribió al abogado que "estuve pendiente ayer (de la formalización), lo vimos por la página del Poder Judicial, no quise importunar llamándote o por WhatsApp para no desconcentrarte. Estoy a lo que necesites, estaré atento (...) Mucha fuerza y energía positiva para hoy, te vi muy seguro en tu presentación y eso es una buena señal, esperemos que todo salga bien".

La fiscal detalló además que Muñoz le envió a Hermosilla cuatro mensajes de la investigación que se realizaba del caso de la Minera Dominga, la que involucraba a la familia del expresidente Sebastián Piñera, en los que le habría adelantado los movimientos de la PDI en esta causa, los cuales habrían llegado al exministro del Interior y primo de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick.

Además de este caso la persecutora expuso mensajes enviados por Muñoz al abogado en los casos del exalcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara, el exjefe comunal de Vitacura, Raúl Torrealba, y una investigación contra Enjoy.

Parra dijo que son 12 los casos en los que Muñoz envió información sobre investigaciones a Hermosilla, por lo que señaló que sus delitos fueron de carácter reiterado y solicitó a la magistrada que se decretara la prisión preventiva del exdirector de la PDI, por considerar que es un peligro para la sociedad y para el avance de la investigación.

El abogado del Consejo de Defensa del Estado, Daniel Martorell, se sumó a esta petición y cuestionó particularmente la pérdida de la hoja de vida de Espinosa, la cual puso en duda que se hubiera perdido, pues señaló que podría haber sido ocultada.

El abogado defensor de Muñoz, Juan Carlos Manríquez, se opuso a la cautelar pedida por la fiscalía y solicitó a la jueza que en su lugar se considerara un arresto domiciliario parcial o total.

Decisión de la jueza

Escuchados los alegatos, la jueza Fell señaló que "la prisión preventiva, por ahora, resulta indispensable para el éxito de la investigación, la que está recién comenzando. Atendido lo anterior y resolviendo, resulta la prisión preventiva proporcional y necesaria por peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de las diligencias de investigación. Esa es la resolución", y dio por "acreditado" el carácter de reiterado en los presuntos delitos cometidos por Muñoz.

Tras ello dio un plazo de 120 días para que se realice la investigación y determinó que el exlíder de la policía civil deberá cumplir la medida cautelar en la Brigada de Reacción Táctica PDI, de la comuna de Cerrillos.

Tras la audiencia, la fiscal Parra se mostró conforme con la decisión de la magistrada y dijo que "queremos ser enfáticos en señalar que la responsabilidad penal es individual. Nosotros tenemos un excelente trabajo con los funcionarios de la PDI (...) Estos no pueden enlodar nuestras relaciones y por eso es tan importante y fundamental esta resolución: se debe, en este caso, establecer como una conducta grave que un funcionario público remita antecedentes de manera reiterada a un abogado, en este caso, que puede tener intereses particulares".

Por su parte, el abogado defensor de Muñoz, Juan Carlos Manríquez, dijo que "nosotros vamos a estar atentos al avance" de la investigación y agregó que "vamos a seguir participando".

En cuanto a la posibilidad de apelar a la medida cautelar dictada, el abogado dijo que "la vamos a estudiar y vamos a ver si es necesario y si es realmente razonable apelar por ahora o simplemente nos vamos a conformar para hacer diligencias".

Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo que el foco del Gobierno está puesto en que la PDI "no se debilite (su función) producto de este caso, sino al contrario", e indicó que para reemplazar a Muñoz se "buscará a la persona más idónea con las mejores condiciones para enfrentar los desafíos de la seguridad y los que abren este caso al interior de la institución".

Sobre el caso de Muñoz, la ministra dijo que "nosotros como Gobierno vamos a buscar ser un factor que colabore en que esas condiciones se den para que la investigación se dé, sea eficaz, profunda y llegue a esclarecer y si corresponde ciertamente sancionar duramente estos delitos", en caso de comprobarse, y agregó que la "Fiscalía sabe cuál es la opinión del Ejecutivo, delitos como éste en que está en duda el funcionamiento de instituciones del Estado, la probidad de funcionarios públicos, deben investigarse con la mayor prioridad".